SEÑOR DIRECTOR:
El reciente ataque en el Cesfam de Bajos de Mena, donde individuos involucrados en una balacera amenazaron con “reventarlo” si salvaban a los heridos, muestra la urgente necesidad de implementar políticas de seguridad integrales. Este tipo de incidentes dan cuenta de una serie de señales de una posible escalada de la violencia. Frente a esta realidad, es crucial adoptar medidas que aborden diversos aspectos de manera de resolver las complejidades presentes en los problemas de seguridad pública.
Es evidente que existe una escasa asignación de recursos y niveles de especialización para enfrentar el crimen que se despliega de forma cada vez más convulsa en los territorios. No obstante, ello debe ir acompañado de un mejoramiento en los sistemas de información, con uso de inteligencia artificial para aumentar la predicción, disuadir y no permitir el escalonamiento de dichos crímenes perpetrados por las bandas que muchas veces disputan el control sobre los territorios.
Es indispensable fortalecer los lazos entre las instituciones locales y la comunidad, abordando los factores socioeconómicos que llevan a la delincuencia, como la falta de empleo estable y oportunidades educativas. En este sentido, la creación de un programa de fomento al empleo que otorgue subsidios a las Pymes y fomente la capacitación de jóvenes en riesgo es fundamental para restablecer el tejido económico local y reducir la influencia del crimen organizado. Así también, se hace imprescindible desarrollar una política nacional de construcción de centros culturales y deportivos que fomenten la creación del tejido social necesario para restablecer las relaciones comunitarias.
Lo ocurrido en Bajos de Mena y en otros territorios refleja la necesidad de una respuesta integral que considere tanto la persecución penal como la prevención social y el acceso a mejores prácticas en las economías locales.
Marcela Vera
Economista y doctora en Ciencias Sociales
Académica de la Universidad de Santiago
