El discurso pronunciado por el Presidente Kast en su primera cadena nacional ilustra con claridad el sello que le quiere imprimir a su gobierno en materia de desarrollo económico y social. Colocar el foco en el crecimiento, la inversión y la creación de empleos de calidad -algo que estuvo ausente en la administración anterior- es fundamental para poder echar a andar con mayor fuerza la maquinaria productiva del país, motor irreemplazable para lograr el progreso que anhela la inmensa mayoría de los chilenos.

La combinación de aproximadamente 40 propuestas que van a formar parte del proyecto de ley que próximamente se va a presentar configura un potente cóctel para repotenciar la capacidad de crecimiento de la economía, pasando del insuficiente 2 por ciento actual a una cifra más cercana al 4 por ciento hacia el año 2030. Pero estos números planteados en abstracto no significan nada para la inmensa mayoría de la población. Una forma práctica de verlo es cuántos años tardaríamos en duplicar el PIB per cápita en uno u otro caso. Asumiendo un crecimiento poblacional de 0,3 por ciento al año, al ritmo de crecimiento actual deberían transcurrir 41 años para lograrlo, mientras que creciendo al 4 por ciento dicho plazo se reduciría a 19 años, es decir, menos de la mitad. Esa es la importancia real que tiene lograr el cambio de tendencia en el crecimiento económico, siendo las generaciones más jóvenes las que se beneficiarían en mayor proporción.

En el ámbito tributario, pieza central en este engranaje es la disminución en la tasa de impuesto que pagan las empresas de 27 a 23 por ciento, así como la integración plena entre personas y empresas, de manera que dos contribuyentes que ganan lo mismo paguen el mismo impuesto, independiente de su fuente. A pesar de haber amplio consenso técnico en cuanto a la necesidad de que las empresas chilenas recuperen competitividad tributaria, la discusión política está cargada de un tinte ideológico cargado de frases que conducen a afirmar que se trataría de una reforma que beneficia a los ricos. Pero este análisis simplista no toma en cuenta algo tan obvio como que el número de empresas que serían beneficiadas se acerca a las 150 mil, la mayoría de las cuales son pymes. Y si a esto se agrega la propuesta de un crédito tributario para la protección del empleo formal aplicable a todas las empresas que estén dando trabajo a personas que reciben una baja remuneración -esencialmente pymes-, el efecto positivo se multiplica.

El único aspecto en el que se debe tener especial cuidado es en el efecto que esto puede tener en las finanzas públicas. Para esto se va a requerir un ajuste en el gasto fiscal significativo, y eventualmente podría ser necesario incorporar nuevas fuentes de recaudación vía un mejor control de la evasión, pero también mediante una derogación del anacrónico mecanismo de la renta presunta, que permite que en algunas actividades se pague mucho menos de lo que efectivamente correspondería.

Por Hernán Cheyre, Centro de Investigación Empresa y Sociedad (CIES) U. del Desarrollo