El miércoles recién pasado el Presidente de la República envió al Parlamento un proyecto de ley con un conjunto de medidas orientadas a sacarnos de la trampa de los países de ingreso medio. Al hacerlo, está respondiendo a una demanda ciudadana, la que le ha dado primera prioridad a este objetivo, incluso por sobre aquél de mayor seguridad.

En un gesto poco común, el gobierno se ha fijado públicamente tres objetivos bien concretos de política económica, a ser alcanzados durante su mandato: reducir la tasa de desempleo al 6,5 por ciento, alcanzar una tasa de crecimiento económico promedio del 4 por ciento, y reducir el déficit estructural a cero. Simultáneamente propuso un conjunto de medidas que -como un todo- son coherentes con esos objetivos y también con aquellas recomendadas, por ejemplo y entre varios otros, por un grupo transversal de economistas en El Puente.

Estamos frente a una propuesta muy importante, que recoge una demanda ciudadana y lo hace en forma técnicamente competente, por lo que -sin duda alguna- merece ser aprobada en general, como ahora pareciera sucederá. Sin duda, el proyecto se puede mejorar durante la discusión de su articulado.

Pues bien, el espectro de las 40 medidas propuestas es muy amplio e incluye modificaciones tributarias, disposiciones orientadas a reducir la permisología, y medidas enfocadas en la reducción del gasto fiscal y en el aumento de su eficiencia, entre otras.

Desafortunadamente, la oposición -incluso antes de conocer la versión oficial del proyecto- lo había rechazado, centrándose en criticar principalmente la rebaja del impuesto de primera categoría y la integración tributaria, argumentando que tales disposiciones favorecerían a las personas más ricas.

El punto es de fondo y tiene al menos dos aristas. Por un lado, ignora que tal rebaja tributaria aumentará la inversión y el crecimiento, permitiendo el financiamiento de programas de apoyo a las personas de menores recursos. La experiencia de países como Irlanda, Polonia y la del propio Chile, así lo atestiguan. Es más, un aumento muy significativo de la tasa de inversión es en la actualidad un requisito sine qua non para acelerar el crecimiento económico del país.

Por el otro lado, un impuesto sobre la renta implica una doble tributación del ahorro. Es decir, la adopción de un tributo de tal naturaleza es un contrasentido en el caso de un país en desarrollo como el nuestro. Lo que necesitamos es más ahorro para poder invertir más y así crecer más. Si se aprueban las disposiciones que sobre la materia propone el gobierno, eso sucederá. Pero, además, los dueños de las 130 mil mayores empresas del país quedarán afectos, tarde o temprano y en términos de valores presentes, a la misma escala de tasas de impuesto sobre la renta que los demás ciudadanos.

Por Rolf Lüders, economista