Durante y después del encuentro nacional de alcaldes llevado a cabo entre el 2 y el 5 de junio, el municipalismo, representado políticamente de manera transversal, trabajó y tomó un acuerdo histórico y unánime frente al proyecto de reconstrucción nacional, presentado por el gobierno del presidente Kast.

Este proyecto, que justifica su presentación en la lógica de levantar al país de una crisis económica y social, incluyó en sus medidas la exención de contribuciones para los adultos mayores de nuestro país.

Esta es, sin dudas, una medida legítima del gobierno, pero que generó polémicas y divisiones internas dentro del municipalismo dada la afectación directa del Fondo Común Municipal (mecanismo de financiamiento de la labor municipal), el cual se financia por medio del impuesto territorial y que se vería afectado en cerca de 200 millones de dólares.

Ante la propuesta del gobierno, el municipalismo, lejos de instalar un bloqueo político, reflexionó, discutió y propuso una salida justa y sustentable en el tiempo.

En los últimos días entregamos una propuesta que consta de dos pilares fundamentales. El primero, que cada peso que pierda el FCM sea compensado en su totalidad por medio de recursos de la nación, garantizados en una ley permanente que no solo asegure la sustentabilidad financiera de los municipios, sino que también resguarde su autonomía, definida por ley hace ya casi 40 años.

Segundo, propusimos que el beneficio de la exención tributaria tuviera características de justicia social y sustentabilidad financiera. En ese sentido, propusimos una focalización de esta exención, entendiendo, por un lado, la angustia de muchos adultos mayores que hoy se ven enfrentados a procesos de embargo de sus propiedades por no poder pagar, y por otro, la salud financiera de aquellos municipios que necesitan del FCM para desarrollar su gestión del día a día.

La focalización del beneficio es, sin duda, un acto de justicia y no una regresión tributaria, como lo sería la universalidad. Considerando ambos efectos, logramos generar un acuerdo en el que los beneficios se otorgan a quienes se encuentren en rangos de ingresos de hasta 3 millones de pesos: 100% para quienes tienen ingresos aproximados menores a 1,5 millones, y 50% para quienes están en el rango intermedio de ingresos, entre 1,5 millones y 3 millones de pesos.

Esto permite que la brecha del FCM sea más acotada y que efectivamente los que lo necesitan puedan acceder a un beneficio y quienes puedan pagar sigan aportando a este sistema, que mientras no exista uno nuevo, es el corazón de la operación de municipios del norte, centro y sur de chile.

Desde el municipalismo creemos que es este el camino de la buena política: el de la propuesta, y no la del bloqueo. El de la colaboración, y no el conflicto. Nos atrevimos a coincidir, porque ante las vicisitudes del país, ante las distintas y difíciles realidades que viven miles de chilenos y que los municipios administramos, las rencillas políticas simplemente no son aceptables. Nuestros vecinos no lo merecen, Chile lo necesita con urgencia.

Por Gustavo Alessandri, presidente Asociación Chilena de Municipalidades.