SEÑOR DIRECTOR

Me refiero a la sentencia ampliamente comentada y posteriormente explicada por sus autores, en relación a la Hijuela Oriente de la Chacra Santa Julia de Viña del Mar, que visibilizó un drama que viven muchos chilenos: la usurpación o despojo de sus inmuebles.

Hace años que la Excma. Corte Suprema falló que el recurso de protección es improcedente, inidóneo para resolver usurpaciones o tomas de terrenos, campos, loteos o viviendas. Sin embargo, a través del recurso de protección, siempre ha reprochado la autotutela y la alteración de situaciones de facto que impliquen un acto ilegal o arbitrario, como lo sería la toma de un inmueble por parte de quien invoca el derecho a una vivienda digna.

¿Cuáles serían, entonces, los mecanismos que prevé el ordenamiento jurídico para enfrentar situaciones que afectan al derecho de propiedad, pilar fundamental para preservar la paz social y promover el desarrollo económico?

Existen sentencias de la Corte Suprema que han resuelto, como medida de protección del dueño del inmueble -que no es tal, a mi modesto entender- oficiar al Ministerio Público para que investigue un eventual delito de usurpación. Sin embargo, los tribunales han entendido que no procedería la medida cautelar de lanzamiento de los ocupantes ilegales, quienes solo enfrentarían una irrisoria pena de multa. El desalojo durante el período de flagrancia, y el carácter de delito continuo y permanente, como el secuestro de personas, tampoco ha sido una solución.

Y las acciones civiles ordinarias, precario, reivindicatoria y otras, de extensísima duración e incierto resultado, constituyen un obstáculo de proporciones que esperamos, algún día, sea resuelto por la postergada Reforma Procesal Civil.

Este iniciado debate, con ocasión de esta sentencia, podría servir de guía a la Convención Constitucional, a fin que robustezca el recurso de protección y dejar en claro que el derecho a la vivienda es obligación que pesa sobre el Estado.

Francisco Castillo Ortúzar