Catalina llegó a nuestra oficina con una frase que hemos escuchado muchas veces, casi siempre en voz baja:

—Me dijeron que van a escuchar a mi hijo en el juicio. ¿Qué significa eso? ¿Le van a preguntar con quién quiere vivir? ¿Y si lo presionan, o queda más afectado que antes?

Su hijo tiene nueve años y está en medio de un proceso de cuidado personal. Por primera vez alguien del sistema mencionó que podría participar. Sin explicar cuándo, cómo, ni cuánto iba a pesar lo que dijera. Sin decirle a ella si debía prepararlo, acompañarlo o simplemente esperar. Con esa angustia de no saber si esa participación lo va a proteger o lo va a dañar.

Un derecho que no es opcional

Todo parte en 1990, cuando Chile ratificó la Convención sobre los Derechos del Niño. Su artículo 12 es claro: todo niño que esté en condiciones de formarse un juicio propio tiene derecho a expresar su opinión en los asuntos que le afecten, y a que esa opinión sea tomada en cuenta según su edad y madurez.

Y no se limita al cuidado personal. Se aplica en todos los procedimientos donde se toman decisiones relevantes sobre su vida: relación directa y regular, adopción, posesión notoria del estado de hijo, medidas de protección. Siempre que una decisión afecte a un niño, su voz debe estar.

La Ley N° 21.430 lo refuerza en el derecho interno. Su artículo 28 reconoce el derecho a ser oído en procedimientos judiciales, especialmente en el ámbito familiar, y su artículo 7 exige que el interés superior del niño incorpore su opinión y su grado de desarrollo. El Código Civil, en su artículo 242, obliga al juez a considerar esas opiniones según edad y madurez.

Sin embargo, decir que un niño tiene derecho a ser oído, no implica que realmente sea escuchado. Porque no se trata de preguntarle con quién quiere vivir, como si el proceso fuera una encuesta. Tampoco de trasladarle la responsabilidad de decidir. Eso sería una carga que ningún niño debería tener.

Ser oído es más exigente: implica generar condiciones reales para que pueda expresar su experiencia, sus vínculos, sus miedos y su percepción del conflicto, y que esa información sea efectivamente considerada al decidir. No basta con registrar su opinión, hay que integrarla, porque los niños no son una prueba más, son parte del proceso.

En la práctica, esta escucha puede darse mediante una audiencia reservada —en un espacio protegido, sin la presencia directa de los padres—, a través de un curador ad litem que representa sus intereses, o mediante informes periciales que recogen su relato en condiciones técnicas adecuadas. El problema es que la existencia de estos mecanismos no asegura que funcionen. Y cuando no funcionan, las consecuencias son graves.

Escucha segura

Hace unos meses, la Corte Suprema anuló una sentencia de familia en la causa Rol N° 15.277-2025 porque los niños nunca fueron oídos. No hubo audiencia reservada, el curador no logró entrevistarlos y, aun así, el tribunal falló.

La Corte fue categórica: escuchar a los niños en este tipo de causas no es una formalidad prescindible, es un trámite esencial. Y como se pudo ver en este caso, cuando falta, el juicio se puede invalidar.

Sin embargo, la pregunta de Catalina sigue en pie: incluso si lo escuchan, ¿cuánto pesa lo que diga su hijo?

Aquí es donde muchas madres esperan una respuesta tranquilizadora. Y la respuesta honesta es más matizada: la opinión del niño no obliga al juez a resolver conforme a ella, pero tampoco puede ignorarse sin dar razones. Se pondera, y esa ponderación no es arbitraria.

Se hace bajo el principio de autonomía progresiva, reconocido en la Ley N° 21.430: la idea de que a medida que un niño crece, no solo cambia su cuerpo o su vocabulario, sino su capacidad real de entender lo que le ocurre y de tener una opinión propia sobre ello. Un niño de nueve años que describe con claridad y consistencia cómo vive, qué siente y qué necesita, está ejerciendo algo que el derecho reconoce y que el juez debe tomar en serio.

Los jueces deben valorar esa opinión conforme a la sana crítica: analizar su consistencia, descartar influencias indebidas y considerar el contexto emocional en que se forma. Si la decisión final se aparta de lo que el niño expresó, el tribunal debe decir por qué. No puede simplemente no mencionarlo.

Hay, además, una pregunta que muchas madres traen antes que cualquier otra: ¿puede ser que las participación de mi hijo en el juicio lo termine dañando más? Es un miedo legítimo y merece una respuesta honesta.

Cuando la participación se hace bien, es decir, en espacios seguros, sin presión, con profesionales capacitados en infancia, ser escuchado no revictimiza. Puede, incluso, ser una experiencia reparadora: devolverle al niño la sensación de que su voz importa en la historia que más lo afecta.

El riesgo no está en la participación en sí, sino en cómo se conduce. Una audiencia mal preparada, un peritaje sin enfoque de infancia o un curador que no logra generar vínculo pueden convertir un derecho en una experiencia dañina. Por eso no basta con que la escucha ocurra, tiene que ocurrir bien.

Un sistema al debe

Las normas existen y son claras, pero su aplicación sigue siendo irregular: por sobrecarga, falta de especialización y una inercia que aún trata a los niños como objetos del proceso en lugar de sujetos con voz propia.

Fallos como este reafirman una dirección que el derecho ya había trazado. Pero una señal jurídica no basta si no se transforma en práctica. Escuchar a un niño no es cumplir un trámite, es construir un espacio.

Porque hay algo difícil de justificar: que en un proceso donde se decide con quién vive un niño y cómo crece, su voz siga dependiendo de que alguien recuerde que tiene una. Decidir la vida de un niño sin escucharlo no es solo un error jurídico, es excluirlo de la única historia en la que debería ser protagonista.