La Contraloría General de la República advirtió una serie de deficiencias en la gestión de la seguridad pública en ocho municipios de la Región Metropolitana y en cuatro de la Región del Biobío.

Según transmitió el ente fiscalizador en su sitio web, las principales deficiencias -contenidas en 12 informes- son “falta de seguimiento de los planes de seguridad, cámaras inoperativas, incumplimiento de las recomendaciones de Carabineros, contrataciones sin respaldo técnico y multas no aplicadas”.

Ante estas situaciones, la Contraloría ordenó subsanar estas observaciones e iniciar los sumarios correspondientes.

Región Metropolitana

En San Joaquín, se observó que siete cámaras no estaban operativas desde hace meses y que 12 cámaras lectores de patentes no estaban conectadas al sistema de búsqueda de vehículos. También que un dron municipal fue utilizado 31 veces sin que contara con la autorización respectiva.

Por otra parte, se advirtió que el Consejo Comunal de Seguridad Pública no siguió el funcionamiento del Plan de Seguridad 2023-2027 del propio municipio.

En San Bernardo, había tablets sin uso y otros perdidos -aunque no se especificó cuántos- que las multas en una licitación no habían sido cursadas, vehículos no operativos y falta de patrullajes preventivas. Al igual que en San Joaquín, el plan comunal no tenía seguimiento. Tampoco se estaban utilizando las bicicletas ni el dron adquirido para labores de prevención.

En Lo Prado, por otra parte, no se envió el plan comunal de seguridad a las autoridades, no se designó al representante del Servicio Nacional de Reinserción Social Juvenil ante el Consejo comunal de Seguridad Pública. También, tres certificados no tenían firma ni fecha, pese a que adjudicaban licitaciones por $10.321.227. La Contraloría también cuestionó que se hicieran contrataciones directas por $29.273.650, sin términos de referencia o especificaciones técnicas.

Alhué, en tanto, registra ausencia de multas por incumplimientos, y falta de respaldo en la asignación de puntajes y en el criterio de servicio postventa en la licitación para la compra de cámaras de televigilancias con dinero del FNDR.

Para Lo Espejo, las observaciones tuvieron relación con la falta de ordenanzas para regular el comercio ambulante y deficiencias en el seguimiento de su plan de seguridad.

En La Cisterna, la Contraloría reparó en que no habían elaborado medidas de prevención, pese a tener información actualizadas de los delitos de la comuna.

Tampoco existe respaldo de la entrega de más de casi 200 prendas cuyo valor asciende a $5.207.196. Además, 12 motocicletas no eran utilizadas por falta de mantenimiento y al menos 19 vehículos de distinto tipo no tenían su revisión técnica al día u otro documento que la acreditara.

En Maipú, entre otros aspectos, se detectó que 29 cámaras estuvieron entre 15 días o más en 2024 sin funcionar y que el municipio no acreditó operativos para encargarse de las personas en situación de calle, y de la instalación de campamentos.

Hubo también observaciones a San Miguel por, entre otras situaciones, emitir permisos precarios para comercio ambulante sin que se cumplieran los requisitos del propio municipio.

Región del Biobío

Más al sur del país, el ente contralor advirtió en la capital regional, Concepción, que “solo el 55% de las cámaras está conectado al CENCO de Carabineros y la capacidad de visualización simultánea es limitada, lo que afecta la labor policial”. En esa misma comuna, se detectó que 18 cámaras, financiadas por Prevención del Delito por $54.948.000, no se encuentran operativas.

En Tomé, se dio cuenta de que los funcionarios son responsables de visualizar 54 cámaras en promedio, lo que va en contra de lo recomendado por Carabineros y otras observaciones relativas a la subutilización de estos equipos.

Una observación similar hizo la Contraloría en Coronel, donde se advirtió que “la central de televigilancia cuenta con un único operador por turno, responsable del monitoreo de 132 cámaras existentes, contraviniendo las recomendaciones de Carabineros”.

En Talcahuano, a su vez, de las 64 cámaras instaladas, 50 se encontraban inoperativas y 18 han estado fuera de servicio durante más de un año.