El abogado Arturo Fermandois expuso ante el Tribunal Constitucional (TC), este miércoles, en representación del Presidente José Antonio Kast, para solicitar el rechazo de los tres requerimientos que senadores y diputados de oposición presentaron en contra de distintos artículos de la megarreforma del Ejecutivo.

El experto constitucionalista, que se desempeñó como embajador de Chile en Estados Unidos durante el primer gobierno de Sebastián Piñera, contó con 40 minutos para desarrollar su argumentación.

Fermandois descartó inconstitucionalidad tras la invariabilidad tributaria y el régimen especial de indemnización con cargo al Fisco por la anulación judicial de Resoluciones de Calificación Ambiental (RCA).

“Hoy es el día del legislador democrático. Un legislador democrático que viene revestido hoy con tres características. La primera, deliberación parlamentaria. Este es un proyecto que fue sometido a una intensa deliberación parlamentaria, negociación, acuerdos, votaciones. No es un proyecto que aparece presentado, caricaturizado, como un proyecto pasado a máquina por las salas del Congreso. Y esas negociaciones fueron reflejadas en muchos de los preceptos que están aquí en espera de ser promulgados”, señaló Fermandois de entrada.

El abobado que defendió a la ANFP por el caso Betsson destacó que este es el “primer proyecto del Presidente Kast, importante, que fue elegido por la mayoría ciudadana, que prometió en su programa reactivar la economía”.

En esa línea, sostuvo que lo que se busca es poner en práctica una herramienta como el contrato de inversión extranjera con invariabilidad que se aplica desde el año 1929.

“Del año 2000 hasta hoy hay 20 proyectos de reforma tributaria. Cada gobierno que llega, afortunadamente hay alternancia política en Chile, trae un proyecto de reforma tributaria y es legítimo. Y si lo aprueban las cámaras, entra en vigencia. Pero esto produce un problema de inestabilidad. Entonces el inversionista extranjero quiere tener más recursos. Pero quiere tener más certeza”, puntualizó.

El abogado comentó que el planteamiento que subyace a los requerimientos del Senado y de la Cámara de Diputados, especialmente en materia de invariabilidad, “es uno muy curioso” y apuntaría a que una democracia para ser tal “no podría nunca adquirir obligaciones a largo plazo, a través de leyes”.

“Es una teoría muy curiosa y bastante traumatizante de lo que es una democracia. Una democracia consiste muchas veces en adquirir obligaciones de largo plazo. No solo a través de leyes, sino en tratados internacionales. Por lo tanto, no existe esta soberanía irrestricta y limitada”, enfatizó.

Según su apreciación, en los requerimientos lo que se advierte es “profunda discrepancia con los objetivos” de la megarreforma.

“Pero eso lo evalúa el legislador. Eso es planteado al Congreso, se debate, se resuelve, se rechaza, se desecha, o se apoya”, indicó.

El abogado criticó la idea de democracias irrestrictas en las que cada cuatro años se puede “resetear toda la legislación”.

“Aquí está plagado de hipótesis futuras de vaticinios terribles que ocurrirán en el futuro en materia económica, en materia impositiva, y se pretende pasar por sobre la constitucionalidad de la ley como presunción a través de esto. Ejemplos colocamos varios en nuestra contestación. La parálisis que sufriría el legislador en cuatro años más. Voy a mostrar que no es así. El desincentivo a la acción correctiva del Estado por este sistema indemnizatorio de los artículos 12 y 13 ¿Se va a desincentivar?, cuidado. A nuestro juicio se incentiva el cumplimiento de la ley en la evaluación ambiental, si eso es lo que busca”, afirmó.

Asimismo, se refirió a la labor que le corresponde al TC planteando que “el tribunal no está para declarar inconstitucionalidades al voleo, a la bandada. Va a los preceptos precisos que causan el agravio. De lo contrario sería, en realidad, un verdadero colegislador”.