El exalcalde de Puerto Natales Fernando Paredes Mansilla, fue condenado este viernes a un cumplir una pena de cinco años y un día de cárcel efectiva por el delito de cohecho, en una de las aristas del denominado caso luminarias LED.

La exautoridad, además, quedó con inhabilitación perpetua para ocupar cargos públicos, además de la prohibición de ejercer empleos en órganos del Estado o empresas que presten servicios al Estado mientras dure la condena.

También fue sentenciado a pagar una multa por $30 millones, por el mismo delito.

La sentencia fue adoptada de manera unánime por el Tribunal Oral en Lo Penal de Punta Arenas, donde se acreditó que Paredes aceptó dineros del Holding Itelecom, para favorecer a la compañía en la obtención de concesiones.

Al respecto, la fiscal Paulina Valdevenito indicó que el jefe comunal actuó “para que, con infracción de los deberes de su cargo, realizara conductas ilícitas, con la finalidad de favorecer a estas empresas en el proceso de licitación para el recambio del alumbrado público a tecnología LED”.

Dentro de los antecedentes que se expusieron durante las audiencias, se señaló que incluso, el 20 de julio de 2019, la exautoridad comunal mantuvo contacto telefónico con uno de los ejecutivos de la referida compañía para conversar sobre las especificaciones técnicas de la futura licitación.

“El acusado le entregó un número de teléfono y su correo electrónico para recibir, directamente de él y de los demás ejecutivos del holding, recomendaciones o comentarios, con el fin de beneficiar a Itelecom”, agregó la persecutora.

Cabe señalar que la investigación fue desarrollada por la Fiscalía Regional del Ñuble, entidad que acreditó que un grupo de ejecutivos de la empresa ofreció sobornos en forma directa o a través de intermediarios, en varias comunas del país.

Esta arista del caso luminarias LED se suma a la principal que está radicada en el Octavo Juzgado de Garantía de Santiago, la que espera fecha para juicio oral y que incluye las investigaciones en los municipios de Chillán, Negrete, Coyhaique, y en el Ministerio de Energía.

En el marco de la causa, el Ministerio Público también ha perseguido delitos de soborno, violación de secretos, lavado de activos, asociación ilícita y delitos tributarios, además de la responsabilidad penal de la persona jurídica.

De los 21 acusados, 11 han sido condenados mediante procedimientos abreviados, entre ellos el propio holding Itelecom por su responsabilidad penal como persona jurídica. A ello se suma una suspensión condicional del procedimiento.

Además, de acuerdo con la Fiscalía, las condenas obtenidas en el caso han permitido recaudar hasta ahora más de $3.272 millones para el Fisco, entre multas y comisos.

Una vez conocida la sentencia, la defensa del condenado, representada por el abogado Juan Carlos Rebolledo, anunció que recurrirá a la Corte de Apelaciones para que el fallo sea revisado y se anule el juicio.

De acuerdo con el jurista, las pruebas presentadas por el Ministerio Público, serían solo “supuestos”.