Diputados del Frente Amplio, Partido Comunista, Partido Socialista, Partido por la Democracia, Partido de la Gente e independientes presentaron este miércoles un requerimiento ante el Tribunal Constitucional (TC) para impugnar una serie de disposiciones contenidas en el proyecto de ley Escuelas Protegidas, aprobado esta semana por el Congreso.

La acción judicial se concretó luego de que parlamentarios de oposición anunciaran que recurrirían al TC tras la aprobación de la iniciativa impulsada por el gobierno del Presidente José Antonio Kast, argumentando que parte de su contenido vulnera garantías constitucionales y compromisos internacionales suscritos por Chile en materia de derechos de niños, niñas y adolescentes.

El requerimiento, impulsado por el Frente Amplio, cuestiona cuatro normas específicas del proyecto, las que, a juicio de los legisladores, afectan derechos como la igualdad ante la ley, el debido proceso, la protección de la vida privada, la libertad personal y el derecho a la educación.

Uno de los puntos impugnados corresponde a la facultad que se entrega a los establecimientos educacionales para revisar mochilas, bolsos y pertenencias de los estudiantes mediante sus reglamentos internos. Según los parlamentarios, la norma no establece criterios claros sobre su aplicación ni contempla garantías mínimas para los alumnos.

Asimismo, se cuestiona la disposición que permite a Carabineros y la Policía de Investigaciones realizar registros de vestimentas y pertenencias de estudiantes al interior de los colegios sin orden previa de un fiscal. Los requirentes sostienen que la medida equivale, en la práctica, a extender mecanismos similares al control preventivo de identidad a menores de edad sin los resguardos legales correspondientes.

El escrito también objeta la obligación de prohibir vestimentas o accesorios que “promuevan, hagan apología o alusión a la violencia, a drogas, a conductas delictuales u otras contrarias a la ley”. A juicio de los diputados, la redacción es excesivamente amplia y podría dar pie a restricciones arbitrarias de la libertad de expresión, conciencia y reunión de los estudiantes.

Finalmente, el requerimiento impugna la inhabilidad de cinco años para acceder o mantener el beneficio de gratuidad en la educación superior para personas condenadas por determinados delitos. Los parlamentarios argumentan que la medida constituye una doble sanción y genera una discriminación socioeconómica que afecta el derecho a la educación.

Los legisladores sostienen además que las disposiciones cuestionadas contravienen obligaciones asumidas por el Estado de Chile en tratados internacionales, entre ellos la Convención sobre los Derechos del Niño y el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales.

Ahora será el Tribunal Constitucional el encargado de revisar la admisibilidad del requerimiento y determinar si las normas impugnadas se ajustan o no a la Constitución.