Este lunes desde las 12:30, los miembros de la Comisión Especial Investigadora (CEI) por la fallida compraventa de la casa del expresidente Salvador Allende votarán las conclusiones a las que han llegado los parlamentarios a través de las distintas sesiones de la instancia.

Luego de poco más de tres meses del inicio de la instancia, el lunes se definirán las conclusiones a la que llegaron los parlamentarios respecto a la compra, que finalmente llevó a la renuncia de dos ministra de estado, Marcela Sandoval (Bienes Nacionales) y Maya Fernández (Defensa), además de la destitución por decisión del Tribunal Constitucional (TC) de la senadora Isabel Allende.

En ese sentido, este medio consultó a algunos miembros de la instancia sus apreciaciones del desarrollo de la instancia y las eventuales conclusiones que se definirán en la jornada de mañana.

Conclusiones en la previa

Para el presidente de la CEI, Andrés Longton (RN), las distintas sesiones han permitido dejar “bastante claro que acá hubo mucho más que un desconocimiento de la normativa”.

“Parece haber habido un concierto de voluntades presionando desde presidencia para que esta operación ilegal, que le iba a entregar más de 900 millones a la familia Allende, se concretará a como de lugar y de forma apresurada para evitar cuestionamientos y hacerlo de una manera que asegurará el desembolsar millonarios recursos a pesar de las conocidas alternativas”, explicó.

Longton señala que “lo anterior aún no tiene como consecuencia responsabilidades claras, ya que el Presidente quedaría aún más expuesto en una operación donde él fue el que obsesivamente impulsó esto por una fascinación exacerbada que lo llevó a realizar esto a pesar de estas inconstitucionales, donde no se puede alegar desconocimiento, menos de quien tiene la más alta magistratura. Eso es bastante más que incompetencia e ignorancia a la hora de gobernar”.

Para la parlamentaria Lorena Pizarro (PC) resulta complejo el final de la CEI. “La situación de la compra por parte del Ejecutivo de la casa del expresidente Allende tiene tres aristas, por definirlo de alguna manera: la que está en Poder Judicial, la que está en el Tribunal Constitucional, que ya resolvió respecto a la ex senadora Isabel Allende y su destitución, y la que está en el parlamento chileno, en este caso en la Comisión Especial Investigadora de la Cámara”, explicó.

En ese sentido, Pizarro detalló que resultó inesperado que en su presentación a la CEI, la contralora Dorothy Pérez señalara que “aquí no habían existido irregularidades. Y que es la labor que tiene la Comisión, porque tiene un mandato muy específico que tiene que ver con que si hubo o no irregularidades en el proceso. Ese es el mandato de la Comisión”.

Por otro lado, la diputada también centró sus conclusiones en el “ribete político” que se ha generado durante la instancia.

“Al transcurso de este proceso nos enteramos que la situación de negocios con autoridades no solo se ha dado de parte de la familia Allende en este caso, sino que hay seis, creo, casos de senadores o diputados que han hecho negocios con el Estado. Nos vamos a concentrar en que tenemos que detener estas prácticas”, explicó Pizarro.

A lo que agregó: “Entiendo el juego político que tiene que hacer la derecha, que lo haga, pero no lo haga en base a mentiras, en base a palabras grandilocuentes, más bien buscando, y que todos debiésemos buscar, una aproximación de mayor control respecto a estas irregularidades. Y ahí es donde yo siento que se perdió la brújula en la comisión, con una derecha que dice una que otra cosa, pero nunca va al grano de la irregularidad que esto significó”.

Mientras tanto, el diputado Raúl Soto (PPD) enfatiza que “lo importante es que las conclusiones no sobrepasen sus límites respecto de lo efectivamente conocido por la comisión”.

“Creo que las defensas fueron en general bastante sólidas y hay claridad respecto de las responsabilidades también, que están fundamentalmente radicadas en el Ministerio de Bienes Nacionales y en las autoridades que ya han salido y en funcionarios que ya están bajo investigación sumaria”, explicó.

“Desde esa perspectiva, me parece que no hay que sacar aprovechamiento político o buscar imputaciones más allá de personas que claramente no tuvieron necesariamente responsabilidad”, concluyó al respecto.

El parlamentario Luis Fernando Sánchez (Rep.) señala que las conclusiones de la comisión “no dan para menos que un escándalo”.

Sánchez detalla que la jefa jurídica de la Segpres, Francisca Moya, sabía de la ilegalidad de la compraventa y que no habría advertido al respecto. También menciona que en la transacción, la familia Allende recibiría “el mayor precio posible” por el inmueble y que el Presidente Boric defendió a una serie de funcionarios y asesores involucrados.

“Aquí ha habido un círculo de protección. En este caso el Gobierno no entregó ninguna información relevante en el transcurso de esta comisión y al final hemos ido obteniendo información de a poco”, señaló al respecto.

“Yo creo que aquí las conclusiones deben ser las más severas posible y por eso le he enviado personalmente al Presidente de la Comisión, el diputado Longton, nuestras conclusiones como Republicanos y esperamos que estas sean incorporadas dentro del texto final”, explicó Sánchez.

En ese sentido, en complemento a lo mencionado anteriormente, el parlamentario sugiere tres elementos: que se modifique la ley orgánica, de tal forma que un funcionario que renuncie a su empleo y sea citado a una comisión se vea obligado a prestar declaración; también que se modifique el decreto 2.421 para que Contraloría pueda observar las incapacidades, inhabilidades e incompatibilidades constitucionales; y que el Presidente Boric solicite la renuncia de Francisca Moya.