La ministra del Interior, Izkia Siches, realizó este jueves su primera declaración pública refiriéndose a la acusación constitucional en su contra presentada por el Partido Republicano.

De acuerdo con el libelo acusatorio -que contiene siete capítulos, un total de 159 páginas y fue ingresada el miércoles a la oficina de partes de la Cámara de Diputados- la jefa de gabinete del Presidente Gabriel Boric “infringió la Constitución y las leyes y dejó éstas sin ejecución”.

Desde Coyhaique, en el marco de su visita a la Región de Aysén para dar cuenta de la agenda de descentralización del gobierno, la secretaria de Estado expresó respecto a la acusación que “como Ejecutivo somos muy respetosos de las funciones del Parlamento” y “vamos a acudir, concurrir, con los distintos elementos”.

Sin embargo, precisó que “desde nuestra perspectiva, esta es una acusación absolutamente infundada, pero también se puede transformar en una gran oportunidad de mostrar en lo que hemos estado trabajando”.

“Vamos a seguir, más allá de estos hechos, en terreno, trabajando con las autoridades locales para llevar un Estado robusto a todo el territorio nacional”, sentenció.

En el libelo ingresado el miércoles, los diputados del partido fundado por José Antonio Kast aludieron, entre otros puntos, al gobierno del saliente expresidente Sebastián Piñera, a quien responsabilizaron por el aumento de violencia en el país.

“Chile, en los últimos 13 años, ha sido una fiesta permanente para los delincuentes, narcotraficantes, terroristas y violentistas, que asolan la paz y la tranquilidad de los chilenos. Es hora de decirlo con todas sus letras: Chile vive una catástrofe social en materia de inseguridad, drogas y violencia (...) ¿Cuándo comenzó esta debacle?”, se lee en el texto, en el que a continuación agregan que “por cierto, no es atribuible exclusivamente al Presidente Gabriel Boric ni a su ministra del Interior y Seguridad Pública, Izkia Siches. El gobierno anterior, liderado por el Presidente Sebastián Piñera y su ministro del Interior y Seguridad Pública, Rodrigo Delgado, también fracasó en materia de seguridad pública, combate al terrorismo y las drogas, y control de la violencia”, afirmaron en el prólogo del escrito.

En es línea, plantearon que “la única certidumbre que tenemos es que hoy gobierna el Presidente Gabriel Boric y junto a él, la ministra del Interior y Seguridad Pública, Izkia Siches”, quienes son “los responsables del orden y la seguridad pública” y que la administración “ha fracasado estrepitosamente”, ya que “en aproximadamente 100 días de gobierno, ha mostrado una total y absoluta incompetencia para dirigir la estrategia de seguridad pública del país y enfrentar con decisión los enormes desafíos en esta área”.

Tras el prólogo detallan los argumentos por los que, a su entender, la ministra del Interior debe ser acusada constitucionalmente.

Entre ellos aluden a “reacción tardía, insuficiente y acotada frente a los graves acontecimientos de violencia en la Macrozona sur del país”; la entrega de “informaciones inexactas o intencionalmente incompletas a la opinión pública y a la Cámara de Diputados, infringiendo el principio de probidad administrativa en lo referente a la expulsión masiva de ciudadanos venezolanos”; y la “omisión de presentar denuncia y querella criminal en contra del líder de la autodenominada ‘Coordinadora Arauco Malleco’ (CAM), Héctor Llaitul”.

• Capítulo Primero: el retiro de querellas presentadas por Ley de Seguridad Interior del Estado en contra de los causantes de robos, incendios, destrozos y otros delitos graves cometidos durante el mediáticamente denominado “estallido social” y el proceso de desarticulación de la división jurídica del Ministerio del Interior y Seguridad Pública.
• Capítulo Segundo: inejecución de la ley al faltar a su obligación de denunciar hechos constitutivos de delitos frente al grave atentado que sufrió la Ministra del Interior y Seguridad Pública y su comitiva en la localidad de Temucuicui, que incluyó la utilización de armas y la concreción de amenazas a la autoridad.
• Capítulo Tercero: El haber comprometido gravemente el honor de la Nación al utilizar, de manera imprudente e inoportuna el concepto Wallmapu para referirse a territorio chileno y argentino, generando un impasse político y diplomático con autoridades de la República Argentina.
• Capítulo Cuarto: entregar informaciones inexactas o intencionalmente incompletas a la opinión pública y a la Cámara de Diputados, infringiendo el principio de probidad administrativa en lo referente a la expulsión masiva de ciudadanos venezolanos, la incautación de armas a nivel nacional y las víctimas civiles en la Araucanía.
• Capítulo Quinto: dejar sin aplicación la Ley de Migración y Extranjería, comprometiendo especialmente la situación de las regiones de Arica y Parinacota, Tarapacá y Antofagasta.
• Capítulo Sexto: reacción tardía, insuficiente y acotada frente a los graves acontecimientos de violencia en la Macrozona sur del país. Afectación grave a la seguridad de la Nación e inejecución de la Constitución y las leyes, afectando los Derechos Fundamentales de las personas.
• Capítulo Séptimo: omisión de presentar denuncia y querella criminal en contra del líder de la autodenominada “Coordinadora Arauco Malleco” (CAM), Héctor Llaitul, por sus declaraciones llamando a la resistencia armada contra el Estado de Chile.