El otro lío para la elección de gobernadores: cuotas para mujeres sin incentivos económicos sería inconstitucional

Diputadas Karin Luck (RN) y María José Hoffmann (UDI)

Iniciativa que se discute en la Cámara busca fijar un mínimo de candidaturas femeninas en los comicios de 2020. Diputadas Hoffmann (UDI) y Luck (RN) alertan al gobierno respecto de la vulneración que abriría este escenario, en comparación con la elección parlamentaria, que sí establece retribuciones económicas para mujeres electas. En La Moneda analizan el escenario.




En medio de la discusión del cambio al sistema electoral en Chile, el Congreso introdujo en esa modificación -que terminó con el binominal- una cuota mínima de participación por género. Esto significó que, para las elecciones parlamentarias de 2017, 2021, 2025 y 2029, hombres o mujeres no podrían superar el 60% del total de las candidaturas declaradas por los partidos políticos o pactos que se acordaran para enfrentar esos comicios.

Pero, además, la legislación que se aprobó en 2015 contempló incentivos económicos especiales para los partidos y las propias candidatas que decidieran enfrentar esos desafíos electorales. Así, la ley estableció que las colectividades a las que pertenezcan las parlamentarias electas recibirían 500 UF por cada una de las nuevas diputadas o senadoras, mientras que cada candidata tendría derecho a un reembolso adicional de sus gastos electorales, por parte del Fisco, equivalente a 0,01 UF por voto obtenido.

Esos incentivos, no obstante, no fueron contemplados en la nueva ley de cuotas que, desde mayo pasado, comenzó a discutirse en la Comisión de Mujeres y Equidad de Género de la Cámara. La iniciativa fue presentada por la diputada radical Marcela Hernando, con el fin de incluir esa cuota de género en las próximas elecciones municipales y de gobernadores regionales, propuesta que no ha estado exenta de debate.

Esto, ya que según han planteado diversos parlamentarios, no existen casos a nivel mundial en que para elecciones uninominales -como es el caso de Presidente, alcalde o gobernador regional- se contemple este tipo de exigencias, a diferencia de lo que se exige en la parlamentaria, donde se presenta una lista que se somete al sistema proporcional.

Desde Chile Vamos también han expresado reparos a la existencia, en sí, de cuotas para las candidaturas. Y esta semana, las diputadas María José Hoffmann (UDI) y Karin Luck (RN) alertaron sobre otra problemática: la eventual inconstitucionalidad que abriría la exigencia de cuotas para alcaldes y gobernadores sin considerar los beneficios económicos que sí se estipulan para los comicios parlamentarios.

"Las cuotas son una medida añeja, de bajo efecto electoral. Sin embargo, hoy existen en el sistema parlamentario y nos parece de toda justicia homologar, en ambos sistemas, lo que sí genera realmente que los partidos apuesten por mujeres, que son los incentivos económicos", sostiene Hoffmann. En este sentido, Luck afirma que "no es razonable tener sistemas distintos, con reglas diferentes. Es completamente inconstitucional, porque afecta la igualdad ante la ley el que las elecciones parlamentarias cuenten con esos incentivos para incorporación de mujeres, mientras que las candidatas que competirán en las municipales y de gobernadores regionales, de aprobarse las cuotas, no podrán contar con ese tipo de beneficios".

Según explicó la diputada Hernando, acogió el planteamiento de sus pares oficialistas, dado que "es difícil que los partidos políticos realmente se la jueguen por estas transformaciones en la medida que no existan algunos incentivos". Y añadió que "podría ser incluso inconstitucional que en el caso de las parlamentarias exista ese tipo de incentivos y no en otros cargos de elección popular".

El tema instala un nuevo contratiempo en las ya cuestionadas elecciones de gobernador regional que, por primera vez, se realizarán el próximo año. Y es que ante la falta de claridad respecto de las competencias y atribuciones con que contarán las nuevas autoridades y su ámbito de acción respecto del delegado presidencial, el gobierno debió convocar a una mesa de trabajo, conformada por expertos de todos los partidos, para despejar las dudas y vacíos legales que subsisten. Para ello, el compromiso del Ejecutivo es enviar un proyecto de ley corta "dentro de 60 días", es decir, en septiembre.

Sin embargo, lo relacionado a las cuotas y los incentivos económicos no estaría en el radar del comité de expertos. Sí, en cambio, está siendo analizado por La Moneda -dicen fuentes de Palacio- a solicitud de las diputadas de Chile Vamos, aunque sin que haya aún una decisión tomada.

En este contexto, Hoffmann, Luck y Hernando resaltaron la importancia de que el gobierno patrocine la propuesta en materia de recursos, dado que los parlamentarios no tienen atribuciones legales para proponer una modificación legal que implique gasto fiscal.

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