“Tiene estatus de refugiado”: abogado de Galvarino Apablaza descarta que gobierno de Milei pueda extraditar a exfrentista

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Galvarino Apablaza, exlíder del Frente Patriótico Manuel Rodríguez.

El penalista Rodolfo Yanzon recalcó que dicho estatus es en base a la Convención Internacional de Refugiados, afirmando que la ministra de Seguridad de Argentina, Patricia Bullrich, “no tiene nada que hacer con eso”. En su visita a Chile para participar en Enade 2024, la secretaria de Estado trasandina comprometió la disposición de su país para extraditar al exlíder del FPMR.


En su visita a Chile, para participar del foro de seguridad en Enade 2024, la ministra de Seguridad de Argentina, Patricia Bullrich, comprometió la disposición del gobierno de Javier Milei para concretar la extradición del exlíder del Frente Patriótico Manuel Rodríguez (FPMR) Galvarino Apablaza Guerra.

Las intenciones comprometidas fueron desestimadas este viernes por el abogado argentino del exfrentista, Rodolfo Yanzon, quien argumentó que el tema está radicado en la justicia trasandina y que su cliente tiene estatus de refugiado.

Apablaza es sindicado como el autor intelectual del atentado contra el senador UDI, Jaime Guzmán, ocurrido en las afueras del Campus Oriente de la Universidad Católica en 1991. También es requerido por responsabilidad en el secuestro extorsivo de Cristián Edwards.

En diálogo con CNN, el penalista señaló: “Nosotros estamos tranquilos, porque sabemos que nos ampara la legislación internacional y las prepotencias de la ministra Patricia Bullrich van a quedar en el cajón del olvido”.

Y luego expuso: “Para aclarar a la audiencia de Chile, solamente recalcar, Apablaza Guerra tiene estatus de refugiado en base a la Convención Internacional de Refugiados y la ministra Patricia Bullrich no tiene nada que hacer con eso”.

La ministra del Interior, Carolina Tohá, y la ministra de Seguridad de Argentina, Patricia Bullrich. Foto: Andrés Pérez.

Inquirido respecto a la posibilidad de que el estatus de refugiado sea retirado a Apablaza, respondió: “Es una posibilidad que eso suceda, pero si eso sucede lo va a resolver el sistema judicial argentino, no lo va a resolver ningún político o ningún funcionario de este gobierno”.

“Así que tenemos que esperar, esto va a demorar años, supongo yo, y seguirán pasando los gobiernos argentinos y ustedes seguirán preguntando”, expresó el abogado.

Yanzon sostuvo que “en la Argentina está muy claro que los derechos humanos son un valor de la mayor, de una inmensa mayoría del pueblo argentino, así que nos tienen sin cuidado las bravuconadas de esta gente”.

En una dura arremetida contra la actual administración argentina, señaló: “A mí no me sorprendería que el gobierno de Javier Milei secuestre a Apablaza Guerra y lo tire del otro lado de la cordillera, pero esto sería un acto de absoluta ilegalidad”.

Las declaraciones de Bullrich sobre una eventual extradición de Apablaza se dieron en su conferencia en Enade: “Argentina no es una tierra de asesinos. Siendo yo ministra de seguridad de la Nación Argentina, llevamos adelante el quite del refugio para Apablaza y luego fue a la justicia y lo durmieron, lo estamos despertando. Nosotros queremos que Apablaza vuelva a Chile a cumplir con la justicia a cumplir lo que tiene que cumplir y el es compromiso del gobierno argentino, porque no hay que confundir el estatus de un refugiado político con alguien que asesina en democracia”.

Galvarino Apablaza

La secretaria de Estado hace referencia a las acciones llevadas a cabo hace siete años atrás, en el gobierno de Mauricio Macri. En ese entonces, se retiró a Apablaza la condición de refugiado político que le había sido otorgada el 30 de septiembre de 2010, con Cristina Fernández instalada en la Casa Rosada.

Apablaza, por su parte, apeló y la causa está pendiente de resolución. A fines de 2017 el juez Mario Carroza dictó una orden de captura internacional en contra del frentista. En la oportunidad Interpol Chile se comunicó con Argentina para indicar que la difusión roja se encuentra activada, y así se puedan tomar las medidas necesarias previo a una posible extradición.

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