UDI pide suspensión del juez Daniel Urrutia

En la sede de la Unión Demócrata Independiente (UDI) en Providencia, la directiva de la tienda gremialista, realizó un llamado para que la Corte Suprema suspenda al juez del Séptimo Juzgado de Garantía de Santiago Daniel Urrutia, magistrado cuestionado por la autorización que concedió a internos del Recinto Penitenciario Especial de Alta Seguridad (Repas) para realizar videollamadas a familiares en compañía de gendarmes.

Se trata de internos de alta peligrosidad vinculados a grupos como el Tren de Aragua. Gendarmería recurrió a la Corte de Apelaciones de Santiago, por medio de un recurso de hecho, logrando que el tribunal de alzada decretara una orden de no innovar que suspendió la resolución del magistrado. Esta semana, se debería revisar la presentación de la institución penitenciaria.

La secretaria general de la UDI, María José Hoffman, sostuvo que el juez Urrutia “está poniendo en riesgo a las víctimas del narcotráfico y a las víctimas del crimen organizado”.

“Lamentablemente no ha estado a la altura y se ha saltado el Poder Judicial y se ha asaltado también a Gendarmería y al propio gobierno”, señaló Hoffman.

Por su parte, el senador Iván Moreira, vocero “de verano” de la tienda de calle Suecia, planteó que el juez “no puede sobrepasar el tema más importante para el país, que es la seguridad”.

“Los hechos del juez no son aislados. Es una conducta permanente de privilegio especial a quienes cometen violencia y, en este caso al crimen organizado y al narcotráfico al entregar beneficios que no corresponden cuando está en juego el estado de derecho y la seguridad nacional. Nosotros lo que queremos pedirle al Poder Judicial, es suspensión y como son tantos los hechos expulsión”, expuso.

En entrevista con 24 Horas, el comandante Juan Norambuena, jefe del Departamento de Investigación Criminal de Gendarmería, explicó que el régimen especial al que están sometidos los internos considera visitas presenciales por enrolamiento y que en el caso de las videollamadas “no están las condiciones para que Gendarmería o el personal que trabaja directamente en trato directo con ellos pueda tener control absoluto”.

Urrutia justificó su determinación aduciendo normativas internacionales, como las de Naciones Unidas, reglas mínimas para el tratamiento de reclusos y las reglas Nelson Mandela, entre otras.

“Esta es una unidad especial, las personas que están en ese régimen diferenciado están en una situación distinta al resto de la población penal, porque su condición, su perfil criminal es distinto y pone en real riesgo la seguridad no solo penitenciaria, sino la seguridad pública”, expuso el comandante Norambuena, precisando que se trata de internos con tienen “poder de decisión” en organizaciones criminales.

En esa línea, el comandante Norambuena recalcó que “tienen que estar altamente controlados, porque estos internos son complejos, son peligrosos, no solamente con armas de fuego, sino también con las comunicaciones”.

“Si llega una señal o una instrucción emanada desde estos líderes hacia las células que puedan quedar activas, puede rearticular y pueden generar o iniciar nuevos delitos, y sobre todo poner en riesgo no solamente la seguridad del establecimiento penitenciario, de los funcionarios que trabajan en trato directo con ellos, sino de la ciudadanía en general”, argumentó.

En La Moneda, en tanto, la ministra de la Secretaría General de Gobierno, Camila Vallejo, se refirió a las amenazas de muerte que fueron denunciadas por Urrutia.

“Nosotros no podemos sino condenar cualquier amenaza de muerte a cualquier ciudadano, pero especialmente también cuando se trata de personas que cumplen una función importante para la sociedad, sea autoridades del Ejecutivo, autoridades del Poder Judicial, porque nadie puede obrar y actuar bajo amenaza. Sobre todo cuando se trata de definiciones que son claves en materia de justicia o de política pública. Entonces, efectivamente, se anuncia, al menos, la condena absoluta a cualquier tipo de amenaza y la solidaridad con todas aquellas personas que la reciben”, expresó la vocera del Ejecutivo.

La ministra reiteró su rechazo a la actuación del juez y la calificó de “preocupante”, asegurando que especial la administración del Presidente Gabriel Baric se ha esforzado en concretar una “política nacional contra el crimen organizado”.

“Hemos creado con recursos, con coordinaciones, con modificaciones legales, una institucionalidad a nivel nacional para obrar específicamente y exclusivamente en torno a la persecución del crimen organizado y para que este pague con las penas más altas en la cárcel. Y eso implica y ha implicado desde el Ministerio de Justicia, junto con Gendarmería, un reforzamiento de las condiciones carcelarias o las condiciones de seguridad de las cárceles, particularmente aquellos módulos que son de alta seguridad”, planteó la titular de la Segegob.

“Esto, a juicio del Ejecutivo, evidentemente que no contribuye. Pueden haber razones por parte del juez, legítimas, pero la verdad es que el impacto que pueda tener, desde el punto de vista de la estrategia contra el crimen organizado, puede ser complejo y por lo tanto, a nosotros no nos parece esa decisión, aunque el poder sea autónomo, pero efectivamente no ayuda en nada al avance de nuestra estrategia contra el crimen organizado”, sostuvo.