“La propuesta de reglamento, al no incorporar la prohibición que establece el artículo 4.5 del Convenio de Basilea, de exportar a un Estado que no sea parte o de importar desde un Estado que no sea parte de dicho convenio, no se ajusta al Convenio de Basilea respecto a la prohibición que efectúa el señalado convenio. Por lo tanto, se requeriría agregar tal limitación al reglamento”.

Esta es una de las conclusiones a las que arribó el director general de Asuntos Jurídicos del Ministerio de Relaciones Exteriores, Claudio Troncoso, quien el pasado 2 de enero emitió un informe jurídico técnico acerca de la compatibilidad del reglamento que regula el movimiento transfronterizo de residuos con el Convenio de Basilea sobre el control en el transporte de desechos peligrosos y su eliminación.

En su respuesta, que surge a raíz de un oficio del Consejo para la Sustentabilidad y el Cambio Climático del 14 de junio de 2022, la Cancillería cuestiona la propuesta del reglamento que impulsa el ministerio del Medio Ambiente, encabezado por la ministra Maisa Rojas.

“El reglamento en elaboración, al derogar el Decreto N° 2 del Ministerio de Salud de 2010, prescinde en caso de la exportación de residuos peligrosos (específicamente de baterías fuera de uso) para su valorización, de la exigencia de certificar que no se cuente con capacidad técnica nacional para procesar dichos residuos, incorporando, en esta materia, un enfoque de mayor liberalidad”, explicó en su escrito Troncoso.

El documento, al que tuvo acceso Pulso, destacó que “lo anterior constituye un tema particularmente delicado que requiere una definición fundada, que teniendo en cuenta las obligaciones de Chile, considere factores de política económica y ambiental, asunto que es competencia de otras Secretarías de Estado”.

Troncoso recordó que “el artículo 70 letra d) de la Ley sobre Bases Generales del Medio Ambiente ha entregado al Ministerio del Medio Ambiente la competencia específica para velar por el cumplimiento de las Convenciones Internacionales, en que Chile sea parte en materia ambiental, y ejercer la calidad de contraparte administrativa, científica o técnicas de tales convenciones, sin perjuicio de las facultades del Ministerio de Relaciones Exteriores”.

“La mayor crítica que se ha efectuado a este reglamento en elaboración, dice relación con el distingo entre la exportación de residuos para su valorización, de aquellos destinados a su eliminación, no completando el factor que exista capacidad técnica en Chile para procesar estos residuos como una limitación para su exportación al exterior en caso de residuos que se envían para su valoración y sí contemplando esta limitación de exportación en caso que se trate de residuos para su eliminación”, concluyó el oficio.

Desde el Ministerio del Medio Ambiente (MMA) explicaron que el contenido de este documento será abordado mediante un oficio dirigido al Ministerio de Relaciones Exteriores, y que el equipo de expertos del MMA ya se reunió a analizar y aclarar los puntos de dicho texto con sus pares de Cancillería, con el acuerdo de ajustar algunos detalles.

Respecto del D.S. N°2/2010 del Ministerio de Salud, aclaran que el documento no cuestiona su derogación, sino que se refiere a algunas observaciones en otras materias conexas, las que fueron abordadas en la reunión con el Ministerio de Relaciones Exteriores. En este tema, también señalan que el MMA ya se ha pronunciado sobre el particular, en cuanto a promover a través de la Ley REP la economía circular y la generación de capacidad instalada en el país para ese objetivo, y precisan que la regulación del movimiento transfronterizo de residuos considerará plazos razonables para que estos objetivos se cumplan.

El 15 de enero de 2010, el Ministerio de Salud emitió un decreto en el que se prohíbe el movimiento transfronterizo de baterías de plomo usadas en Chile a terceros países, en tanto existan en el país instalaciones con capacidad para procesar estos residuos peligrosos.

El 2016 entró en vigor la Ley que Establece un Marco para la Gestión de Residuos, la Responsabilidad Extendida del Productor y Fomento al Reciclaje, más conocida como Ley REP, la cual estableció que los importadores y exportadores se regirán por lo dispuesto en el Convenio de Basilea. Además, dispuso mediante un decreto supremo que se establecerán exigencias y requisitos para la importación, exportación y tránsito de residuos.

El reglamento que actualmente está en elaboración y aprobado por el Consejo de Ministros, “deroga expresamente el Decreto Supremo del Ministerio de Salud de 2010, y regula de una manera más amplia el movimiento transfronterizo de residuos peligrosos, incluyendo entre ellos las baterías de plomo usadas”.