Chile enfrenta una de esas coyunturas poco frecuentes en su historia: un momento en que sus ventajas comparativas —minerales críticos y producción alimentaria saludable— lo sitúan en una posición expectante dentro del escenario global. Sin embargo, el magro 1,9% de PIB tendencial no sube y la pregunta ya no es si tenemos la oportunidad, sino si contamos con la capacidad institucional para dar el salto y dejar atrás el estancamiento.

Mientras el país avanza en un proceso de regionalización, el mayor cambio vendrá con la inversión, ya que se espera que cerca del 80% del monto previsto para los próximos años venga de regiones. Este dato por sí solo instala con sentido de urgencia la necesidad de contar con un sistema de ordenamiento territorial capaz de aprovechar y canalizar adecuadamente ese dinamismo.

En teoría, el ordenamiento se resuelve por los instrumentos de planificación territorial que son dirigidos por una política nacional de desarrollo urbano y una política de ordenamiento territorial, que posteriormente son reglados a nivel rural, urbano, intercomunal o comunal. En paralelo a los instrumentos de planificación propiamente tales, nuestro sistema subsiste con tres categorías de instrumentos que, si bien no definen un ordenamiento, sí inciden directamente en la planificación territorial. Primero existe una categoría de instrumentos procedimentales como la Evaluación Ambiental Estratégica. Segundo, existen restricciones dentro de las que se encuentran los humedales urbanos, régimen de pueblos indígenas, Servicio de Biodiversidad y Áreas Protegidas, Ley Lafkenche, Bienes Fiscales, art. 55 Ley General de Urbanismo y Construcciones, Monumentos Nacionales o protección de cielos que agrega condicionantes y mecanismos sustantivos. Finalmente, hay una tercera categoría de familias orientadoras de política pública, dentro de las cuales se encuentran la Transición Socioecológica Justa, Política de Desarrollo Rural, Planes Hídricos de Cuenca, Senapred o Política Nacional de Desarrollo Costero, entre otras.

El resultado es un sistema con múltiples centros de decisión —del orden de 25—, distribuidos entre niveles nacional, regional, comunal y sectorial, cada uno con lógicas propias y autoridades con competencias propias. En este contexto, muchas veces la comunicación y coordinación es ineficiente, hay falta de capacidades y, consecuentemente, existe un marco de alta probabilidad de ralentización y judicialización. Este no es un problema ni ideológico ni de debilitar estándares ambientales o sociales, sino de tomar conciencia de la enmarañada arquitectura de ordenamiento territorial para atacar el tema de fondo con decisión y gestión.

La salida no pasa por desmontar un sistema, sino por ordenarlo mediante cuatro medidas ineludibles. Primero, transparencia territorial efectiva: información georreferenciada, integrada y accesible que permita conocer, desde el inicio, el marco aplicable a cada proyecto en relación con las 25 dimensiones entrelazadas. Segundo, coordinación interinstitucional real: menos superposición de decisiones y de organismos respecto de una misma materia, y más mecanismos que alineen competencias y criterios entre servicios. Tercero, certeza interpretativa: conceptos clave —como área de influencia, impacto significativo o residuo— no pueden depender de definiciones divergentes según la ventanilla a la que se acuda. Finalmente, resguardo estratégico nacional: Urge definir aquellas actividades estratégicas de trazados de infraestructura crítica sobre las cuales primen intereses nacionales.

En este contexto, la regionalización puede ser una palanca de desarrollo o un factor adicional de bloqueo, dependiendo de cómo se implemente. En el fondo, todo dependerá de si somos capaces de armonizar un sistema antes de que la complejidad del mismo nos ahogue. La oportunidad está abierta: Lo que falta no son soluciones aisladas, sino entender el contexto para orquestar la mejor implementación.

*El autor de la columna es consejero de la Sofofa