“Estoy consciente que les he causado a PSI Net Chile SpA, y a ustedes como accionistas, mayoritarios, graves perjuicios por una administración poco profesional, en mi calidad de gerente general y director ejecutivo de la sociedad, lo que ha redundado en un crecimiento descontrolado de los pasivos y de los gastos y costos de operación, efectos financieros que no les informÉ en forma oportuna e íntegra, tanto en los directorios como en la juntas de accionistas”.

Así comienza la carta enviada el 14 de noviembre de 2024 por Rodrigo González Riedemann, gerente general y director ejecutivo (CEO) de PSI Net Chile SpA, una empresa con más de 25 años de trayectoria, a sus socios Andrés Fazio Mollina y José Cox Donoso.

El texto forma parte de dos acciones prejudiciales ante el 25º y el 30º Juzgado Civil de Santiago que inició González a través de la sociedad Modena SpA, con la cual era socio de Cox y Fazio en PSI Net Chile SpA. Esta sociedad opera como holding y controla la Compañía Telefónica Rural (CTR), empresa de telecomunicaciones que presta servicios principalmente en el sur de Chile.

En 2017, CTR se adjudicó el proyecto Fibra Óptica Austral (FOA), una red de conectividad que une distintas localidades del extremo sur del país mediante un cable de 2.980 km de extensión, de los cuales 2.880 km son submarinos y 100 km terrestres.

El caso es que González acusa haber sido obligado a renunciar bajo amenazas y busca por medio de una arremetida judicial anular un aumento de capital que diluyó su participación en la sociedad.

Sin embargo, la versión de Fazio y Cox difiere por completo. Según el relato de cercanos a los empresarios, González fue durante muchos años un destacado ejecutivo de confianza de ambos, pero finalmente habría defraudado a la compañía mediante el uso de bonos y la adquisición de bienes con fondos de la sociedad.

Hoy la trama no sólo se ventila en sede civil, sino que también en la arena penal.

Actualmente, González enfrenta tres querellas criminales derivadas de este caso. La primera fue presentada por PSI Net ante el 2° Juzgado de Garantía de Santiago, por los presuntos delitos de lavado de dinero, administración desleal y estafa, acción patrocinada por el abogado Juan Ignacio Piña.

Posteriormente, el fondo Moneda Renta CLP Fondo de Inversión interpuso una querella ante el 7° Juzgado de Garantía de Santiago por el presunto delito de celebración de contrato simulado, con el patrocinio del abogado Nicolás Miranda.

Por último, Consultora Naxos SpA -asesorada por el abogado Gabriel Silber- presentó una querella ante el 2° Juzgado de Garantía de Santiago, también en contra de González, por los presuntos delitos de administración desleal y lavado de activos.

Fazio y Cox cuentan con la asesoría legal de Marcelo Giovanazzi, socio de Alcaíno Abogados. Rodrigo González es representado por Ricardo Reveco y Daniela Lozano, del estudio Carey.

Accionistas

Al 31 de diciembre de 2024, PSI Net tenía cinco accionistas: Asesorías e Inversiones Ilihue S.A., con el 32,06% de las acciones; Inversiones y Negocio Punto COM S.A., con el 14,98%; Gasperín S.A., con el 30%; Inmobiliaria Los Samanes II SpA, con el 18,36%, y Modena SpA, con el 4,6%.

En los mismos documentos se lee que Ilihue se encuentra controlada por José Cox; Punto COM por Andrés Fazio; Modena por Rodrigo González; y Los Samanes, hasta abril de 2025, por Iván Rodríguez Rodríguez, exsocio y exgerente de finanzas de la sociedad matriz, quien habría cedido sus acciones por petición de Cox y Fazio en medio del conflicto.

En sus presentaciones, González denuncia haber sido excluido de la sociedad, luego que Cox y Fazio impulsaran un aumento de capital por $16.400 millones, diluyendo su participación.

El exsocio de la matriz de CTR solicita la exhibición de una serie de documentos para interponer una acción de “nulidad absoluta y la disolución de de la sociedad PSI Net por causa grave”.

Relato

González, en las dos medidas prejudiciales iniciadas, denuncia haber sido obligado a renunciar bajo amenaza.

“Bajo presión y sin asistencia letrada (de un abogado), le exigieron firmar una carta de renuncia voluntaria al directorio de PSI Net y de todas las empresas relacionadas, junto con una declaración de reconocimiento de su supuesta responsabilidad, bajo amenaza de iniciar acciones penales y civiles en su contra si se negaba”, consignó en ambas acciones su defensa. Una dirigida contra Fazio y la otra contra Cox.

“Incluso, fue presionado a renunciar a su empleo y con ello a cualquier tipo de indemnización que, por los años de trabajo, le correspondía, ascendente a más de $400.000.000. Por último, también bajo presión, se le impidió tomar contacto con Iván González”, consignan los documentos.

González sostiene que el 14 de noviembre de 2024 fue citado a una reunión privada por Cox y Fazio. En dicho encuentro, Cox le habría dicho que “las confianzas se habían quebrado y que las sociedades Ilihue y Punto COM habían decidido, unilateralmente, hacer cambios en la administración de PSI Net, imputándole, sin prueba alguna, supuestas irregularidades”.

Al día siguiente de la reunión, González quedó sin acceso a su correo electrónico y a la información interna de la empresa, dejándolo incomunicado de las operaciones de PSI Net.

“Luego, el 19 de diciembre de 2024, el señor Cox citó a don Rodrigo González a una reunión en su domicilio para el 23 de diciembre, junto a Fazio. En dicha instancia, ambos le exigieron de manera intimidatoria que asumiera personalmente las supuestas pérdidas de la empresa, proponiendo que lo hiciera con sus acciones o bienes personales, e insinuando eventuales presiones legales y mediáticas si no accedía”, establecen las medidas prejudiciales.