El gobierno tiene como meta fiscal el reducir el balance estructural desde el actual -3,1% del PIB a -1,5% del PIB y mantener como techo de endeudamiento el 45% del PIB. Sin embargo, esas proyecciones no son compartidas por el Fondo Monetario Internacional (FMI). Así lo expresó en el capítulo cuarto.

“Se considera que la deuda pública es sostenible con alta probabilidad, aunque mantenerla por debajo del límite máximo del 45 % del PIB requeriría una consolidación adicional o shocks favorables”, plantea el FMI, en su informe final en el marco del Artículo IV de la institución, dado a conocer este miércoles, luego que el lunes se entregara un comunicado de prensa más acotado.

En ese contexto, afirma que “en el escenario de referencia, que prevé una reducción del déficit estructural del 1,5 % del PIB y medidas acumulativas no especificadas del 1% del PIB hasta 2030, la deuda del Gobierno central superaría el límite prudente en 2028 antes de estabilizarse en torno al 50% del PIB en 2033”.

Así, al fin del actual mandato de José Antonio Kast, en 2030, la deuda pública alcanzaría el 48,4% del PIB, luego en 2033 llegaría al peak de 50% y luego comenzaría a bajar levemente, alcanzando el 49,8% al 2035.

Por ello plantea que, sin una mayor consolidación, la deuda se mantendría por debajo del umbral del 45% del PIB únicamente en condiciones favorables, entre ellas, menciona el precio del cobre persistentemente elevado y unas tasas de crecimiento aceleradas”.

De lo contrario, sostienen que “para respetar el límite máximo de deuda se necesitarían medidas adicionales de alrededor del 1 % del PIB, introducidas de manera uniforme a lo largo del horizonte de proyección hasta el final de la legislatura”.

En un escenario pesimista la ratio de deuda superaría el umbral del 45% ya en 2027, ya que se parte de la hipótesis de que el Gobierno dejaría actuar a los estabilizadores automáticos y ofrecería ayudas específicas. En dicho escenario, podría estar justificado un retorno más gradual al equilibrio estructural en relación con la hipótesis de referencia.

En el informe señalan que las autoridades actuales del gobierno subrayaron su compromiso con el plan de consolidación fiscal a mediano plazo. “Reafirmaron su intención de seguir fortaleciendo las proyecciones de ingresos, incluso mediante la revisión de los rendimientos de las medidas de la Ley de Cumplimiento Tributario —dado el probable optimismo de las estimaciones de recaudación anteriores— y el perfeccionamiento de los modelos de ingresos y las estructuras de datos”, dice el FMI.

En este contexto, recuerdan que el gobierno ha solicitado asistencia técnica al FMI para examinar y recibir orientación sobre el tratamiento más adecuado de las clasificaciones de partidas presupuestarias conforme al marco del Manual de Estadísticas de Finanzas Públicas, así como para validar sus estimaciones de la brecha fiscal, fortalecer la gobernanza y el desempeño operativo de la administración tributaria y evaluar el impacto de reformas fiscales anteriores.

En el informe mencionan que “las autoridades aclararon que el Programa Nacional de Recuperación (PNR) ya incorpora medidas fiscales compensatorias, señalando que el costo fiscal neto residual del PNR podría absorberse mediante la contención del gasto y ganancias en la eficiencia del mismo, incluida la inversión pública”.

A tal efecto, indicaron que, “además de los aproximadamente US$2.000 millones en medidas de consolidación ya identificados, se espera que la revisión en curso genere otros US$1.000 millones de dólares. Asimismo, señalaron la posibilidad de obtener ingresos adicionales mediante la liquidación de algunos activos públicos no financieros y la adopción de medidas complementarias para agilizar el entorno normativo”.

Efectos de la megarreforma

En este análisis el FMI también aborda la estrategia de crecimiento del gobierno, la megarreforma. “Las autoridades estiman que estas medidas podrían elevar el nivel del PIB con respecto a la línea de base en aproximadamente un 8,5 % para 2040”.

Si bien destacan que “la desregulación y la reducción de los impuestos de sociedades estimularían el crecimiento, la magnitud y el momento en que se producirían los beneficios derivados de las reformas en la concesión de permisos y de los recortes de impuestos de sociedades podrían ser inciertos en la práctica”.

Sostienen que en Chile, la dinámica de la inversión minera parece haber estado estrechamente influenciada por los precios del cobre, mientras que la relación entre la inversión no minera y el PIB se ha mantenido en líneas generales estable desde 2005, incluso tras el aumento del impuesto sobre sociedades de 2014-2017. “Esto podría sugerir que la respuesta de la inversión a los cambios en los impuestos ha sido limitada, aunque también es posible que la inversión hubiera sido más sólida de no haberse producido dicho aumento”.

En términos más generales, plantean que las comparaciones entre países sugieren que las economías de renta más alta que en su día tuvieron niveles de renta comparables a los de Chile crecieron una media del 2,9 % anual. “Si se tiene en cuenta la situación demográfica y el crecimiento mundial más favorables de que disfrutaban esas economías, su tasa de crecimiento media se habría situado más cerca del 2 %, lo que pone de relieve el reto que supone aumentar el crecimiento tendencial”, dijo el FMI.