“Perdí todos mis clientes, se me cerraron las puertas en los bancos y no pude seguir desarrollando las actividades a las que me dediqué los últimos 15 años, perdiendo así la capacidad de generar ingresos”, relató a Pulso, Hugo Francisco Andrés Villagrán Sepúlveda, el ingeniero en agronegocios de la Universidad Central que esta semana fue formalizado por el Ministerio Público debido a su participación en el caso Primus.

“Me vi involucrado sin tener participación alguna en los delitos que se me imputan”, resume en una declaración para este medio que preparó junto a sus abogados Marión De Giorgis y Karl Pirtzl. “Este caso dio un giro de 180 grados en mi vida profesional”, añade el hombre de 54 años al que la Fiscalía le atribuye haber recibido fondos sustraídos por más de $5.580 millones a través de sociedades de las que era representante legal.

Es la primera vez que habla públicamente del caso. Esta semana fue formalizado junto al médico Rodrigo Mardones, el futbolista Patricio Rubio, el emprendedor Juan Pablo Bañados y el abogado Gonzalo Diéguez, en la segunda oleada de imputados de un caso por el que ya fueron formalizados los exgerentes del factoring, Francisco Coeymans e Ignacio Amenábar. El Ministerio Público describió el caso como el mayor fraude financiero en la historia reciente del factoring en Chile.

Hasta que su nombre apareció en un informe de KPMG encargado en 2023 por Primus para auditar el fraude, Villagrán era conocido en el mundo de los factorings no bancarios y empresas de asesorías financieras. Su trabajo consistía en poner en contacto a demandantes de financiamiento con empresas que entregaban recursos, a cambio de una comisión que él cobraba a ambas partes. Se presentaba como bróker y asesor financiero. “Como todos en la vida, tuve negocios buenos y malos, pero siempre respondiendo a mis compromisos”, se defiende y agrega que ha podido enfrentar la situación gracias a su entorno familiar. “Han entregado un absoluto apoyo en todo sentido, incluso económico”, revela y detalla que “con los negocios y con mis clientes no pude seguir. Al hacerse público todo esto, se pierde en forma inmediata la confianza, y es entendible. En forma rápida dejé de generar ingresos y caí en Dicom, lo cual perjudicó aún más mi situación financiera”, añade.

Rivadeneira

La causa sitúa a Villagrán como pieza clave del esquema que el técnico en cocina internacional Marcelo Rivadeneira -también formalizado, además del abogado Antonio Guzmán- habría organizado para defraudar a Primus. “Primus es uno de los factorings no bancarios más grandes de la industria. Si durante cuatro años las diferentes áreas internas, es decir, los socios, los directores, Legal, Operaciones, Riesgo, Contraloría, no vieron lo que estaba pasando, menos podía enterarme yo, que soy una persona externa a Primus. Así, había otras áreas o departamentos con jefaturas o gerentes distintos a Coeymans y Amenábar, y lo extraño es que durante cuatro años también fallaron. Sin embargo, nunca fueron investigadas esas jefaturas. Y no soy quien tiene que demostrar que no estaba en conocimiento del fraude; basta mi palabra, y es la Fiscalía la que tiene que acreditar que yo estaba en conocimiento y a través de qué actos habría participado en este fraude”, sostiene y añade que “los gerentes formalizados en esta causa han hecho declaraciones falsas en mi contra, imputaciones que niego rotundamente; solo buscan granjearse una cooperación con la investigación y así obtener una rebaja de pena en el futuro, lo cual constituye de parte de ellos una forma artera de actuar”.

Según los registros mercantiles, Villagrán y Rivadeneira estuvieron haciendo negocios por 10 años. Consultado sobre el origen de su relación, Villagrán respondió que ambos se conocieron cuando Rivadeneira, en su condición de bróker financiero, llevaba operaciones para ser evaluadas en la empresa donde él trabajaba. “Fuimos socios desde el año 2016 y, posteriormente, de socios pasamos a ser amigos”, señala, agregando que la primera sociedad que formaron fue Need Solutions, en la cual también participaba la esposa de Rivadeneira, Claudia González Pizarro.

Villagrán y Rivadeneira constituyeron y coadministraron de manera sistemática una serie de sociedades entre 2019 y 2022 como Inversiones Sarasota SpA, Grupo Sarasota SpA, Sociedad de Inversiones Caupolicán SpA, Sociedad de Inversiones Sur Capital SpA, Inmobiliaria e Inversiones Los Bosques SpA y West Capital SpA, esta última constituida junto a una sociedad panameña representada por Manuel La Rosa, también querellado en una causa paralela vinculada a Primus (Banesco). Sobre la caracterización que hace la Fiscalía de esa relación, definiéndolo como alguien que actuó “en concomitancia y bajo la dependencia” de Rivadeneira, Villagrán responde: “Nunca participé de esta organización y menos bajo la dependencia de Rivadeneira”.

Los $5.580 millones

La Fiscalía le atribuye a Villagrán haberse beneficiado de $5.580.659.320, la cifra individual más alta de los cinco nuevos imputados, calculada por el informe pericial de KPMG. Sobre el destino de esos fondos, Villagrán dice que llegaron a Inversiones Sarasota SpA, sociedad de la que era representante legal junto a Rivadeneira, pero radicó el manejo de las cuentas corrientes de esa sociedad exclusivamente a su exsocio.

“Si él usó empresas y direcciones en que ambos teníamos participación, fue bajo su responsabilidad y sin que yo haya estado en conocimiento de que se estaban usando en un supuesto esquema delictual. La Fiscalía y Primus pueden describir muchas cosas, pero deben además acreditarlas, y para eso deben disponer de pruebas; y esas pruebas en mi contra no existen. Durante los años que estuvimos trabajando en conjunto, realizamos diversos negocios comerciales e inmobiliarios, todos reales. Sin embargo, en lo que guarda relación con las operaciones investigadas por la Fiscalía respecto de Primus, no tuve participación alguna. De acuerdo con las cartolas que están en la carpeta investigativa, muchos de estos fondos eran retornados a Primus”, explicó Villagrán, sin precisar el monto ni el destino del resto.

Sobre las sociedades constituidas en un día a través de la plataforma Need Solutions, la mayoría con ciudadanos venezolanos sin historial crediticio según, detalla la formalización, Villagrán sostuvo que esa operación se realizó sin su conocimiento: “Pudieron haber utilizado las direcciones físicas o los correos de Need Solutions”, señaló. “Nunca tuve conocimiento de estos deudores ni de operaciones que se solicitaran con el respaldo de estas empresas”, agregó.

La audiencia de medidas cautelares está fijada para el próximo 6 de agosto ante el Cuarto Juzgado de Garantía de Santiago, donde el fiscal Felipe Sepúlveda deberá precisar las medidas que solicitará para cada uno de los cinco nuevos formalizados. Entre ellos, Hugo Villagrán.