El impacto de la Ley de Delitos Económicos tras su entrada en vigencia en 2023 se ha hecho sentir en los directorios de las empresas, aunque entre los directores de las compañías no hay una visión única respecto de la relación costos/ beneficios.

Durante el seminario titulado Ser director hoy: cómo decidir en un entorno más exigente, realizado este jueves por el Centro de Gobierno Corporativo UC, con el apoyo de Deloitte, Marcela Toledo, subdirectora de la Unidad de Delitos Económicos de la Fiscalía Nacional, señaló que “nos hemos sorprendido” con la implementación de la Ley de Delitos Económicos, pues “supusimos que se iba a aplicar a los delitos eminentemente económicos, o que serían los de primera categoría (como los referidos a la Ley de Mercado de Valores). Pero hasta ahora no ha sido así, hemos visto una mayor aplicación con los delitos de segunda categoría, como delitos tributarios, administración desleal, y por sobre todo, delitos medioambientales”.

Alex van Weezel, abogado penalista, señaló que a nivel de directorios “hay un antes y un después” tras la dictación de la ley, pero explicó que en el cuerpo legal los incentivos no son correctos.

A modo de ejemplo, apuntó que en la primera categoría está el delito de corrupción entre particulares, como sería el caso de un “empleado encargado de las contrataciones de proveedores que recibe o pide un beneficio para elegir a un proveedor. Los creativos que inventaron este delito consideran que la víctima principal no es la empresa, sino que son los competidores del proveedor. Supongamos que una empresa detecta que su encargado de proveedores recibía plata, tiene que pensárselo muy bien antes de denunciar este hecho a la justicia porque le van a preguntar, ‘bueno, pero este delito puede ser base de su responsabilidad como empresa’”.

“No tiene ningún sentido para la empresa, en la práctica, denunciar un acto de corrupción entre privados porque los incentivos que pone la ley de responsabilidad penal de las personas jurídicas están mal puestos”, agregó.

En esa línea, señaló que “hay un antes y un después, pero lo diría en algún sentido también para peor”.

Tamara Agnic, directora de empresas, entre ellas Codelco, indicó que “hoy, en los directorios, evidentemente han cambiado las conversaciones, pero han cambiado porque hay una mayor conciencia de la responsabilidad que tiene la propia gobernanza de las empresas en frenar o evitar que se cometan estos delitos”.

Junto con ello, sostuvo que no es cierto que el aumento de los riesgos regulatorios pudiera llevar a los directorios a ser más conservadores, pues si bien deben “gestionar riesgos que son nuevos, que son difíciles”, la tarea que tienen los directorios es “verificar que estén todas las condiciones para que la gobernanza de la empresa gestione razonablemente los riesgos a los que estamos enfrentados”.

Las reflexiones de Trivelli y Ostalé

Por su parte, Andrés Trivelli, gerente general de LarrainVial, señaló que las normas vigentes relativas a los riesgos legales en el mundo financiero “no son sólo para los directores, sino para todos los ejecutivos. Lo hemos vivido, hay gente que está, no paralizada, pero preocupada, ejecutivos intermedios. En algún momento tuvimos al oficial de cumplimiento formalizado”.

Junto con lo anterior comentó lo expuesto por la fiscal Toledo, y afirmó que, si los delitos para “los cuales esta ley fue creada no aparecen, creo que lamentablemente es producto de dos cosas: por un lado la justicia civil es superlenta, y eso ha hecho que muchas disputas civiles se lleven a tribulaes privados, y por otro lado, la justicia penal en este país es mucho más ágil, agresiva, y por lo tanto los que más rápido usaron (la ley) fue gente que tiene disputas económicas, y no disputas penales”.

A continuación, Trivelli planteó que “estamos viendo ahora todo esto que ha salido en las noticias, que es la primera noticia grande que hemos tenido, donde la ley de lavado de activos se está efectivamente utilizando para lo que fue originalmente pensada”, y que no tiene que ver con disputas civiles.

Por eso apostó a que en el país vendrá “una ola donde va a haber una presión fuerte, que me parece muy buena, para controlar efectivamente que el dinero malo” no entre al sistema formal.

En tanto, el director de empresas Enrique Ostalé, se refirió a la composición de los directorios, y explicó que si bien en Chile se ha venido avanzando, “todavía tenemos harto espacio si lo comparamos con prácticas en Estados Unidos u otros países del mundo”.

Al respecto, sostuvo que “estamos un poco anclados en que los accionistas quieren ser directores, a pesar de no ser las personas indicadas. Puede quedarse en el directorio por 20, 30 o 40 años, y nadie en su sano juicio puede pensar que, en un entorno tan cambiante, son las personas indicadas para el negocio”.

“Es curioso, porque es el patrimonio de ellos el que está en juego, pero está esa validación, no sé si tiene que ver con temas más personales, pero eso lleva a que a veces cueste renovar los directorios, o cueste traer talentos nuevos”, añadió.

Las miradas de Montenegro y Tagle

También sobre la aplicación de la Ley de Delitos Económicos, Josefina Montenegro, directora de empresas como Cencosud e Invercap, señaló que “obviamente amplía el mapa de riesgos legales, penales”, pero agregó que “más que un obstáculo, es un ajuste necesario”.

No obstante, Guillermo Tagle, director de Indumotora y presidente del DCV, acusó “la cantidad de horas dedicadas a ver, no si hemos cometido los delitos, sino a entender los procedimientos para que, en la eventualidad de que ocurra, tengamos bien establecidos los protocolos”.

“La cantidad de horas dedicadas a eso evidentemente afecta a la productividad. Estamos en un país que nos hemos ido movilizando en todo lo que es expansión, dinamismo y crecimiento, y en parte porque nos hemos ido llenando de cosas que alguien pensó que eran necesarias que estuvieran en la ley”, enfatizó.