Reformular el empleo público será uno de los temas centrales que tiene considerado impulsar el Presidente electo, José Antonio Kast, cuando asuma el gobierno el 11 de marzo del 2026.

Entre los cambios que menciona su programa de gobierno promete un nuevo Estatuto Administrativo, que tiene como objetivo el facilitar la desvinculación por bajo desempeño, evaluaciones anuales efectivas, término automático de asesores con el cambio de gobierno y concursos públicos como regla general. La reforma al Estatuto Administrativo requiere cambios legales.

Asimismo, propone regular la contratación de asesores de confianza, fijar cuotas para esos cargos y tope de gasto anual.

De acuerdo a un informe de Pivotes, en 2025 el Presidente de la República cuenta con 2.449 cargos que son de su exclusiva confianza, los cuales a su vez, tienen que recurrir a asesores que suman hasta 8.000 este año.

En otro punto se menciona que se aplicará de manera efectiva la ley que prohíbe el derecho a huelga en el sector público, prometiendo el “fin a la impunidad en las huelgas legales”.

En ese sentido, el programa enfatiza que se descontará los días no trabajadores y que habrá sanciones disciplinarias a quienes paralicen servicios esenciales.

Regulación del teletrabajo

También se propone una regulación para el teletrabajo, basada en productividad. De acuerdo a una última información de La Tercera, los funcionarios que figuran con teletrabajo en la Región Metropolitana son 2.590, considerando 40 subsecretarías y Presidencia. Si se suman las nóminas publicadas en Transparencia Activa de los funcionarios autorizados a hacer teletrabajo, lo que considera además a las regiones, la cifra llega a 3.622.

En el programa de Kast, se establece que las remuneraciones y reajustes de los funcionarios estarán ligados al desempeño y satisfacción usuaria, junto con la verificación de licencias falsas antes de nuevas contrataciones.

También afirma que se desvinculará a lo que llaman “operadores políticos”, para luego avanzar en cambios legislativos en el empleo público.

Con ello, lo que se buscará es fomentar “la promoción de la carrera funcionaria en el mérito, limitando la contratación de funcionarios de confianza de la autoridad de turno y permitiendo la movilidad de los funcionarios al interior de las instituciones del Estado en base a mérito y resultados”.

Para controlar el uso fraudulento de las licencias médicas se promete que se cruzará permanentemente los datos entre Contraloría, Servicio de Impuestos Internos (SII), PDI, Superintendencia de Seguridad Social y Fonasa. A ello se suma la desvinculación inmediata de quienes hayan cometido fraude.