Marina del Sol y Dreams tienen una serie de reparos al proceso de licitación que está llevando adelante la Superintendencia de Casinos de Juego (SCJ) y pidieron al Tribunal de la Libre Competencia (TDLC) suspender el proceso para revisar las alertas en el contexto de una causa no contenciosa en el TDLC.

La preocupación de los solicitantes tiene relación con que no ven óptimo que se revisen sus reparos con el proceso llevándose adelante en paralelo.

El caso es de fines de mayo y la última actualización fue que el TDLC reanudó el proceso de licitación del casino de Viña del Mar, luego de que este mismo lo suspendió a raíz del proceso que comenzó Marina del Sol. Pero con esa reanudación, también dio plazo para que se aportaran nuevos antecedentes y Dreams se sumó en ese contexto.

“No implica prejuzgar los antecedentes de la consulta, sino que sólo permitirá al H. Tribunal adoptar una decisión que sea eficaz, útil y practicable, lo cual no va a poder ocurrir en caso de que la suspensión no se conceda”, dice el estudio de abogados Pellegrini & Rencoret en su escrito y en representación de Dreams.

Así, de darse acogida a la solicitud, el TDLC frenaría el proceso de licitación de los casinos de juego en las comunas de Iquique, Viña del Mar, Pucón y Coquimbo, que actualmente se encuentra en proceso de recepción de ofertas.

“La suspensión puede ser decretada de modo eficaz, sin afectar derechos adquiridos por terceros, ni alterar etapas del procedimiento ya concluidas”, aseguran.

Otro argumento es que, si se entrega la concesión por 15 años antes de resolver las quejas de las licitaciones, revertir el proceso tendría “costos significativos para el sistema”.

Además, según estiman, la suspensión no generaría un perjuicio para la SCJ y los municipios. “Los operadores actuales continuarán operando conforme a los términos de sus respectivas renuncias”, dijo en relación al actual funcionamiento de los casinos en sociedades administradas por Enjoy (Viña del Mar, Pucón y Coquimbo) y Dreams (Iquique).

Los reparos al proceso

Según el escrito, las partes, que hoy operan casinos en Chile, estiman que el proceso de litiación “contiene aspectos que son evidentemente contrarios a la competencia”.

Para el caso de Iquique, se argumenta contra la obligación de entregar el inmueble al final del plazo de operación sin recibir compensación alguna; la imposición de contratar a un 100% del personal de juego contratado por el operador actual; y la obligación de realizar infraestructura y obras complementarias predefinidas y que no se relacionan con la operación del casino.

“Establecen la obligación de realizar grandes inversiones sin posibilidad de recuperar los retornos, pues obligan a traspasar todo el valor de la inversión a la municipalidad”, dicen.

En el caso de Coquimbo, argumentan contra que “se comprometan inversiones mínimas elevadas y obras adicionales predeterminadas, otorgando una opción irrevocable de venta del inmueble a favor de la municipalidad, a un precio a definir posteriormente”.

“La falta de certeza sobre la eventual compra y su precio impiden proyectar correctamente la rentabilidad de los proyectos, afectando la competencia por la cancha”, agregan.

Mientras que, para la licitación del casino de Viña del Mar, se apeló que en su momento el TDLC acogió la suspensión, pero luego se revirtió al dar más plazo al proceso de licitación. En el escrito, argumentan que existen más problemas que “al escueto e insuficiente plazo otorgado por la autoridad”.

“La imposibilidad de proyectar los plazos de construcción del proyecto, así como la obligación de asegurar un 100% de continuidad laboral y construir obras de mejoramiento turístico”, dijeron en su escrito a modo de ejemplo.

Sobre la licitación de Pucón, se criticó que la “obligación de contratar a todo el personal de juego y la exigencia de obras complementarias de infraestructura turística también configuran un desincentivo a la participación por esta plaza, disminuyendo la competencia ex ante por el casino”.

La solicitud de fondo

Ante este contexto, las partes esperan que se atiendan sus reparos, ya que de no hacerlo, según su análisis, se puede “reducir el número de operadores interesados en postular e incentivar la presentación de ofertas económicas menores, precisamente por el mayor riesgo y menor atractivo económico de los proyectos”.

"Peor aún, puede replicarse la situación observada en los casinos licitados a Enjoy en 2016, aceptando ofertas temerarias e imposibles, que después no se cumplieron", agregaron en base al contexto que explican las licitaciones de ahora.

Otro factor que plantean es que el TDLC deba referirse a las bases de licitación; generaría incertidumbre en el proceso. “También puede desincentivar la participación en el proceso licitatorio. Ello, pues la licitación estaría sujeta a ser anulada o modificada”, comentaron.