Pese al complejo año que tuvo el Servicio Nacional de Aduanas, la institución logró recaudar cerca de $2.130 millones en multas por delitos aduaneros o de contrabandos.

Esto mediante la aplicación de la llamada Renuncia a la Acción Penal (RAP), medida extrajudicial a la que pueden acogerse quienes cometen este tipo de delitos aceptando pagar multas que pueden llegar a ser una vez el valor aduanero de las mercancías involucradas. Lo bueno de esta medida es la recaudación de impuestos de forma más expedita sin generar gastos fiscales en costos judiciales y el reconocimiento de las faltas por parte de los infractores.

Según informó la entidad, en 2020 las diversas áreas de la institución fiscalizadora lograron trabajar con relativa normalidad gracias a la implementación de una serie de medidas de contingencia, que junto con propender al cuidado de la salud también ha tenido como objetivo mantener la operatividad del comercio exterior y toda la cadena logística que gira en torno a él.

En total, el Servicio Nacional de Aduanas logró recaudar $ 2.129.632.750 por la aplicación de la RAP, lo cual representó una disminución del 16% respecto al 2019, cuando se recaudaron $ 2.557.120.496.

El Director Nacional de Aduanas, José Ignacio Palma, resaltó que “aún en un año tan difícil, nuestros funcionarios y las áreas judiciales pudieron desarrollar con bastante efectividad su trabajo en lo que respecta a la Renuncia a la Acción Penal. Se trata de un mecanismo muy importante y efectivo como fuente de recaudación de impuestos y de simplificación de los procesos judiciales”.

A nivel nacional, la coordinación y seguimiento periódico la realiza el Departamento de Defensa Judicial de la Subdirección Jurídica de Aduanas, generando con los equipos jurídicos regionales criterios de trabajo común.

También se trabaja con los departamentos de Control de Tráficos Ilícitos y Fiscalización Contra la Evasión Tributaria Aduanera, ambos de la Subdirección de Fiscalización de Aduanas, desde donde se da inicio a los procedimientos que luego terminan en instancias jurídicas, ya sea en los Tribunales Tributarios y Aduaneros (TTA), los Tribunales de Garantía y a través de salidas alternativas como las RAP.