#ArchivoLT | Emiliano Arias, el fiscal rebelde

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Emiliano Arias no fue el típico estudiante de Derecho. Era inquieto, pasó por varios colegios en su natal Chillán y decidió ser abogado porque pensaba que le daría libertad. Luego de una ascendente carrera de 15 años en el Ministerio Público, la persecución de casos de financiamiento irregular de la política lo llevaron a tener una exposición pública que nunca sospechó. En 2016, Reportajes de La Tercera publicó un perfil del persecutor en medio de la pugna que sostenía con el Fiscal Nacional, Jorge Abbott. Éste es el retrato de su personalidad.




Cuando escuchó el llamado, Emiliano Arias estaba en lo profundo de la Cordillera de Nahuelbuta con su pareja, Marisa Navarrete, y la hija de ambos, entonces de cuatro años. Buscaba aprovechar sus vacaciones para fotografiar al zorro de Darwin, una especie endémica de Chiloé que está en peligro de extinción y que rara vez se muestra ante humanos. Era febrero de 2015 y Arias descansaba de sus intensas labores como fiscal jefe de Pudahuel. En los meses anteriores había estado ocupado con el juicio oral por un caso de corrupción en la PDI y con la investigación del "robo del siglo" en el aeropuerto Arturo Merino Benítez, de cuya losa se habían sustraído $ 6.500 millones. Arias se había ido de Santiago con la satisfacción de que el OS-9 había capturado a los primeros sospechosos del caso en enero. Todo marchaba bien. Entonces sonó el teléfono.

Inexplicablemente, el celular tuvo señal en medio del cerro y recibió la llamada del fiscal nacional, Sabas Chahuán. De Santiago llegaban noticias alarmantes: los fiscales Carlos Gajardo y Pablo Norambuena habían renunciado luego de que su jefe en la Fiscalía Metropolitana Oriente, el fiscal regional Alberto Ayala, les hubiera quitado la investigación del caso Penta-SQM. Tras un par de decisiones erráticas de la fiscal nacional (S) Solange Huerta, Chahuán decidió asumir la investigación, mantener a los fiscales renunciados y sumar a uno de sus persecutores de confianza al nuevo equipo que operaría bajo su mando. En ese llamado telefónico, Chahuán le ofreció el puesto a Arias. Sus vacaciones terminaron abruptamente.

Aunque no se arrepiente de lo que ha hecho desde entonces, últimamente Arias piensa qué hubiera pasado si esa llamada no hubiera ingresado; si la urgencia hubiera obligado a Chahuán a buscar otro candidato y si él se encontraría en la compleja situación que enfrenta hoy dentro del Ministerio Público, donde trabaja desde hace 15 años. También se le ha venido a la mente una frase que le dijo un fiscal italiano que investigaba a la mafia, durante uno de los incontables seminarios internacionales en que ha participado como fiscal: "Si te dedicas a investigar la corrupción, tienes que estar preparado para quedarte solo algún día".

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Irma Madariaga tenía cáncer cuando dio a luz a su quinto hijo en Lonquimay. Ella falleció sólo un mes después y el niño, bautizado como Emiliano, tuvo que ser criado por su padre, abuela y tías. El viudo, Marcos Arias, regresó a Chillán, su ciudad de origen, junto a sus hijos, para apoyarse en la familia. Dejó a los niños viviendo de lunes a viernes en casa de su madre, Graciela Fernández, en la esquina de Constitución con Yerbas Buenas, para que estuvieran cerca de sus colegios, ya que él se pasaba todo el día trabajando como funcionario de la Empresa de Ferrocarriles del Estado (EFE) y administrando el campo familiar. Antes de que Emiliano cumpliera 10 años, su abuela también falleció, y la tarea de cuidar a todos recayó en una mujer aún mayor, su tía bisabuela Margarita Fernández, que llegaría a bordear el siglo de vida.

Emiliano fue mostrando una personalidad inquieta mientras crecía bajo la mirada protectora de sus hermanos mayores. José Miguel Arias (47), hoy dedicado a la administración de fundos, era el más próximo en edad. El recuerda una infancia arriba de los árboles del campo de su padre, rodeados de todo tipo de animales y en la que su hermano chico se cambiaba de colegio constantemente. Tratando de buscar una respuesta para su falta de interés, unos profesores le sugirieron a su padre subirlo de cuarto a sexto básico, porque parecía entender bien las materias. Nada cambió. Al final de su trayectoria básica y media, Emiliano había pasado por siete escuelas y terminado en el Colegio Chillán, que era conocido por su modelo educativo flexible. "Al Colegio Chillán iban puros barrabases a quienes echaban de otros colegios. Recién ahí se halló", cuenta su hermano José Miguel.

La familia pensaba que Emiliano se inclinaría por una carrera como Veterinaria, por la pasión que desde chico sentía por los animales y el campo. Cuando el menor de los Arias contó que quería que ser abogado, hubo cierta sorpresa, pero su padre se mostró muy satisfecho. Graciela, la hermana mayor, era doctora y a él "le gustaba la idea de tener un médico y un abogado en la familia", cuenta José Miguel. Según sus cercanos, un amigo de José Marcos Arias, el mayor de los tres hombres, influyó en la decisión. Se llamaba Eric Mellado y ya estaba titulado de abogado. A través de sus conversaciones, Arias habría entendido las posibilidades que brindaba el ejercicio del derecho, la libertad de trabajar en diferentes ámbitos y de salir de Chillán. Aunque le gustaba esa vida del campo, no quería atarse.

En 1993, Emiliano Arias se trasladó a Concepción para estudiar en la Universidad Católica de la Santísima Concepción. Arrendó un departamento en calle Tucapel, justo al frente de la Corte de Apelaciones de Concepción, que compartió primero con su amigo de Chillán Baltazar Guajardo y luego con uno de sus compañeros de Derecho, Michaelangelo Bianchi, actualmente fiscal en el Biobío. Juntos iban habitualmente al "Cariño Malo", donde descubrieron a Los Tres, Santos Dumont y, algunos años más tarde, a Los Bunkers.

Uno de sus compañeros de carrera era Alex Matute-Johns, cuyo hermano, Jorge, desapareció misteriosamente una noche de fines de 1999. Años después, Arias se encontraría nuevamente con el nombre de Matute-Johns en su revisión del caso SQM, por el vínculo de su sociedad Harold's and John's Business and Law con Asesorías y Negocios, la empresa de Giorgio Martelli, en la denominada precampaña de Michelle Bachelet. Arias habría pedido expresamente no participar de esta arista.

Al terminar la carrera, Arias decidió especializarse en el área penal, porque era una rama más conectada con el mundo real, con menos entelequia jurídica que el área civil o comercial. El profesor que más lo marcó en esa época, y que fue clave en su determinación de convertirse en penalista, fue Enrique Tapia, ex ministro de la Corte Suprema. Su primer proyecto de memoria lo inició bajo su guía y tenía como tema la Reforma Procesal Penal. En ese proceso de investigación se convenció de que quería ser fiscal. Antes de postular al Ministerio Público en 2001, trabajó cuatro meses en la oficina de derecho tributario de Jorge Caro. Según sus cercanos, se aburrió rápidamente, pero aprendió un par de cosas que le servirían 15 años después, a la hora de enfrentar causas que incluyen delitos de este tipo.

En los primeros seminarios de preparación para los futuros fiscales, Arias trabó amistad con dos abogados que mantienen un rol importante en su vida hasta el día de hoy, aunque por razones opuestas: Pablo Gómez y Manuel Guerra. Los tres se transformarían en fiscales regionales y recibirían la responsabilidad de indagar los casos de investigaciones por financiamiento irregular de la política.

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Emiliano Arias se quedó sin protección hace un mes. Carabineros le tenía asignado un PPI (Protección para Personas Importantes) desde 2008, cuando investigaba a un grupo de ex lautaristas por la muerte del cabo Cristián Vera y fue amenazado de muerte por integrantes de grupos antisistema. Un coronel de Carabineros le preguntó si avizoraba algún riesgo. El respondió que no.

La crisis que tiene al fiscal Arias sumariado y fuera de la causa Corpesca comenzó algunos días después de ese hecho, aunque los antecedentes vienen de casi un año antes, desde que se distanció de uno de sus grandes amigos en el Ministerio Público: el fiscal regional de Valparaíso, Pablo Gómez.

De acuerdo a diversas fuentes, el conflicto tiene su origen en la postulación de Marisa Navarrete, pareja de Arias, a un cargo en la Fiscalía de Valparaíso. En ella habría obtenido una buena nota en la prueba de conocimientos, pero una mala calificación en la entrevista, lo que la habría dejado sin opción de adjudicarse el cargo. Poco después, el concurso se declaró desierto. Desde la Quinta Región argumentan que la mala evaluación de la entrevista tuvo que ver con una supuesta falta de conocimiento sobre la ley de drogas, mientras que en el entorno de la familia Arias Navarrete sencillamente perciben que hubo mala fe.

Con la asunción del nuevo fiscal nacional, Jorge Abbott, las causas complejas fueron devueltas progresivamente a los fiscales regionales, dejando atrás la doctrina del último año de Sabas Chahuán a la cabeza de la institución. Penta y sus derivadas se quedaron a cargo de Manuel Guerra, nuevo jefe de la Metropolitana Oriente, mientras que SQM fue traspasada a Pablo Gómez, de Valparaíso. Esta decisión afectó directamente a Arias, quien tuvo que ponerse a las órdenes de su ex amigo a fines de 2015, para continuar el trabajo que venía realizando con la fiscal Carmen Gloria Segura bajo la supervisión de Chahuán.

El conflicto entre ambos no permitió una convivencia pacífica dentro del equipo y Arias regresó a la Fiscalía Occidente en febrero de este año. Para entonces, la revista Qué Pasa y otros medios habían comenzado a publicar una serie de correos entre el ex ministro de Economía, Pablo Longueira, y el gerente general de SQM, Patricio Contesse. En ellos se discutían aspectos del proyecto de ley de royalty minero que el gobierno presentaría al Congreso. Reveladas estas comunicaciones, ambos fiscales comenzaron a enfrascarse en una discusión pública respecto de las fechas en que Gómez tuvo acceso a los correos. Mientras Arias aseguraba que los antecedentes habían estado a disposición de Gómez desde el primer día, este último aseguraba haberlos conocido en enero de 2016. La polémica fue pública, con declaraciones cruzadas a través de los medios y de redes sociales. Ambos fueron llamados al orden por el fiscal nacional.

En paralelo a esos acontecimientos se discutía el nombramiento del nuevo fiscal regional de O'Higgins. Arias estaba en la terna entregada por la Corte de Apelaciones y terminó siendo el elegido en mayo de 2016, a pesar de la oposición de Gómez, de algunas de sus asesoras directas y de sus propias dudas. "Había una oposición fuerte adentro, así que fue un voto de confianza mayor. Igualmente, era el mejor candidato", dice una alta fuente de la Fiscalía Nacional.

La designación de Arias también implicaba asumir el caso Corpesca, investigado por la fiscal Ximena Chong, que tenía al senador Jaime Orpis (UDI) como imputado por cohecho. A partir de entonces, en las altas esferas de la Fiscalía Nacional comenzaron a advertir lo que describen como un "exceso de figuración" de parte del nuevo dueño del expediente. También empezaron a sospechar que era responsable de ciertas filtraciones a los medios. Ese era el ambiente cuando Arias le dio la entrevista del lunes 15 de agosto a La Tercera. En ella, el fiscal señaló que podía "haber más casos como el de Orpis y más empresas que hayan hecho donaciones a políticos", y que "la Ley de Pesca es una ley en cuya formación se cometieron delitos".

Aunque los llamados de Abbott a sus asesores comenzaron ese mismo lunes (era feriado), la Fiscalía Nacional reaccionó al día siguiente. Abbott dio una entrevista a radio ADN, asistió a la Comisión Coordinadora del Sistema de Justicia Penal y luego sostuvo una reunión con sus tres asesoras más cercanas: Francisca Werth, directora ejecutiva; Marta Herrera, jefa de dos unidades, Anticorrupción y Jurídica, y Claudia Lefever, gerenta interina de comunicaciones. En esa cita se decidió instruir un sumario contra Arias y arrebatarle el caso Corpesca por "infringir el deber de reserva" y "referir cuestionamientos políticos". Sin embargo, la decisión consideró todo lo que venía pasando desde un año antes.

"Había demasiadas vocerías y mucho protagonismo de los fiscales. Poco antes de la entrevista, el fiscal nacional había dado instrucciones bien directas de no seguir hablando (…). Acá no se hizo un análisis aislado del hecho", afirma otra autoridad de la Fiscalía Nacional.

La respuesta inicial de sus pares fue de apoyo, pero los recursos de protección presentados ante la Corte de Apelaciones y la Suprema fueron debilitando esa posición internamente. El último fue desestimado este viernes.

"Formalmente, se perdió, pero en el fondo se ganó. Se puso el tema en el tapete. Si no hacíamos una defensa inmediata quedábamos en una posición desmejorada. No podíamos agachar la cabeza. No creo que haya habido un error estratégico", explica Marisa Navarrete, pareja y abogada de Arias, tanto en los recursos como en la investigación administrativa que lleva el fiscal regional Centro Norte, Andrés Montes.

A pesar de que algunos reconocidos fiscales aseguran que fue poco prudente al hablar de diligencias secretas y de calificar la ley de "corrupta" a la luz de una causa en la que aún no hay condenados, Navarrete insiste en que no se reveló nada que no estuviera publicado previamente en los medios ni se violó ningún instructivo del Ministerio Público. Y que llegarán hasta la Corte Interamericana de DD.HH. de ser necesario.

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Cuando Arias supo que iniciaría su carrera como fiscal en el norte adoptó un basset-hound para no irse solo. Lo llamó "Ron". Después de un breve paso por Diego de Almagro, en la Región de Atacama, ambos se fueron a Arica en 2002, donde el asistente de fiscal comenzó a hacerse un nombre investigando el contrabando de locos a Tacna. Luego regresaron a Concepción, donde Arias investigó el caso de "Los Gatos" en Talcahuano, una organización de piratas que les robaban en alta mar a las mismas pesqueras del Biobío que Arias investigaría años más tarde en el marco del caso Corpesca. "Lo conozco desde entonces. Se hizo conocido por ese caso. Su especialidad eran causas por drogas y crimen organizado. Como estaba bien considerado, lo llevamos a Santiago. Es un buen investigador, pero medio despelotado en lo administrativo", dice un ex superior.

Arias llegó en 2005 como jefe de Pudahuel a la nueva Fiscalía Metropolitana Occidente, dirigida entonces por Sabas Chahuán. Lo hizo junto a su pareja, Marisa Navarrete, que también era fiscal. Durante los 10 años que pasó allí se especializó en investigaciones de narcotráfico con conexiones internacionales, organizaciones criminales, trata de personas y agrupaciones subversivas. En ese último ámbito le tocó investigar el vínculo de la Coordinadora Arauco Malleco (CAM) con las Farc de Colombia. El ex fiscal Andrés Cruz trabajó con él en ese caso: "Tengo una excelente opinión suya, tenía facilidad para investigar. No creo que trate de lucirse sólo por la prensa. Me parece un tipo que se arriesga por la institución y que ahora es castigado por eso".

Aunque sus casos más resonantes en la jurisdicción occidente de la capital fueron los dos "robos del siglo" en el aeropuerto y el caso de corrupción en la PDI, sus cercanos cuentan que Arias recuerda especialmente un caso de maltrato en la Sociedad Protectora de Animales Benjamín Vicuña Mackenna, donde se sacrificaban entre 50 y 80 perros y gatos semanalmente. A partir de entonces, el fiscal comenzó a criar perros, gatos, tortugas y hasta una halcona llamada "Taína" en su parcela de Peñaflor. Fue en las clases de adiestramiento del ave que Arias conoció a Felipe Camiroaga, quien venía trabajando desde hacía varios años con el cetrero Cristián González en Chicureo.

Antes de ingresar al equipo investigador de Penta-SQM con Sabas Chahuán, Arias no tenía mayor experiencia en casos de corrupción de cuello y corbata. De ahí que algunos fiscales especializados opinen que no destacó particularmente en la indagatoria o que "es mejor investigador que litigante", como dice su amigo Guerra. "Su fuerte es el trabajo en el sitio del suceso, no es un fiscal gerente que le guste el trabajo de oficina", añade.

Tras 15 años en la institución, y a pesar de las polémicas, Arias cumplió su deseo de llegar a ser fiscal regional en O'Higgins. Sin embargo, poco antes del nombramiento, el perro que lo había acompañado durante toda su carrera en el Ministerio Público falleció. La muerte de "Ron" es vista hoy en casa de los Arias Navarrete como una suerte de señal de cambio que anunció la crisis.

Luego del rechazo de los dos recursos de protección, y a la espera del resultado del sumario, que se podría conocer el 22 de septiembre, Arias se tomará unas vacaciones de una semana junto a su familia. Pasará por Chillán para visitar a sus hermanos y recordar a su padre, que falleció en 2013, con 81 años. Aunque en Chillán todos apoyan las decisiones que ha tomado, su hermana mayor, Graciela, recomienda que mejor se ahorre problemas y se dedique a otra cosa. "Ella cumple con su rol maternal de hermana mayor nomás", dice José Miguel Arias.

Después de eso, Arias seguirá a Chiloé. Subirá los cerros de Nahuelbuta e intentará capturar una vez más al zorro de Darwin con su cámara fotográfica. Aunque no ha hablado con Jorge Abbott a lo largo de toda la crisis, ve difícil que el llamado del jefe que hace un par de años dio un giro en su vida laboral hoy se repita.

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