En Chile se generan más de 20 millones de toneladas de residuos al año y menos del 10% se recicla a nivel nacional. En este contexto, la Ley 20.920 —conocida como Ley REP— busca transformar el sistema de gestión de residuos mediante metas obligatorias para productos prioritarios como envases y embalajes, neumáticos, aceites lubricantes y aparatos eléctricos y electrónicos.

A casi una década de su promulgación, la normativa ha modificado la gestión municipal y empresarial de los residuos, situando también en el centro del sistema a quienes históricamente sostuvieron el reciclaje desde la informalidad: los recicladores de base. Según el Ministerio del Medio Ambiente, existen cerca de 60 mil recicladores en el país, aunque menos del 10% cuenta con certificación formal, lo que convierte su incorporación en un elemento crítico para el cumplimiento de las metas domiciliarias.

El desafío incluye además un cambio cultural aún incipiente. De acuerdo con el Barómetro del Reciclaje 2025, elaborado por Cadem y ReSimple, un 30% de las personas declara reciclar semanalmente, cifra superior a la del año anterior, pero que aún evidencia brechas en infraestructura y educación ambiental.

Cada 1 de marzo se conmemora el Día Internacional de las y los Recicladores de Base, fecha que adquiere mayor relevancia con la implementación de la Ley REP, la cual incorpora el principio de inclusión como eje estructural de la economía circular. Entre los instrumentos asociados se encuentran la certificación de competencias laborales a través de ChileValora y el registro nacional de recicladores.

Para la presidenta de la Asociación Nacional de Recicladores de Chile (Anarch), Soledad Mella —integrante además de la Red Latinoamericana y del Caribe de Recicladores y de la Alianza Internacional de Recicladores—, si bien se observan avances, el proceso aún está lejos de consolidarse.

“Hoy más que nunca los recicladores son reconocidos dentro de la gestión de residuos. El problema es que somos cerca de 60 mil en el país y solo 2.400 estamos organizados y articulados. Todavía falta censar, certificar y reconocer a más de 57 mil recicladores”, señala.

La dirigenta reconoce progresos en certificación y formalización, aunque advierte que la inclusión debe traducirse en condiciones operativas concretas. “No es suficiente el reconocimiento. Se requiere financiamiento, infraestructura y maquinaria. Existe el capital humano, pero falta inversión”, afirma. Asimismo, plantea la existencia de una competencia desigual con asociaciones municipales que operan como gestoras de residuos con mayor capacidad logística y financiamiento público.

Inclusión como mandato normativo

La ministra del Medio Ambiente, Maisa Rojas, sostiene que la inclusión dejó de ser voluntaria para transformarse en una obligación regulatoria. “La inclusión de recicladores de base dejó de ser una buena práctica y pasó a constituir un mandato normativo y un eje estructural de la economía circular”, indica.

En el caso de envases y embalajes, el decreto de metas obliga a los sistemas colectivos domiciliarios a incorporar recicladores en al menos el 50% de las instalaciones de recepción y almacenamiento, además de establecer planes de capacitación y mecanismos de pago a precio de mercado cuando se contrata directamente a recicladores.

Actualmente existen cerca de 4.000 certificaciones a nivel nacional. Según la autoridad, el Ministerio avanza en la modernización del Registro de Recicladores de Base y en su interoperabilidad con ChileValora para fortalecer una inclusión efectiva.

La ministra añade que uno de los principales desafíos es el despliegue territorial. “Avanzamos en un catastro nacional más robusto y en asegurar financiamiento permanente para procesos de certificación y nuevos perfiles laborales, especialmente en regiones”, señala.

Profesionalización e impacto social

La implementación de la Ley REP también ha exigido ajustes operativos a los sistemas colectivos de gestión. En el caso de ReSimple —el primer Gran Sistema de Gestión Colectivo constituido en Chile—, la integración de recicladores forma parte de su estructura operacional.

“La Ley REP reconoce sus funciones y valida su experiencia mediante certificación y capacitación”, afirma Macarena Olivares, gerenta de Vinculación Municipal y Entidades de la organización.

Actualmente, ReSimple trabaja con 31 empresas de recicladores y 17 cooperativas a nivel nacional. El aumento de la frecuencia del reciclaje domiciliario observado en el Barómetro del Reciclaje 2025 abre espacio para ampliar la cobertura territorial y fortalecer la infraestructura existente.

Más allá de los indicadores ambientales, el impacto del sector también posee una dimensión económica y social. Según Mella, la labor de los recicladores contribuye a reducir costos municipales asociados a la disposición final de residuos, evitando que millones de toneladas terminen en rellenos sanitarios.

Las cooperativas —44 a nivel nacional, según Anarch— han evolucionado hacia modelos organizativos que combinan sustento económico, gestión ambiental e inserción productiva formal. “Hoy entendemos que no solo es el sustento del hogar o la incidencia ambiental; también constituye una actividad económica con potencial de desarrollo”, concluye.