SEÑOR DIRECTOR:

El Estado debe fortalecer las políticas públicas y no restringir derechos; esa debiera ser la máxima que guíe el trabajo parlamentario. La discusión sobre la modificación de la Ley de Migración y Extranjería no es un debate meramente técnico, sino una decisión que define si Chile protege o excluye a quienes son, por definición, más vulnerables.

Restringir el acceso a beneficios fiscales y a servicios esenciales para niños, niñas y adolescentes migrantes los coloca en una situación de desprotección incompatible con la Ley de Garantías, la Constitución y los compromisos internacionales del país. Además, no resuelve problemas de capacidad ni mejora la gestión pública. Lo que se requiere, es un Estado responsable que amplíe y adapte las políticas públicas en salud y educación, no que levante muros administrativos que provocan regresión en derechos sociales.

Más allá del principio jurídico, existe una razón práctica y humana: garantizar el acceso a atención sanitaria, salud mental, educación y protección jurídica para la niñez migrante es invertir en cohesión social, prevención y dignidad. Reubicar o segmentar instrumentos sin asegurar financiamiento y funciones equivalentes solo genera vacíos operativos y desigualdad territorial.

El Congreso tiene la oportunidad de legislar con enfoque de derechos y diseñar soluciones que respondan a los nuevos escenarios demográficos sin sacrificar principios fundamentales. La Defensoría ofrece evidencia técnica y recomendaciones; ahora corresponde a los y las legisladores escucharlas y priorizar medidas que aseguren igualdad efectiva para todos los niños y adolescentes en el territorio nacional. La política pública debe abrir puertas, no cerrarlas.

Anuar Quesille

Defensor de la Niñez