SEÑOR DIRECTOR:

Don Álvaro Ferrer (18 de diciembre) plantea que cuando se analiza el acuerdo del 12 de noviembre de 2019, que dio origen al primer proceso constitucional, erróneamente se llama valentía y prudencia a lo que fue una claudicación del Estado, que se inhibió de emplear los medios de que disponía para controlar los desmanes. Los argumentos sobre las presiones internacionales y los derechos humanos serían excusas ex post para aliviar conciencias.

Al respecto, es difícil predecir el escenario que se habría presentado si se hubiese dispuesto que las FF.AA. controlaran la insurrección de aquel entonces. Lo que sí es claro que hoy tendríamos innumerables uniformados enfrentando juicios con probables sentencias de prisión. Un botón de muestra son los actuales procesos contra Carabineros, que tuvo la dura misión de proteger la democracia, sin medios suficientes, ni respaldo político ni legal.

Muchos ancianos exuniformados, hombres y mujeres, que no han torturado ni asesinado a nadie, que hoy –a más de 50 años de los hechos- cumplen injustas condenas por haber cumplido con su deber, son la vívida evidencia de que mientras no se cuente con racionales y legalmente respaldadas Reglas para el Uso de la Fuerza (RUF), “sacar a los militares a la calle” es condenarlos a la cárcel. Basta ya de que sean carne de cañón para suplir la incapacidad política.

Miguel A. Vergara Villalobos