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El Ministerio del Interior elaboró una primera propuesta para avanzar en un anteproyecto de ley para establecer las normas generales sobre el uso de la fuerza para funcionarios que cumplan labores de mantenimiento y restablecimiento del orden público y seguridad. En el borrador plantea cuatro puntos: legalidad, necesidad, proporcionalidad y responsabilidad.

El texto redactado por el excomandante en jefe, Ricardo Martínez, fue publicado en la página web de la institución, una vez que renunció a su cargo, en marzo del 2022. En el texto, el general (R) calificaba que la Caravana de la Muerte fue una “gran vergüenza institucional” y que "no se pueden violar derechos internacionalmente establecidos".

En concreto, en Arica se ha acumulado un total de 1.497 controles de identidad y 23 detenciones, mientras que en Tarapacá se han efectuado 3.023 controles y una persona fue detenida.

La ministra del Interior se refirió a la polémica por el uso de la fuerza por parte de los militares en el resguardo de la frontera, quienes deben seguir un protocolo antes de actuar. La jefa de gabinete enfatizó que "Chile no está en ninguna guerra", aunque respaldó el uso de las armas en los casos que sea absolutamente necesario.

Los entrenamientos de la policía uniformada al personal del Ejército ya comenzaron en las regiones de Arica y Parinacota, Antofagasta y Atacama, donde se instruye no solo en materia operativa, sino que también en aspectos conceptuales sobre en qué consiste la seguridad pública. Los cursos se extienden por una semana.

La institución informó a La Tercera que se ha "estado comunicando, en forma permanente, a los apoderados sobre la evolución de la presente situación, brindando los apoyos correspondientes y adoptando las medidas necesarias, en el marco del firme compromiso por el bienestar de sus alumnos”.

Ya son 24 días los que los efectivos de las Fuerzas Armadas llevan desplegados en las regiones de Ñuble, Biobío y La Araucanía, a partir del estado de catástrofe decretado por el gobierno el 3 de febrero. Desde entonces, la expansión de las llamas ha ido a la baja, según pudo constatar la Corporación Chilena de la Madera (Corma). El gremio apunta a la efectividad que entrega combatir a los grupos delictuales, pues la presencia militar se ha duplicado.

El gobierno reingresó el decreto -el cual ya fue tomado de razón- que permite el despliegue de los efectivos militares y los límites fronterizos de las regiones de Arica y Parinacota, Tarapacá y Antofagasta. Si bien en su mayoría se hicieron cambios de forma, también se contempló uno de fondo: dejar constancia de que los arrestos deben ajustarse a los tiempos que fija la actual Carta Magna.

El Ministerio del Interior había ingresado el martes la normativa que autoriza el control de las Fuerzas Armadas en zonas de infraestructura crítica, como la frontera. Se espera que se le realicen ajustes, ante el riesgo de no ser visada por el ente contralor.

El Ministerio de Defensa emitió una resolución exenta en que reconoce estos hechos de violencia hacia quienes intentan controlar los incendios desde helicópteros dispuestos para la emergencia. Por lo mismo, se aumentarán los controles para supervisar el traslados de municiones y armas por parte de personal civil.

Durante la jornada de este lunes Contraloría tomó razón del decreto con fuerza de ley enviado por el Ejecutivo para el resguardo de las fronteras por parte de las FF.AA.

Las denuncias fueron cursadas al Ministerio Público.

"Lo que queremos es que las personas se sientan seguras, que cuando exista una alerta de evacuación puedan hacerlo porque es una medida para proteger sus vidas”, destacó la ministra Maya Fernández.

El vicealmirante Pedro Ahrens afirmó que "las instituciones están prestas como siempre a colaborar con todos sus medios polivalentes y sus capacidades para atender los diferentes requerimientos que Senapred hace permanentemente”.