SEÑOR DIRECTOR:

La inseguridad es una preocupación relevante para la población chilena (Encuesta IPSOS, 2025). Para su abordaje, se proponen políticas de prevención, control y reinserción social. Poniendo el foco en la reinserción, uno de los principales medios para lograrla es la educación. En el contexto carcelario, esta se aborda mediante la educación básica y media, alcanzando al 43,6% de la población condenada. Sin embargo, si se observa de manera más integral, se constata que la educación superior es una arista escasamente desarrollada.

Hace unos días se conocieron los resultados de la PAES. En gran medida, estos definen las trayectorias educativas —y de vida— de la población general. Más allá de este reconocimiento, hay historias que quedan ocultas a la opinión pública, especialmente de quienes, cumpliendo una condena, se inscriben y rinden esta prueba. En la última versión de la PAES, 1.918 personas recluidas rindieron la prueba, lo que representa el 0,03% de la población privada de libertad.

Ante ello, ¿qué posibilidades reales tienen estas personas de iniciar sus estudios con sus resultados en mano? La respuesta es bastante desalentadora, pues muy pocas universidades cuentan con programas educativos a nivel superior en las cárceles chilenas.

La evidencia internacional y local confirma los beneficios de vincular a las universidades con el sistema penitenciario. Estas pueden desarrollar docencia, investigación y extensión, mejorando el uso del tiempo, dando un sentido a la sanción y facilitando la reinserción social. Más aún, al estar presentes en las cárceles, aumenta la transparencia, disminuye la corrupción, se fortalece la democracia y se forman profesionales con conciencia y compromiso con la comunidad.

Javier Martínez Saa

Centro de Sistemas Públicos de la Facultad de Ciencias Físicas y Matemáticas. Universidad de Chile.

Olga Espinoza Mavila

Profesora asistente de la Facultad de Gobierno. Universidad de Chile