SEÑOR DIRECTOR:

Según la Constitución chilena, pueden votar todos los extranjeros que lleven más de cinco años viviendo en el país, que sean mayores de edad y que no hayan sido condenados a penas aflictivas. Los cinco años se contabilizan desde la obtención de un visado de residencia temporal.

En la actualidad, este derecho político lo tienen 786.644 personas. La mayoría de ellas proceden de Perú (24%), Venezuela (22%), Colombia (12%), Haití (10%) y Bolivia (9%). Si bien esto supone un incremento del 194% con respecto a 2017, en términos generales apenas representa el 5% de las personas con derecho y obligación de sufragar.

También es importante mencionar que las personas extranjeras pueden votar en todos los procesos electorales (es decir, municipales, regionales y nacionales). Según la experiencia comparada, Chile es uno de los tres países del mundo donde la población migrante tiene ese nivel de participación. Esto lo convierte en un ejemplo a seguir en términos de inclusión e integración social de los extranjeros.

Lamentablemente, las narrativas xenófobas imperantes tratan de instalar un debate en el que la participación de los migrantes se presenta como un problema. Se habla de un “ellos” distinto y con menos derechos que un “nosotros”, y se afirma que ese “nosotros” debe eliminar la posibilidad o, al menos, limitar el alcance político de ese sujeto que no se reconoce como igual en derechos.

Por tanto, el debate que hoy se da en el Parlamento sobre el voto de los migrantes debe alejarse urgentemente de estas posturas. Es necesario que los actores políticos se dirijan a la ciudadanía migrante que existe en Chile y reconozcan en esta participación un continuum de los esfuerzos que ha hecho el país para profundizar la democracia mediante una mayor participación de sus ciudadanos.

Neida Colmenares, Universidad Central

Patricia Rojas, Asoven