SEÑOR DIRECTOR:

El anuncio de un endurecimiento a la Ley de Responsabilidad Penal Adolescente reabre un debate necesario, pero conviene precisarlo. La discusión no debería centrarse en si el adolescente de 16 o 17 años sabe que matar o robar está mal: a esa edad existe plena conciencia de la ilicitud. El fundamento real de un tratamiento diferenciado es otro: la inmadurez en el control de los impulsos y en la ponderación de consecuencias, procesos que el desarrollo neurocognitivo humano completa recién en la adultez joven. Confundir ambos planos lleva a soluciones equivocadas.

Endurecer penas o trasladar casos a la jurisdicción de adultos, sin más, tampoco resuelve el problema de fondo. Buena parte de los adolescentes que participan en delitos graves son instrumentalizados por estructuras de crimen organizado que los usan precisamente por su condición de menores. Sancionar con mayor dureza a quien fue utilizado, mientras el adulto que planifica y se beneficia permanece menos expuesto, no desarticula esas redes ni reduce la criminalidad.

Un sistema penal juvenil serio exige jueces especializados, sanciones con perspectivas reales de rehabilitación e inversión sostenida en educación temprana y en la sostenibilidad de las familias. Sin ese abordaje integral, cualquier reforma procesal será, en el mejor de los casos, incompleta.

Valeska Rivas Arias

Directora del Magíster en Derecho Penal y Procesal Penal, Universidad Autónoma de Chile