SEÑOR DIRECTOR:

El sistema de fiscalización de Codelco está cuestionado. La empresa recurrió a tribunales para rechazar la exigencia de toma de razón de la Contraloría sobre su contrato con Minera Ascotán (litio), alegando que ese control es ajeno a su naturaleza empresarial. Paralelamente, una comisión investigadora de la Cámara concluyó que el acuerdo Codelco-SQM generó perjuicio fiscal por no licitarse, y otra deberá investigar la sobreestimación de casi 27 mil toneladas de cobre en 2025 —que gatilló polémicos bonos millonarios—, además de cuestionamientos por la remodelación de su casa matriz. El lunes, la actual administración hizo público un informe que expone la compleja situación de endeudamiento de la Corporación.

Estos episodios evidencian que no hay claridad sobre quién controla qué en Codelco: la Contraloría fiscaliza legalidad, la Cámara lo hace políticamente sin poder vinculante, la CMF revisa gobierno corporativo, y Cochilco, que debería ser el organismo técnico clave, opera con un marco normativo antiguo y facultades débiles.

Que un tribunal resuelva si la Contraloría puede exigir toma de razón no soluciona el problema de fondo: la falta de un marco legal moderno que defina las competencias de cada fiscalizador.

Chile necesita actualizar por ley el estatuto de control de Codelco, sin perjuicio de los esfuerzos internos ya realizados, entregando a Cochilco facultades modernas de auditoría técnica, de inversiones y de procesos, coordinadas con la Contraloría y con seguimiento efectivo a las fiscalizaciones parlamentarias, sin afectar la gestión exitosa que Codelco debe alcanzar.

Joaquín Morales

Profesor Facultades de Derecho

U. de Chile y U. de Santiago