SEÑOR DIRECTOR:

Dos decisiones pendientes del Ejecutivo mantienen en suspenso a miles de familias, docentes y municipios.

El Ministerio de Educación comprometió ingresar al Congreso, en los primeros 90 días de gobierno, un proyecto para modificar el Sistema de Admisión Escolar. Ese plazo no se cumplió. Hoy, a semanas de que las familias deban postular a establecimientos para el año escolar siguiente, no saben si el proceso operará con las reglas actuales o con otras que el propio gobierno ha señalado querer cambiar. Nadie puede orientarlas con certeza.

Con los Servicios Locales de Educación Pública (SLEP) ocurre algo distinto pero igualmente grave. La ley está vigente y el calendario de traspasos también: en enero de 2027, 11 SLEP que ya existen y están en operaciones, deberían recibir el traspaso de establecimientos. Hace semanas, la ministra Arzola señaló públicamente que evalúa suspender esa implementación. Esa señal no fue seguida de una propuesta concreta ni de un plazo para definirla. Municipios que deben planificar sus presupuestos, directivos que deben proyectar sus equipos, y comunidades que necesitan saber quién será el sostenedor de sus colegios, llevan meses esperando una definición que no llega.

Gobernar un sistema educativo exige más que anunciar intenciones. Exige cumplir los compromisos asumidos, o explicar con transparencia cuándo y por qué cambian. Las familias, los docentes, los municipios y las comunidades educativas merecen una autoridad en la que puedan confiar para tomar decisiones que definen el futuro de sus hijos y sus instituciones.

Ingrid Olea Sepúlveda

Directora ejecutiva de Educación 2020