SEÑOR DIRECTOR:

La discusión del Presupuesto 2027 abre una pregunta: ¿qué lugar tendrá la prevención de vulneraciones que afectan a niños, niñas y adolescentes?

El último Diagnóstico de la Defensoría de la Niñez advierte un aumento de 46,4% en las víctimas de violencia sexual entre 2019 y 2025 y señala que más de 41 mil niños, niñas y adolescentes estaban en lista de espera para programas de protección especializada durante el año pasado.

Frente a esa realidad, hablar de protección no puede limitarse a financiar respuestas cuando el daño ya está hecho. Prevenir exige fortalecer la primera infancia, los entornos escolares, la salud mental, el acompañamiento a las familias y las capacidades territoriales.

Hoy se destinan no más de US$40 millones al sistema de protección integral a la niñez, a través de las Oficinas Locales de la Niñez, para llegar a los 4,4 millones de niños, niñas, adolescentes y jóvenes del país. Sin embargo, se destinan más de US$700 millones a los servicios de protección especializada y reinserción juvenil, que atienden a no más de 290 mil niños, niñas, adolescentes y jóvenes al año.

Es claro que estamos llegando tarde, destinando la mayor parte de los recursos cuando la vulneración ya ocurrió o cuando niños y adolescentes ya se han vinculado con el delito.

Cuando se trata de niñez, destinar recursos a la prevención es evitar que situaciones que podrían abordarse tempranamente terminen convirtiéndose en vulneraciones graves, más difíciles de reparar, o deriven en involucramiento en delitos durante la adolescencia.

El Presupuesto 2027 es una oportunidad para que la prevención deje de ser una aspiración y se transforme en una prioridad respaldada por recursos.

Juan Pablo Venegas Gormaz

Gte. de Incidencia Pública de World Vision Chile