La Moneda dio señales de que busca un tono más conciliador en la tramitación de su Agenda contra el Crimen Organizado y el Terrorismo, luego de que comunicara al presidente de la Comisión de Constitución del Senado -militante del PPD- que retirará la reforma constitucional destinada a crear un nuevo estado de excepción por seguridad pública, a cambio de que se trabaje una propuesta alternativa y consensuada. Esta buscaba entregar al Presidente de la República facultades extraordinarias por hasta 120 días, prorrogables por otros 120, sin contrapeso del Congreso.

La medida, no cabe duda, ayuda a descomprimir, considerando el frontal rechazo de que fue objeto esta reforma no solo por parte de la oposición, sino también en buena parte del propio oficialismo, lo que da cuenta del error que supuso haber elaborado una reforma de este alcance sin que esta haya tenido una sensibilización previa, pero además sin haber calibrado las repercusiones que una propuesta así tendría, lo que además de haber dañado la imagen del Mandatario -pues alimentó en varios el temor de que el gobierno llegó con una pulsión autoritaria- ha entrampado la tramitación de la agenda de seguridad. Precisamente el país acaba de ser golpeado por el asesinato de un joven carabinero, en el cual, de acuerdo con antecedentes preliminares, habrían participado integrantes de una peligrosa banda internacional, un nuevo recordatorio sobre la necesidad de dotarse de todas las herramientas necesarias para combatir el crimen organizado.

Ayer, en el marco del lanzamiento de un plan para hacer frente al desempleo, el Presidente Kast aprovechó de aludir a su reforma en seguridad. Señaló que “valoro tanto que estén aquí las distintas representaciones políticas, porque tenemos que sentarnos a conversar (…) Les agradezco cada corrección fraterna, porque es importante cuando a uno le representan algo”. El mismo presidente de la Comisión de Constitución de la Cámara Alta señaló que una vez que se retire esta reforma “tendremos la posibilidad (como Comisión) de liderar, encaminar y redactar una nueva y buena propuesta para Chile”.

Es un hecho que esta reforma constitucional había perdido fuerza, lo que se refleja en que el propio gobierno hace algunas semanas ya había dado señales que apuntaban a su congelamiento. Sin duda es acertado que el Ejecutivo esté optando ahora por la flexibilización y que busque alcanzar propuestas más consensuadas, algo que en materia de seguridad y combate al crimen organizado resulta especialmente crítico, porque a lo que se debería apuntar es a contar con medidas que trasciendan un gobierno en particular.

Buscar entendimientos más amplios supone también una dosis de realismo en el gobierno, tomando en cuenta los traspiés que ha encontrado la tramitación legislativa de la Agenda de Seguridad, donde, por ejemplo, la reforma constitucional que buscaba ampliar el plazo de detención de inmigrantes para su respectiva expulsión administrativa se perdió en la Cámara por un solo voto -el Ejecutivo buscará insistir en el Senado-, o el lío que se produjo con el proyecto antibarricadas “2.0”. Aunque en estos desaguisados también ha incidido el propio desorden en las filas oficialistas, sería una buena señal para el país que dicha agenda logre destrabarse, para lo cual también es necesario que la oposición muestre voluntad de diálogo.