El Presidente José Antonio Kast, en el marco de su gira a Nueva York para participar en la Asamblea General de la ONU, anunció sorpresivamente que Chile adhirió al “Escudo de las Américas”, una coalición promovida por el Presidente de Estados Unidos con el fin de coordinar a nivel regional un combate frontal contra el crimen organizado.

El gobierno ha buscado transmitir que la adhesión al “Escudo” no supone un tratado, sino que es un marco de coordinación voluntaria entre gobiernos americanos que permitirá combatir con mayor eficacia el crimen organizado transnacional, una realidad que -según recalca el comunicado oficial de la Cancillería- también permea a comunidades chilenas. Asimismo, se indicó que la participación en este grupo de coordinación genera beneficios operacionales inmediatos para Chile, como el acceso a información contra el crimen organizado, sistemas de análisis inteligente de datos, capacitación de fuerzas de seguridad como Carabineros de Chile y la PDI, y una mejor coordinación interfronteriza con Argentina, Bolivia y Perú -también firmantes del acuerdo-, además de otros países de la región.

Pese a estas explicaciones, el anuncio ha sido recibido de manera especialmente crítica por parte de la oposición, argumentando que el país se está subordinado a los intereses de Estados Unidos, lo que supone una pérdida de soberanía. Por de pronto, ya se anunció que esta será una de las materias que se incorporarán a la interpelación que mañana será sometido el canciller en la Cámara de Diputados, en tanto que los expresidentes Gabriel Boric y Michelle Bachelet manifestaron -en un comunicado conjunto- su preocupación por este anuncio y formularon un llamado directo al Presidente Kast para que reconsidere esta decisión. Entre otros aspectos, hicieron ver que la cooperación internacional es indispensable para enfrentar amenazas transnacionales como el crimen organizado; sin embargo, “ello debe realizarse siempre resguardando plenamente la autonomía de las decisiones de Chile y sin subordinar nuestra política exterior, de seguridad o defensa a prioridades definidas por una potencia extranjera”.

Resulta entendible que la incorporación a esta iniciativa liderada por el Presidente Donald Trump despierte una serie de interrogantes, pues se trata de una alianza que recién está tomando forma, y hay una serie de materias que necesitan precisarse para dimensionar su verdadero alcance. No se puede desconocer que recién esta semana se lanzó la declaración suscrita por 15 países de la región, en la que se definen los compromisos centrales que persigue el “Escudo de las Américas”. En tal sentido, es un hecho que este ha ido incorporando materias que no estaban explicitadas al comienzo, tal como quedó reflejado en la declaración al indicar que se articulará sobre tres pilares: económico, seguridad y coordinación multilateral. Ello sugiere que Washington está pensando en un acuerdo de alcances mucho más amplios que el crimen organizado.

Con todo, no resultaba razonable que Chile apareciera excluyéndose de una alianza que, sin perjuicio de conformarse a instancias de los intereses de Estados Unidos, en principio persigue un objetivo que para nuestro país también resulta prioritario, como es el combate al crimen organizado trasfronterizo, entregando desde ya acceso a información de inteligencia relevante. Justamente esta es la primera vez que se propone formalmente una instancia regional para tomar medidas conjuntas contra este flagelo, y estar presente desde el inicio permite incidir en su formulación, además del acceso a información de primera mano.

Por ello, al margen de las legítimas aprensiones, la crítica de que Chile está cediendo soberanía resulta en esta fase desmedida, pues se da por hecho que el país quedó sujeto a una serie de obligaciones, en circunstancias que lo firmado representa compromisos que cada país firmante deberá luego evaluar en función de su legislación interna e intereses. Sorprende, por lo mismo, que los expresidentes Bachelet y Boric se hayan plegado a estos cuestionamientos sin esperar a que se conozcan más antecedentes sobre la naturaleza de esta alianza o interiorizarse mejor sobre las razones que tuvo el Presidente Kast. Con ello han favorecido una inconveniente politización en el manejo de la política exterior, pues no había memoria de que exmandatarios cuestionaran conjuntamente las decisiones de un Presidente en ejercicio.

Si bien era difícil restarse de esta iniciativa, ello no obsta para reconocer que la incorporación al “Escudo de las Américas” conlleva complejidades. En ese sentido, el gobierno tendrá a partir de ahora la tarea de explicar detalladamente los alcances del acuerdo, tomando en cuenta que algunos de sus compromisos podrían requerir la aprobación del Congreso. Asimismo, se deberá poner especial celo para salvaguardar los intereses del país, pues sería ingenuo suponer que Estados Unidos no ejercerá presión sobre sus aliados.

En ese orden de cosas, tanto el Presidente Kast como el ministro de Defensa han asegurado que Chile no participará de operaciones militares fuera de su territorio y que tampoco se contempla autorizar la actuación de tropas extranjeras en suelo nacional para combatir el crimen organizado. Sin embargo, Estados Unidos ha estado llevando a cabo ataques sistemáticos a embarcaciones que supuestamente transportaban drogas, en tanto que sus tropas prestaron apoyo al ejército de Ecuador para bombardear instalaciones vinculadas al narcotráfico. Además, fue el propio Trump quien planteó en marzo que “el corazón de nuestro acuerdo es el compromiso de utilizar fuerza militar letal para destruir estos siniestros carteles”. Es relevante, por tanto, que si Chile no tomará parte en acciones militares, ello quede acordado en forma explícita.

En el plano económico, el texto menciona que “defendemos nuestras economías fortaleciendo la cooperación económica, explorando mecanismos de examen de inversiones, salvaguardando las cadenas de suministro de minerales críticos mediante fuentes de abastecimiento diversificadas y fiables, y promoviendo normativas sobre proveedores de confianza para la infraestructura digital que se apliquen de manera no discriminatoria”.

No cabe duda de que Washington hizo una jugada astuta al incorporar esta dimensión al acuerdo, ligándola a que un país que carece de políticas económicas sólidas se hace más vulnerable a la amenaza del crimen organizado. Sin embargo, es un hecho que los aspectos mencionados coinciden con los intereses que la Casa Blanca ha estado persiguiendo en sus negociaciones comerciales, algo que obliga en el caso de Chile a preguntarse hasta dónde estas cláusulas podrían comprometer, por ejemplo, su relación con China, que también es estratégica.