El presidente Donald Trump cancelará casi mil millones de dólares en gastos aprobados por el Congreso de Estados Unidos, utilizando un poder poco común y controvertido para recortar la financiación de los servicios para inmigrantes y las iniciativas centradas en la diversidad.

De acuerdo con la agencia AP, la Oficina de Gestión y Presupuesto de la Casa Blanca señaló que el recorte de fondos se centra en “el gasto público más perjudicial”.

Las reducciones propuestas, en lo que se conoce como una “rescisión de bolsillo”, fueron enviadas por Trump al presidente de la Cámara de Representantes, Mike Johnson, en una carta de notificación.

Una vez que Washington presenta las solicitudes de suspensión, los fondos se suspenden mientras el Congreso tiene 45 días para actuar. Sin embargo, dado que el año fiscal termina el 30 de septiembre, esto prácticamente significa que los fondos se cancelarán definitivamente, como explicó CNN.

Los recortes propuestos afectan a los departamentos de Comercio, Educación, Salud y Servicios Humanos, Seguridad Nacional, Vivienda y Desarrollo Urbano y de Justicia.

Varios de ellos afectan a programas de asistencia internacional que atienden a refugiados y menores no acompañados acusados ​​de estar en el país ilegalmente. El Ejecutivo estadounidense afirmó que estos fondos ya no serían necesarios porque los cruces fronterizos ilegales han disminuido considerablemente.

También se recortan un programa para estudiantes migrantes, otro para una oficina de Justicia centrada en la reducción de las tensiones raciales, servicios de asesoramiento en materia de vivienda, que la administración calificó de “francamente perjudiciales y descaradamente ideológicas”.

Otra revocación cancela US$567 millones destinados a la cuenta de Asistencia para Refugiados y Recién Llegados, que financia los programas de la Oficina de Reasentamiento de Refugiados dependientes del Departamento de Salud y Servicios Humanos (HHS).

A ellos se suma la cancelación de US$10 millones de los US$50 millones destinados a los programas de la Agencia de Desarrollo de Empresas Minoritarias, que según Washington son fondos asignados para “fines inconstitucionales basados ​​en la raza”.

Un comunicado de prensa de la Casa Blanca que anuncia la decisión argumenta que algunas de las organizaciones están dirigidas por personas que trabajaron en el gobierno del presidente demócrata Barack Obama.

La medida de la Administración Trump fue condenada por la senadora Susan Collins (Maine), republicana que se enfrenta a una difícil campaña de reelección y es presidenta del Comité de Asignaciones del Senado, de acuerdo con AP.

Collins declaró en redes sociales que el mecanismo de recortes se adoptó sin previo aviso ni consulta. Añadió que trabajaría con sus colegas para abordar “estas acciones ilegales”.

“La demora en sí misma no solo constituye una retención de fondos que no se informó al Congreso, sino que también representa una usurpación de las facultades presupuestarias del Congreso”, declaró la congresista en su cuenta en X.

Para luego agregar: “La Oficina de Administración y Presupuesto (OMB) es una agencia del poder ejecutivo. No le corresponde decidir qué programas merecen financiación”.

Por su parte, calificando las reducciones discrecionales de partidas presupuestarias como “un veto ilegal por partidas individuales”, el senador demócrata Jeff Merkley (Oregon) instó a sus colegas republicanos a considerar cómo se sentirían si un presidente demócrata hiciera lo mismo, según CNN.

“Está cancelando las partidas presupuestarias que no le gustan. Esto viola la separación de poderes fundamental consagrada en nuestra constitución, según la cual es el Congreso, no el presidente, quien decide qué programas se diseñan y a qué nivel se financian”, dijo Merkley en X.

A él se sumó su compañera de partido y de cámara, Patty Murray (Washington) -la principal demócrata del Comité de Asignaciones del Senado-, quien describió en redes sociales la acción de la Casa Blanca como “un robo al pueblo estadounidense, simple y llanamente”.

“Estos son fondos que el Congreso ha aprobado de forma bipartidista y que deberían estar ayudando a la gente, no siendo interrumpidos por un presidente más centrado en construir un salón de baile que en invertir en las familias”, apuntó Murray.

De la misma forma, aseguró que, en las recientes negociaciones sobre el gasto público, los demócratas lucharon por incluir una cláusula que impidiera al gobierno usurpar el poder del Congreso en materia de decisiones sobre el gasto, pero los republicanos se han negado a aceptarla.

“Mientras Trump gasta el dinero de los contribuyentes en anuncios para promocionarse, el Congreso necesita reafirmar sus poderes para ayudar a la gente, y ya es hora de que los republicanos se unan a nosotros en esa lucha”, puntualizó.