Un estudio del Observatorio del Contexto Económico de la UDP alerta que la situación laboral de los extranjeros en las regiones de Arica y Parinacota, de Tarapacá y de Antofagasta es mucho más precaria que en el resto del país y que en la Región Metropolitana. Además, la creación de empleos nuevos es menor.

Los nacionales en situación de pobreza aumentaron un 2% en un periodo de tres años, mientras que los extranjeros en estas condiciones subieron casi un 7%. Según un informe del Servicio Jesuita Migrantes que profundiza estas cifras, se debe a un menor acceso a la seguridad en el último tiempo.

De acuerdo a la base de datos de la encuesta del INE, hay 73 mil trabajadores extranjeros más que antes del inicio de la crisis sanitaria, y el total trabajando equivale al 11,8%de todos los empleos en el país. El desempleo en ese grupo llega a 6,6%.

Mientras en el país el número de migrantes aumentó en los últimos cuatro años, también lo hizo la cantidad de campamentos. Paralelamente, los datos de desplazamientos forzosos recopilados por la ACNUR evidencian la misma tendencia al alza en el mundo, espoleados sobretodo por las crisis en Siria y Venezuela.

De acuerdo al Banco Central, en 2020 los envíos de dinero de inmigrantes al exterior se incrementaron 18% en comparación a 2019. Del total, US$627 millones se los lleva el país cafetero, influido por las remesas que tienen por destino final a Venezuela.

La medida pone aún más presión sobre el gobierno de Joe Biden, quien prometió durante su campaña mantener el programa, y los legisladores para que actúen respecto al tema migratorio.

Entre la información adicional que muestra el sondeo, se verifica más pobreza en menores, en adultos jóvenes y también en los trabajadores menos calificados, lo que da cuenta del efecto de la crisis de empleo. Entre los inmigrantes, los más pobres vienen de Haití y Bolivia.

La subsecretaria de Evaluación Social, Alejandra Candia, afirma que el principal impacto de la crisis se reflejó en los ingresos del trabajo, que desaparecieron en el 60% de los hogares del primer quintil. “La red de protección social se mantendrá todo el tiempo que sea necesario”, dice.

De acuerdo a los datos entregados por el Ministerio de Desarrollo Social, el porcentaje de inmigrantes en condición de pobreza pasó de 10,8% en 2017 a 17%. En tanto, en los pueblos indígenas bajó de 14,5% a 13,2% y registró la menor brecha con quienes no se identifican como miembros de estos pueblos.

Discusión entre compañeros de trabajo derivó en una mortal pelea donde un hombre de nacionalidad salvadoreña apuñaló a su colega de origen colombiano.

El ingreso promedio por hogar es de $500 mil, el 85% está en Fonasa, y el 42% de los inmigrantes está inscrito. 12,6 son los años de escolaridad de los hogares con mayor vulnerabilidad y el promedio de todos los que están en el RSH es de 13,4 años.

De acuerdo a las cifras del Banco Central, en el primer trimestre, se enviaron US$378 millones. Entre abril-junio, período más complejo de la situación sanitaria y con las cuarentenas masivas, las remesas llegaron sólo US$300 millones. El segundo semestre tuvo una importante aceleración: entre julio y septiembre alcanzaron los US$588 millones, mientras que el cuarto se disparó totalizando US$716 millones.

El secretario de Seguridad Nacional de Estados Unidos, Alejandro Mayorkas, criticó el domingo al expresidente Trump por haber “desmantelado la forma ordenada, humana y eficiente” en que se abordaban los casos de los más pequeños, y se negó a entregar detalles al ser cuestionado sobre un cronograma para solucionar la crisis.

Mientras el nuevo gobierno se abocaba a elaborar una ley de inmigración para abordar problemas duraderos, no tenía un plan inmediato para manejar la situación. Funcionarios de carrera del sector habían advertido sobre esa posibilidad tras el cambio de régimen y el anuncio de que las medidas de Trump, por muchos consideradas crueles, serían anuladas. Ahora, las autoridades batallan para aumentar la capacidad de atender a los cerca de 14.000 extranjeros actualmente detenidos por las autoridades federales.

La cantidad de migrantes que cruzan ilegalmente la frontera entre México y Estados Unidos se encuentra en su máximo en 20 años. Esto ha puesto una gran presión sobre el Presidente demócrata.