La disputa entre el Presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y la prensa, que históricamente ha estado marcada por tensiones, alcanzó un nuevo hito hace algunos días con la decisión del mandatario de prohibir el acceso a la Casa Blanca a tres importantes medios de comunicación de ese país: CNN, Politico y MSNOW. En un mensaje en su red social Truth Social, Trump aseguró que la medida se justificaba por lo que él consideraba una constante publicación de “ficción” y “mentiras” en la cobertura del Presidente de Estados Unidos por parte de esos canales y sitios informativos. Por su parte, el Departamento de Justicia, que ahondó en las razones, sostuvo poco después que el acceso a la Casa Blanca es “un privilegio” y no un “derecho”.

Tras el revuelo causado, y en un intento por “aclarar” la medida, el vicepresidente J.D. Vance entregó nuevas razones del veto. Según Vance, con su decisión el mandatario no está “prohibiendo a los medios de comunicación”, sino que lo que está haciendo es no darles “un acceso especial a la Casa Blanca” a organizaciones que “se dedican a lo que en realidad es propaganda”. Agregó que “esos tres medios publican alrededor del 92% de noticias negativas del Presidente de Estados Unidos y su administración”, y que no representan ni “al pueblo norteamericano” ni a la “opinión pública”. Son medios “de extrema izquierda”, precisó Vance, por lo tanto, dijo, “¿por qué una Casa Blanca republicana les daría acceso especial?”.

En un país donde la libertad expresión está garantizada por la Primera Enmienda, la medida adoptada por el Presidente Trump y los argumentos dados para sustentarla revelan un abierto desconocimiento o menosprecio de lo que significa para el buen funcionamiento de la democracia contar con una prensa libre y plural, advirtiéndose una completa distorsión cuando el “privilegio” de acceder a la Casa Blanca se condiciona a informar según el gusto del mandatario.

Los medios de comunicación no solo tienen el derecho sino la obligación de cubrir todas las actividades de las autoridades y tener pleno acceso a ellas. La línea editorial de los medios no puede ni debe ser razón para que autoridades de determinado signo político elegidas por la ciudadanía puedan imponerles restricciones. La libertad de prensa, como señaló el Comité para la Protección de los Periodistas, “es un pilar fundamental de la Constitución de los Estados Unidos” y “protege el derecho a informar sin temor a la censura ni a represalias”.

Es positiva, por ello, la reacción de la Justicia que, tras un requerimiento presentado por los medios afectados, ordenó a la Casa Blanca garantizar de forma inmediata el acceso a los periodistas vetados, mientras analiza el fondo de los argumentos presentados por el Departamento de Justicia. Igualmente positiva es la reacción de varios medios que solidarizaron con sus pares afectados, conscientes de que cualquier ataque a un representante de la prensa es una amenaza para todos y puede acabar instalando una práctica nefasta para su labor y para el buen funcionamiento de la democracia. Sin embargo, resulta preocupante que acciones hostiles contra los medios, que muestran una abierta incomprensión del rol fundamental que estos cumplen en una sociedad abierta, se vengan repitiendo en el último tiempo en un país que ha sido referente de los valores democráticos.