Doce años después de su ingreso al Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental (SEIA), el proyecto Dominga continúa enfrentando una serie de controversias judiciales y administrativas.

Andes Iron, vinculada a las familias Délano Méndez y Garcés, resolvió desistirse de los recursos de casación y de queja que había presentado ante la Corte Suprema a raíz del fallo dictado el 20 de febrero por la Corte de Apelaciones de Antofagasta.

A través de una declaración pública, la compañía explicó que la decisión responde a la presentación de diversas solicitudes de invalidación contra la resolución adoptada por el Comité de Ministros en enero de 2025 y busca no obstaculizar el avance de esas acciones.

Según Andes Iron, estas fueron promovidas por organizaciones sociales y apuntan contra una resolución que, a juicio de la empresa, “abiertamente contravino lo decidido por el Primer Tribunal Ambiental”.

En ese contexto, la compañía señaló que resolvió desistirse de los recursos de casación y de queja que había interpuesto “en miras a lograr una adecuada ejecución de dicha sentencia judicial”.

La empresa destacó que el fallo del Primer Tribunal Ambiental “validó categóricamente la evaluación ambiental del proyecto y su posterior calificación favorable”. Asimismo, explicó que “la Corte Suprema se encontraba tramitando estos recursos, lo que congeló el avance de las solicitudes de invalidación”.

“En las actuales circunstancias, Andes Iron estimó como prioritario que se rectifique una actuación administrativa que se realizó en desacato”, sostuvo la compañía, agregando que adoptó la decisión “en respeto y deferencia a las organizaciones sociales que legítimamente se encuentran procurando progreso y desarrollo para la Región de Coquimbo”.

La disputa que llevó nuevamente el caso a tribunales

Tras la resolución de la Corte de Apelaciones de Antofagasta del 20 de febrero, Andes Iron había llevado el conflicto a la Suprema con el objetivo de revertir los efectos de ese fallo y mantener vigente la vía de cumplimiento de decisiones adoptadas por la justicia ambiental.

La controversia se originó luego de que dicha sede judicial frenara la pretensión de la compañía de utilizar un procedimiento de cumplimiento incidental para avanzar en la ejecución de una resolución del Tribunal Ambiental. Según los argumentos expuestos posteriormente por Andes Iron, la sentencia de la corte de alzada impedía utilizar esa vía para obligar al Comité de Ministros a pronunciarse sobre el proyecto.

En ese escenario, la empresa desplegó dos acciones ante la justicia. El 26 de febrero de 2026 presentó un recurso de queja contra los ministros Eric Sepúlveda, Jaime Rojas y Dinko Franulic, mientras que el 1 de abril interpuso un recurso de casación para impugnar el fallo dictado el 20 de febrero.

En el recurso de queja, la compañía, asesorada por el abogado Patricio Leyton, había cuestionado que la resolución de la corte de alzada mantuviera abierta la controversia judicial. Según planteó Andes Iron, la sentencia, “en vez de poner coto a un bucle infinito de procesos judiciales y de actos de reemplazo, lo perpetúa”.

La minera también sostuvo que la decisión de la Corte de Apelaciones afectaba la posibilidad de poner término al litigio y cuestionó el razonamiento utilizado para considerar improcedente el procedimiento de cumplimiento incidental.

En paralelo, en el recurso de casación, Andes Iron había argumentado que el fallo “atenta contra el principio de jurisdicción, al no resolverse el asunto controvertido y en su lugar agregar elementos exógenos que no conducen a un término, y al debido proceso”.

En ese tenor, la compañía había pedido a la Suprema anular la resolución de la Corte de Apelaciones de Antofagasta, validar el procedimiento de cumplimiento ante el Tribunal Ambiental y aplicar medidas disciplinarias respecto de los ministros cuestionados.

Avances en terreno

La disputa judicial se desarrolla mientras Dominga registra avances en terreno. Según informó La Tercera en septiembre, Andes Iron anunció el inicio oficial de las primeras obras del proyecto el 10 de agosto, tras más de una década de controversias en torno a su tramitación ambiental.

La empresa sostiene que cuenta con una RCA vigente y que los procesos judiciales pendientes no impiden continuar con determinadas obras preparatorias.

La iniciativa contempla la explotación de un yacimiento de hierro y cobre en la comuna de La Higuera, además de una planta de procesamiento, una desaladora y un terminal portuario. La compañía proyecta una inversión superior a US$3.000 millones y ha señalado que busca incorporar un socio estratégico para su desarrollo.

Las primeras faenas consideran caminos, despeje del área del rajo y obras habilitantes, mientras que la empresa proyecta iniciar trabajos de mayor envergadura durante el primer trimestre de 2027. De acuerdo con los planes comunicados por Andes Iron, la operación a plena capacidad comenzaría en 2033.

El proyecto contempla una producción anual proyectada de 12 millones de toneladas de concentrado de hierro de alta ley y 150 mil toneladas de concentrado de cobre, con una vida útil estimada de 24 años, incluyendo las etapas de operación y cierre.

La iniciativa, además, continúa generando cuestionamientos ambientales por su cercanía con el Archipiélago de Humboldt y los eventuales efectos sobre especies y ecosistemas de la zona. Mientras Andes Iron sostiene que cuenta con las autorizaciones ambientales necesarias para avanzar, organizaciones opositoras han mantenido reparos respecto de la situación judicial y ambiental del proyecto.