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"Son bienvenidos los anuncios de la agenda de productividad del gobierno. Allí se plantea 'reducir sustantivamente los tiempos de tramitación, lograr un mejor equilibrio entre carga regulatoria y riesgo, y una mayor eficiencia y previsibilidad en los procedimientos de evaluación'"

El subsecretario de Desarrollo Regional, Nicolás Cataldo, enfatizó que “el plan de rezago contempla una metodología diferenciada para la inversión lo que facilita todo el proceso para poder concretar los proyectos de inversión”.

Diego Pardow se refirió a la votación llevada a cabo por el Comité de Ministros y enfatizó en que este contenía problemas técnicos desde la perspectiva del impacto ambiental.

La ministra de Medio Ambiente aseguró que el proyecto tenía “múltiples líneas de deficiencias”. También abordó la solicitud de inhabilidad en su contra y descartó haber incurrido en alguna causal.

Andes Iron ya anunció que volvería a los tribunales ambientales. Según abogados especialistas en temas medioambientales, el proceso judicial podría durar incluso hasta dos años más. Por otro lado, algunos mencionan la opción de presentar un nuevo proyecto con características diferentes.

Yerko Galleguillos criticó el rechazo del proyecto minero, ya que asegura que la decisión del gobierno se hizo sin escuchar a la comunidad. "Este gobierno tiene un sesgo con este proyecto y claramente iba a pasar lo que terminó pasando", afirmó. Sostuvo que espera reunirse con el subsecretario de Desarrollo Regional para "definir un verdadero plan La Higuera y no el anunciado que es humo".

El ministro de Hacienda, Mario Marcel, apuntó que se espera que los proyectos de inversión puedan salir adelante con el cumplimiento de las exigencias medioambientales, pero que en el caso de Dominga no fue así. Además, el economista destacó la coherencia entre la decisión del Comité de Ministros y las recomendaciones del SEA.

Las comunidades de La Higuera llegaron esta mañana a las afueras del Ministerio del Medio Ambiente: unos basando su apoyo a Dominga en el desarrollo económico que traería el proyecto a la zona y otros en la importancia de la conservación del ecosistema. La decisión del Comité de Ministros causó alegría por un lado y por otro decepción.

El jefe comunal alegó que la decisión se tomó "por decisiones políticas, más allá de las técnicas". Indicó, además, que ha venido ayudando con distintos proyectos de inversión al sector que se ha mostrado contrario a Dominga.

Al mismo tiempo, Andes Iron envió un mensaje a la comunidad vecina al proyecto, asegurando que “solidarizamos con toda la comunidad de La Higuera y la Región de Coquimbo, hacia quienes reiteramos nuestro compromiso de sacar adelante este proyecto”.

Ricardo Mewes afirmó que en esta decisión "primaron los criterios políticos por sobre la objetividad técnica, atenta contra la necesaria certeza jurídica que todo emprendedor e inversionista requiere para desarrollar iniciativas que generan crecimiento y bienestar social”.

Tras el veredicto del Comité de Ministros de rechazar el proyecto minero Dominga, diversas ONGs, asociaciones pesqueras, gremios y ex autoridades de gobierno se han manifestado a favor o en contra de este. “Más que una decisión técnica, la determinación parece ser el cumplimiento de un compromiso asumido durante la campaña presidencial. Por ello, era muy difícil que sus ministros contradijeran al mandatario y aprobaran la inversión”, sostuvo Jorge Riesco, presidente de la Sonami.

El secretario de Estado sostuvo que este plan implica una inversión por un periodo de más de 8 años y que va a movilizar $580 mil millones. Además indicó que involucra a más de 260 actividades de diversa índole, tales como cobertura de servicios básicos, conectividad, infraestructura, caletas. Para La Higuera, se comprometieron casi $50 mil millones en inversión.

La instancia acogió doce reclamaciones contra la iniciativa, que implica una inversión cercana a los US$2.500 millones.

El recurso fue interpuesto por el abogado Marcelo Castillo en representación de un pescador artesanal de La Higuera, quien había solicitado previamente la inhabilitación de la ministra debido a un eventual conflicto de interés con la Fundación Oceana y declaraciones emitidas en el pasado en contra del proyecto. El recurso solicita que la ministra se abstenga de intervenir en la decisión del Comité de Ministros, esto a un día de la votación.