El exmandatario fue sobreseído en línea con lo establecido por el Código Penal, que indica que la responsabilidad penal se extingue cuando un imputado fallece.
6 feb 2025 06:13 AM
El exmandatario fue sobreseído en línea con lo establecido por el Código Penal, que indica que la responsabilidad penal se extingue cuando un imputado fallece.
El Servicio de Evaluación Ambiental (SEA) ingresó un nuevo escrito donde arremete contra el documento que la compañía presentó hace una semana. Si bien reconoce que este tipo de informes pueden ser valiosos, señala que algunos aspectos reclamados por el abogado constitucionalista resultan “discutibles”, ya que no se refirió “a puntos de derecho sino a apreciaciones de los antecedentes y atribuciones de intenciones, perdiendo el propósito y careciendo de la objetividad que el mismo reclama”.
El abogado constitucionalista calificó como un hecho “inédito desde el retorno a la democracia (en 1990), que un ente integrado por nada menos que seis ministros de Estado haya incumplido una orden judicial precisa y determinada de un tribunal de la República”.
La defensa de la compañía ante el Primer Tribunal Ambiental solicitó la medida cautelar en el marco del procedimiento en curso por el cumplimiento incidental de la sentencia, dictada en diciembre y que revivió al polémico proyecto minero-portuario. En enero, el Comité de Ministros volvió a rechazar el proyecto.
En un nuevo escrito, el SEA planteó que “cualquier atraso que pueda identificarse no puede ser imputado a una negligencia o inactividad del Comité”. Además defendió la decisión de acoger las reclamaciones, ya que, argumentó, abordaban materias que no habían sido resueltas previamente por el Primer Tribunal Ambiental en su dictamen de 2021.
La directora ejecutiva del Servicio de Evaluación Ambiental, Valentina Durán, respondió al requerimiento de la corte explicando cómo cumplió y por qué se retrasó, adjuntando el documento de resolución de lo decidido por el comité ministerial que sacó en tiempo récord, pues normalmente tarda cerca de nueve meses.
La ministra del medioambiente recalcó estar inhabilitada para refererise al falló que sentenció el futuro de la iniciativa minera. pero destacó la diversidad ecosistémica de la zona.
Pese a que nuevos antecedentes advierten inhabilidades de hasta tres miembros que participaron de la sesión extraordinaria celebrada este miércoles, el documento detalla que un dictamen previo de Contraloría descartó que firmar informes técnicos en el marco de la evaluación ambiental de un proyecto, constituya opiniones personales.
“Lo que ha revelado el proyecto Dominga es que en Chile no tenemos una institucionalidad ambiental que dé garantía de que los proyectos sean analizados, de que se mitiguen correctamente los impactos, de que se evalúen los beneficios”, dijo el académico de la FEN.