Doce años después de su ingreso al Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental (SEIA), el proyecto Dominga sigue librando batallas legales. Andes Iron, la sociedad de las familias Délano Méndez y Garcés, vuelve a la carga para viabilizar esta iniciativa minero-portuaria de US$2.500 millones en la Región de Coquimbo, llevando su interminable tramitación ambiental de regreso a la Corte Suprema.

El detonante de esta nueva etapa judicial fue el portazo de la Corte de Apelaciones de Antofagasta, que frenó en seco la intención de la empresa de obligar al Comité de Ministros a tomar una decisión sobre el proyecto. El tribunal argumentó que el fallo del Tribunal Ambiental de 2024 no tiene la fuerza procesal para forzar su ejecución, paralizando así la vía judicial.

Para revertir este escenario, Andes Iron activó una doble ofensiva: el 26 de febrero de 2026 ingresó un recurso de queja contra tres ministros del tribunal antofagastino y el 1 de abril presentó un recurso de casación para impugnar el fallo del 20 de febrero. Así, la iniciativa -que recién en 2021 logró una RCA favorable tras una espera de casi una década- se prepara para escribir un nuevo y decisivo capítulo en el máximo tribunal del país.

En su recurso de queja dirigido en contra de los ministros Eric Sepúlveda, Jaime Rojas y Dinko Franulic de la Corte de Apelaciones de Antofagasta Andes Iron -asesorada por el abogado Patricio Leyton- explicó que la sentencia del tribunal de alzada “en vez de poner coto a un bucle infinito de procesos judiciales y de actos de reemplazo, lo perpetúa”.

Por su parte, en el recurso de casación la sociedad minera sostuvo que el fallo de la Corte de Apelaciones de Antofagasta “atenta contra el principio de jurisdicción, al no resolverse el asunto controvertido y en su lugar agregar elementos exógenos que no conducen a un término, y al debido proceso”.

Insistió en que la “sentencia no sólo es impugnable porque en vez de poner coto a un bucle infinito de procesos judiciales y de actos de reemplazo, lo perpetúa”, y que “tanto es así que aquella se remite a declarar a través de un alambicado razonamiento que el procedimiento de cumplimiento incidental es improcedente para el caso en cuestión, sin indicar cuál sería la forma de hacer cumplir tales decisiones de Tribunales Ambientales”, según consignó en este último escrito.

Andes Iron pidió acoger su recurso de casación para anular el fallo de la Corte de Apelaciones de Antofagasta, validar el procedimiento de cumplimiento del Tribunal Ambiental y aplicar medidas disciplinarias a los ministros cuestionados.

En términos sencillos, la minera en su recurso de casación acusó que el tribunal anuló el proceso por su cuenta y sin permiso legal. Al respecto, sostuvo que los errores fueron que el tribunal actuó sin ser competente, decidió algo que nadie pidió, no explicó sus razones, ignoró que el caso ya estaba cerrado y no escuchó a las partes antes de fallar. Además, reclamó que se violaron leyes y el derecho a un juicio justo.

Oposición

El Sindicato de Trabajadores Independientes de Pescadores Artesanales de Totoralillo Norte también presentó un recurso de casación en la forma en contra de la sentencia de la Corte de Apelaciones de Antofagasta en la Corte Suprema.

“Desde la perspectiva de los pescadores, lo que se ha observado en los hechos es una secuencia de actuaciones administrativas que una y otra vez parecen desplazar, relativizar o reabrir aquello que los tribunales ya habían resuelto. Esa percepción no nace de una especulación teórica, sino de la forma concreta en que se ha desenvuelto este conflicto a lo largo del tiempo”, consignó el escrito.

El sindicato defendió el proyecto Dominga basándose en un interés económico y social directo, derivado de la proximidad de sus áreas de manejo de recursos bentónicos al futuro terminal de embarque.

Mientras, el abogado Marcos Emilfork, en representación de la geógrafa de la Universidad de Chile y opositora al proyecto Javiera Espinoza, solicitó a la Corte Suprema hacerse parte de los recursos de casación interpuestos por Andes Iron y el Sindicato de Trabajadores Independientes de Pescadores Artesanales de Totoralillo Norte. En su presentación, el jurista pidió revocar la suspensión de la ejecución de la sentencia dictada el 20 de febrero de 2026 por la Corte de Apelaciones de Antofagasta.

El abogado -miembro de la ONG FIMA- explicó en su escrito que si bien inicialmente se buscaba evitar la tramitación simultánea de procesos paralelos con resultados potencialmente incompatibles, el Segundo Tribunal Ambiental resolvió suspender la tramitación de las reclamaciones del titular del proyecto hasta que el acto reclamado se encuentre firme. De esta manera, la defensa argumentó que ya no existe un riesgo real de sentencias contradictorias entre el tribunal ambiental y lo que resuelva la Corte Suprema.