El gobierno está ad portas de ingresar al Congreso la megarreforma que será clave para el andamiaje de la administración de José Antonio Kast. Por lo mismo, se siguen afinando detalles del proyecto que se debería conocer en detalle esta semana.

Entre los cambios tributarios propuestos se modifica la tasa del impuesto de primera categoría para las grandes empresas, estableciendo una tasa única de 23%, desde el 27% actual.

La reducción será gradual en tres años. Así, en 2027 la tasa pasará de 27% a 25,5%, (operación renta 2028); en 2028 a 24% (operación renta 2029) y en 2029 a 23% (operación renta 2030).

Esta última medida beneficiará a 150 mil empresas que emplean a más de 5 millones de trabajadores (53% del mercado laboral formal) y dan cuenta del 90% de la inversión en Chile, según ha dicho el gobierno.

Además se establece la reintegración del sistema tributario, la que también será paulatina, volviendo a una integración total en el año tributario 2031. A ello se suman otras medidas como la eliminación por un año del IVA a la venta de viviendas y la entrega de un crédito tributario para el empleo.

Todas ellas generarán una merma en la recaudación fiscal, al menos en el corto plazo, que los expertos cuantificaron entre US$2.800 millones y US$3.500 millones. En el gobierno apuestan a que en régimen esto sea compensado con mayor crecimiento y contención del gasto público.

Pero para la transición, el Ejecutivo impulsará una serie de medidas transitorias que le generarán recaudación. Una de ellas es la rebaja transitoria del Impuesto a las Donaciones establecido en la Ley N°16.27, que le aportaría ingresos por unos US$293 millones. A ello se agrega la repatriación de capitales. En este caso se establece una ventana de 12 meses afecto al pago de un impuesto único y sustitutivo del 10% sobre el valor de los bienes o rentas declarados. Además, se establece una tasa reducida de 7% para quienes repatrien efectivamente sus bienes dentro de los primeros 3 años desde la publicación de la ley, y los mantengan invertidos en inmuebles DFL2 y valores del artículo 107 de la LIR por al menos 8 años. Con esta medida prevén recaudar $300 mil millones, unos US$338 millones. Así, en suma, con ambas medidas transitorias lograr allegar recursos por unos US$631 millones.

Otra medida de ese tipo es la aplicación de un impuesto sustitutivo del 10% sobre registros de rentas empresariales pre 2016, por un plazo de 12 meses, lo que refiere al Fondo de Utilidades Tributables (FUT).

De acuerdo a fuentes del gobierno con ella se debería generar una recaudación de entre US$700 millones y US$800 millones. La expectativa del Ejecutivo es que del orden del 10% de los actores tributarios que tienen FUT acumulado ocupen dicha ventana para retirar recursos.

El FUT es un registro contable -que data de 1984- de utilidades que los socios no retiraban para posteriormente reinvertirlas, y por ese lapso no pagaban impuestos, lo que generó un enorme pozo que hasta 2017 equivalía a 1,25 veces el PIB de Chile, en torno a US$335 mil millones.

El FUT se eliminó en 2014 en la reforma tributaria de Michelle Bachelet y se abrieron ventanas para que aquellos socios que mantenían ese registro regularizaran su situación.

La primera ventana transitoria diseñada para vaciar el FUT acumulado permitió recaudar una cifra estimada de más de US$ 1.500 millones en su primer año de vigencia (2015).

En el segundo gobierno de Sebastián Piñera también se abrió una nueva ventana para que los contribuyentes pagaran impuestos por el FUT que tenían acumulado. En ese momento se recaudaron $856.185 millones o su equivalente de alrededor de US$1.200 millones.

Por su parte, en 2024, el gobierno del presidente Gabriel Boric impulsó tres medidas tributarias excepcionales y transitorias. Una de ellas fue la aplicación del Impuesto Sustitutivo Sobre utilidades retenidas (ISIF), que también tuvo el mismo propósito.

Según lo informado en ese momento, se acogieron 3.163 contribuyentes a ese régimen especial, pagando un total de impuestos de $869.445 millones (unos US$800 millones). Esa cifra fue 1,4 veces lo estimado en el Informe Financiero (IF) correspondiente para la ventana total.

La visión de los expertos

Víctor Fenner, socio adjunto de Conocimiento en Políticas Tributarias de EY, sostiene que “este tipo de medidas extraordinarias, si bien sirve para generar recaudación adicional, tiene un límite”.

Así, considera que “en el primer proceso si bien por un lado muchos se acogieron y se cumplieron las expectativas de recaudación, en la práctica un buen número de personas de alto patrimonio quedó en situación de no tener que volver a tributar por años en razón de las utilidades que retiren de sus empresas. Ello implica, por ejemplo, que si en el futuro se busca aumentar la tributación de tal segmento, la medida en realidad no afectará a los dueños finales de empresas, sino únicamente a profesionales de altos ingresos”.

Por ende, Fenner dice que “debe mantenerse un equilibrio entre la necesidad de recaudación actual y el escenario que una recaudación anticipada puede generar para el futuro. Siendo este el tercer proceso, uno esperaría que fuera el último”.

A su vez, Ximena Niño, Senior Advisor de Tax & Legal en Deloitte, explica que “en los gobiernos de los presidentes Bachelet y Piñera tuvimos impuestos sustitutivos del FUT, también llamados ISFUT con distintas tasas de 32% y 30%, respectivamente, pero con uso de los créditos del impuesto de primera categoría. En el gobierno del presidente Boric el IS podría aplicarse contra todas las utilidades tributarias ya sea con o sin FUT, también llamado ISIF (Impuesto Sustitutivo de Impuestos Finales), con tasa de 12%. En este último caso la tasa era menor que en las versiones anteriores, porque a la vez se renunciaba a los créditos asociados a tales utilidades”.

Ahora bien, la experta cree que “en la evaluación sobre abrir una ventana ya sea por los saldos de FUT que aún puedan tener las empresas o por todas las utilidades tributarias en stock, se debe tener presente que eso implica anticipar la tributación que tales utilidades podrían generar en el futuro. En otras palabras, con esa medida recaudatoria se cambia tributación futura por tributación presente”.

En ese sentido, añade que “nos parece que una medida recaudatoria como la planteada podría armonizar con los objetivos de crecimiento de la economía si para la aplicación del impuesto sustitutivo fuese requisito mantener dichas utilidades en el país por un cierto período de tiempo, ya sea invertido en la misma empresa o bien en otros vehículos legales en Chile, pero con mecanismos de control y trazabilidad que impidan la elusión fiscal”.

En tanto, Alberto Cuevas, socio del área tributaria de KPMG, considera que la proyección de recaudación es “razonable”. En ese sentido, dice que “si es que se mantienen todas las demás características del diseño que se ha aplicado en años anteriores, es probable que esa tasa sea atractiva y que en el plazo de un año se pueda recaudar esos US$700-US$800 millones de dólares”.