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El Servicio de Evaluación Ambiental (SEA) presentó sus descargos ante el Tribunal Ambiental de Antofagasta por la reclamación que interpuso Andes Iron, titular del proyecto minero portuario Dominga, ante la calificación desfavorable del Comité de Ministros. “La teoría del caso de la contraria ha sido construida alejándose de toda consideración técnica y jurídica, centrando sus alegaciones en el supuesto rechazo del Proyecto por meras consideraciones políticas, ignorando el trabajo técnico y análisis científico que existe detrás”, acotó el escrito del organismo.

La compañía presentó al tribunal una petición para revocar la resolución que objeta el proyecto, argumentando varios puntos. La empresa señala, por ejemplo, que la resolución sería de carácter ilegal al contravenir el fallo del Primer Tribunal Ambiental.

Ante el Tribunal Ambiental de Antofagasta, Andes Iron, sociedad de propiedad de las familias Délano y Garcés, presentaron una reclamación para revocar la resolución del Comité de Ministros que rechazó el proyecto minero portuario Dominga. Se trata de un nuevo intento por evitar que la iniciativa que requiere una inversión de US$2.500 millones sucumba ante la oposición de ambientalistas y parte de la comunidad local. "“El actuar del Comité de Ministros fue absolutamente refundacional en su revisión y resolución, al pretender que las etapas previas, ya sea técnicas o judiciales, no le eran vinculantes y podía partir de cero el análisis", acusó la compañía.

Andes Iron presentó querella contra Leonardo Gros, por los delitos deprevaricación administrativa y falsificación por ocultación de documento oficial e instrumento público contra el Seremi de Medio Ambiente de la Región de Coquimbo, Leonardo Gros.

La empresa Andes Iron anunció que presentará una querella en contra del Seremi de Medio Ambiente de la Región de Coquimbo, Leonardo Gros.

Andes Iron acusa a Leonardo Gros de "haber omitido de manera deliberada antecedentes básicos y objetivos al Consejo de Ministros para la Sustentabilidad y Cambio Climático, acción que perjudica de manera gravísima a la compañía”.

Andes Iron ya anunció que volvería a los tribunales ambientales. Según abogados especialistas en temas medioambientales, el proceso judicial podría durar incluso hasta dos años más. Por otro lado, algunos mencionan la opción de presentar un nuevo proyecto con características diferentes.

Al mismo tiempo, Andes Iron envió un mensaje a la comunidad vecina al proyecto, asegurando que “solidarizamos con toda la comunidad de La Higuera y la Región de Coquimbo, hacia quienes reiteramos nuestro compromiso de sacar adelante este proyecto”.

"Esperamos que quienes se han opuesto a este proyecto tengan la altura de miras para aceptar que en este caso su postura no tiene fundamentos”, dijo el gerente de asuntos corporativos de Andes Iron, Francisco Villalón.

El tribunal estableció que, en esta etapa procesal, no proceden los recursos, al estar a la espera de la determinación que adopte dicha instancia, por lo que se encuentran a resguardo la presentación de argumentos y vías procesales de todos los intervinientes.

El jefe comunal de La Higuera, comuna en la que se construirá el proyecto, sostuvo que espera que en el contrato de venta de la minera se establezca, para el grupo comprador, la obligación de cumplir las medidas de mitigación que ofreció la compañía ante la Corte Suprema, entre ellas, la entrega de agua potable gratis durante 25 años.

Esto en el marco de los recursos presentados por los opositores a la iniciativa.

La Comisión de Evaluación Ambiental (Coeva) de Coquimbo aprobó por 11 votos a favor y 1 en contra la polémica iniciativa minero portuaria.

La decisión se da luego que en abril de este año el Primer Tribunal Ambiental acogiera de forma unánime la reclamación en favor de la iniciativa y resolviera que la Comisión debía realizar una nueva votación.

Anoche, justo al límite del plazo legal, el abogado Diego Lillo, en representación de distintas organizaciones sociales que se oponen a esta inversión. presentó un recurso de casación con el que se busca revertir el fallo de la justicia ambiental que le dio una nueva vida a la iniciativa.