Actualmente está establecido que dicho cuerpo legal, que fue despachado por el Congreso en agosto de 2024, comienza a regir el próximo 1 de diciembre de este año, con exigentes obligaciones a servicios públicos y empresas al momento de tratar información privada de las personas, reconociendo los derechos de los titulares de los datos. Pero en caso de aprobarse la nueva iniciativa que ingresó el Ejecutivo al Senado con suma urgencia, ese plazo se retrasará en un año.

El gobierno explicó hace un mes que el objetivo de esta postergación es “contar con las condiciones institucionales, regulatorias y operativas necesarias para su correcta implementación”.

Sin embargo, la iniciativa aún no inicia su tramitación, lo cual debería ocurrir a mediados de este mes. Pero además, los senadores de oposición no están de acuerdo con extender en un año la entrada en vigencia de la ley. Y más bien plantean reducir ese plazo a seis meses.

El presidente de la Comisión de Constitución del Senado, Pedro Araya (PPD), explica que “este tema lo hemos conversado con el gobierno, y lo que le hemos dicho es que esperamos, la próxima semana, terminar la discusión de la Ley de Responsabilidad Penal Adolescente, de forma tal de comenzar la discusión de la Ley de Datos Personales durante la segunda semana de octubre”.

Araya agrega que “obviamente lo más conflictivo va a ser el plazo de la prórroga”. Además, señala que en paralelo comenzarán a discutir “un proyecto que presenté, que modifica la Ley de Datos Personales para corregir una serie de inconvenientes que presenta la actual ley que todavía no entra en vigencia”.

A juicio de Araya, el plazo de 12 meses que propuso el gobierno para extender la entrada en vigencia de la ley es mucho, “porque hay que tener presente que esta ley ya tuvo dos años desde que se publicó, y no ha entrado en vigencia. Entonces, un año más nos parece excesivo. Ahora, entendemos también que hay un problema, porque tiene que constituirse la Agencia de Protección de Datos Personales (APDP) para dictar una cantidad importante de reglamentos, que probablemente van a requerir consulta pública. Entonces, por eso vamos a discutir con el gobierno, y la solución intermedia que se puede estar evaluando, es que la ley entre en vigencia en algún aspecto en seis meses, y que en otro se pueda postergar”.

Al senador Matías Walker (Demócratas) también le “parece un exceso aplazar en un año la protección de los datos personales de todos los chilenos. Máxime cuando eso se debe a la incapacidad de los partidos políticos en concordar los nombres de la Agencia”.

En el mismo sentido, el senador Juan Luis Castro (PS) manifiesta que lo propuesto por el Ejecutivo “es un plazo excesivo, que revela el poco entusiasmo del gobierno en regular datos personales, siendo algo prioritario. No debiera ser mayor de 180 días para tener una buena norma”.

Candidatos de la Agencia

La postergación de la entrada en vigencia de la ley ocurre en gran parte por la dificultad que ha tenido el gobierno para que empiece a operar la Agencia de Protección de Datos Personales, pese a que el plazo establecido por ley venció el 1 de junio pasado. “Ha costado encontrar a las personas que integren el consejo”, confesó en agosto el ministro de Economía, Daniel Mas.

Es que en marzo el gobierno envió al Senado un oficio nominando a los tres consejeros (Constanza Pasarin, Benjamín Saenz y Leonardo Soto) que encabezarían la Agencia, entidad autónoma, con amplias facultades de regulación, interpretación, fiscalización y sanción respecto de esta ley. Pero como hubo cuestionamientos, el Ejecutivo retiró su propuesta e ingresó una segunda terna (Joselyn Biermann, Roberto Godoy y Matías Larraguibel), que se votó en mayo en el Senado, pero resultó rechazada al no lograr el quórum de dos tercios de los votos requeridos.

Los senadores primero alegaron inhabilidades, las que fueron refutadas por el gobierno. Y luego justificaron su voto en contra al cuestionar la idoneidad de los candidatos y el perfil de los nominados. Pero fuentes con conocimiento del asunto, aseguran que el rechazo estuvo ligado a que los candidatos no representaban sensibilidades del mundo político.

Así, el proyecto de ley que ingresó el gobierno recientemente, ahora considera hacer ajustes en esta Agencia, aumentando de tres a cinco los integrantes de su consejo directivo y estableciendo un quórum de tres miembros. Además, la iniciativa legal propone adelantar la designación de su primer consejo, el que “deberá efectuarse, a más tardar, doce meses antes de la entrada en vigencia de la ley”, señala el texto.

El gobierno ya tendría al menos tres posibles candidatos para integrar la Agencia, señalan fuentes al tanto de las conversaciones. Ellos son los abogados Leonardo Soto (exdiputado, PS), Juan Francisco Galli (exsubsecretario del Interior, RN) y Roberto Godoy (exasesor en el segundo gobierno de Michelle Bachelet durante la elaboración y tramitación de la ley, PS). Eso sí, el primero aún no logra generar adhesión, pese a la insistencia del PS.

Como los tres son hombres, abogados y con un perfil más ligado al mundo público y político, para los dos cupos restantes ahora el gobierno estaría en búsqueda de un perfil más ligado a mujeres del mundo privado y de la ingeniería.