SEÑOR DIRECTOR:

Dos hechos recientes han tensionado la discusión pública en materia penal y obligan a revisar la capacidad del sistema para intervenir antes de que la violencia alcance niveles irreversibles. El homicidio de una inspectora en el Instituto Obispo Silva Lezaeta de Calama, a manos de un estudiante de 18 años, y el caso de una mujer retenida y agredida durante meses en Las Condes, aunque muy diferentes en su naturaleza, comparten que en ambos hubo señales previas y no existió una intervención eficaz y oportuna.

El sistema penal no previene, sanciona. Llega cuando el daño ya está consumado. Por eso, insistir solo en aumentar las penas es insuficiente. En el caso de Calama, cabe preguntarse por las alertas que no se activaron y por el debilitamiento de herramientas de control en los establecimientos. En Las Condes, por la ausencia de detección frente a una violencia prolongada en aislamiento.

De todas maneras, el desafío transversal es fortalecer la prevención, mejorar de verdad la coordinación institucional y robustecer los mecanismos de protección. También supone recuperar una noción básica: la autoridad bien entendida es condición para garantizar derechos. De lo contrario, el sistema penal seguirá llegando tarde, y el costo -como ya se ha visto- puede ser irreparable.

Sabas Chahuán

Ex fiscal nacional y socio del área penal del GrupoDefensa.cl