Sorpresa y rechazo generó en los gremios artísticos y culturales el artículo 8° del proyecto de Reconstrucción Nacional impulsado por el gobierno del Presidente José Antonio Kast.

En específico, este crea “el artículo 71 T a la Ley de Propiedad Intelectual, estableciendo la licitud de reproducir, adaptar o comunicar obras lícitamente publicadas sin requerir autorización ni pago al titular. Esta excepción se aplica exclusivamente cuando el uso tenga por objeto la extracción, clasificación o análisis estadístico de grandes volúmenes de datos (texto, sonido o imagen), siempre que dicha actividad no constituya una explotación encubierta de las obras protegidas”.

Según el gobierno, la intención es fomentar la inversión y aprovechar el potencial económico de la minería de datos.

Fue la Asociación Nacional de Televisión y la Asociación Nacional de la Prensa las primeras en reaccionar. ANATEL arguyó “sorpresa” y “preocupación”, ya que “permite el uso masivo de contenidos protegidos (...) para el análisis automatizado de datos sin tener que pedir autorización o la obligación de pagar a los dueños de ese contenido”.

Maximiliano Santa Cruz, abogado especializado en temas de propiedad intelectual, explica a Culto que la redacción del artículo es “particularmente amplia” y que establece un “límite difuso” basado en la ‘explotación encubierta’. “Esto introduce incertidumbre y tensiona el equilibrio propio del sistema de propiedad intelectual, que debe resguardar tanto los intereses de los titulares como de los usuarios”.

Gremios culturales rechazan artículo de Plan de Reconstrucción Nacional

En la vereda cultural se manifestó la incorformidad. La Sociedad Chilena de Autores e Intérpretes Musicales (SCD) aseguró en un comunicado que el “planteamiento no constituye otra cosa que una vulneración a los principios generales en los cuales se basa el Derecho de Autor”.

“Nos parece lamentable la inclusión de esta excepción en este proyecto de ley. No está relacionado con el crecimiento del país ni con algún problema, sino que simplemente es una excepción que atenta gravemente contra los derechos de los autores, de los intérpretes y los ejecutantes, no solo chilenos, sino también extranjeros”, plantea a Culto Juan Antonio Durán, Director General de la SCD.

“Nosotros esperamos que esto sea corregido a la brevedad, y que esta excepción amplia, que ya fue rechazada en la comisión respectiva de la Cámara de Diputados después de muchos meses de estudio, sea eliminada, porque realmente no contribuye en nada a los objetivos que, según se ha explicado, se busca lograr con este proyecto”, añadió.

En el mundo del libro la tónica es similar. Ángela Neira, escritora, editora y secretaria General de la Sociedad de Derechos de las Letras (Sadel) afirma “que esta disposición representa una amenaza existencial para el patrimonio cultural y la sostenibilidad económica de las y los creadores nacionales frente a los modelos de inteligencia artificial. Este articulado afecta de forma inadmisible el derecho de autoría, habilitando a que empresas tecnológicas utilicen contenido literario chileno sin licencia y sin compensación, erosionando la base económica que sostiene la creación de calidad”.

Desde la Asociación de Autoras Chilenas (AUCH+) también expresaron su rechazo. “Las instituciones que utilicen estas creaciones obtendrán diferentes beneficios, mientras que quienes han generado la obra podrán ser omitidos y ver sus creaciones liberadas y, en muchos casos, alteradas por quienes las administren. Las escritoras chilenas exigimos respeto y seriedad”, expresó Beatriz García-Huidobro, vocera de la agrupación.

Soledad Escudero, Directora ejecutiva de la Corporación del Libro y la Lectura, sostiene que el artículo “resulta particularmente desfavorable para autores y titulares de derechos, representando un retroceso en materia de derecho de autor y propiedad intelectual”.

“Lejos de corregir sus deficiencias, este artículo beneficia casi exclusivamente a las grandes empresas tecnológicas, pues si bien se declara que las obras podrán ser utilizados sólo para ‘extracción, comparación, clasificación o análisis estadístico’, lo cierto es que se abren más dudas que certezas en cuanto a cómo se podría controlar que esto se cumpla”, agrega.

En el cine la incerteza se mantiene. Gabriel Díaz, presidente de la Academia de Cine de Chile manifestó su sorpresa por la incorporación del artículo a la Ley de Propiedad Intelectual. “Pienso que introducir un artículo de esa naturaleza representaría un cambio estructural en el sistema chileno de propiedad intelectual y eso exige, por cierto, un debate específico y no ser tramitado como una norma accesoria de una eventual reforma económica miscelánea”, dice a Culto.

Chile Actores igual emitió un comunicado en contra de la propuesta. Manifestaron su “sorpresa” y plantearon lo siguiente: “Mientras acá se pretende dar patente de corso a los gigantes tecnológicos, la tendencia internacional es que existan acuerdos compensatorios, licencias y consentimiento para el uso de contenidos protegidos en el entrenamiento de tecnologías del IA”.

Y concluyen: “No podemos permitir que sean los autores, los artistas y los creadores quienes paguen el precio de la innovación”.

Ante las críticas, el ministro de Hacienda Jaime Quiroz explicó que el objetivo de dicha norma es que el país “sea elegible como inversión para minería de datos destinadas a inteligencia artificial deslocalizada”.

Además, el ministro del Interior Claudio Alvarado se mostró abierto a discusiones. “Espero que en el debate parlamentario, donde se invita a todos los actores que de alguna u otra manera tienen opinión fundada que entregar, a lo mejor se puede corregir, se puede mejorar y se pueden buscar puntos de acuerdo”, indicó.

Los desafíos de la discusión

Para Maximiliano Santa Cruz, la propuesta de incorporar una excepción para minería de textos y datos (TDM) en la ley de propiedad intelectual va en el sentido correcto. “Se hace cargo de un problema urgente, el cual es que, sin acceso a grandes volúmenes de datos, simplemente no es posible desarrollar ni entrenar sistemas de inteligencia artificial”, reflexiona.

“Oponerse en bloque a cualquier excepción no es realista: todos los sistemas de propiedad intelectual funcionan con ellas. La pregunta no es si debe haber TDM, sino cómo diseñarlo para que permita innovar sin desproteger a quienes crean contenido”, explica.

Para ello, es necesario que la excepción establezca límites sobre el uso de los contenidos. Por ejemplo, si será con fines de investigación o comerciales, puntualiza Santa Cruz. Asimismo, deben establecerse mecanismos de opt-out, para que los titulares de los derechos puedan decidir si reservan o no sus derechos. “El opt-out no asegura licencias ni pagos, pero sí restituye la posibilidad de controlar y, eventualmente, negociar el uso”, señala el abogado.

Para el profesional es clave el punto de “explotación encubierta”. “Cuando se utiliza para reproducir, resumir o redistribuir contenidos de forma sistemática, ya no estamos frente a análisis o entrenamiento, sino frente a una forma de explotación”, dice. “No puede transformarse en una vía para reproducir, comunicar o difundir contenidos en formas que compitan directamente con los titulares”, concluye.