Fue la mañana del 19 de abril de 2019. Ese día el entonces fiscal de Alta Complejidad de O’Higgins, Sergio Moya, dejó caer un misil al interior del Ministerio Público. El persecutor -quien encabezó el caso Caval- reveló públicamente que había abierto una investigación penal contra su superior, el fiscal regional Emiliano Arias. “Yo tengo la tranquilidad que hechos que yo hice saber formalmente a la Fiscalía Nacional, los tengo absolutamente respaldados. No es una situación fácil, pero es inaceptable que esto ocurra”, dijo Moya en Radio Biobío, desatándose un verdadero escándalo en la institución encargada de investigar delitos. Con un Arias golpeado y casi en la lona, Abbott no perdió el tiempo: se inició un sumario para remover al fiscal regional de O’Higgins y se designó al fiscal Eugenio Campos como investigador en la arista penal.

Pese a la arremetida de su propia institución, el Poder Judicial dijo otra cosa. El pleno de la Corte Suprema rechazó la remoción de Arias, y el viernes, el Tribunal Oral en Lo Penal de Rancagua, descartó la tesis del fiscal Campos, decretando la absolución del fiscal regional de O’Higgins. La notificación se hará oficial el 16 de septiembre y desde entonces, el Ministerio Público y el CDE tendrán 10 días para revertir el fallo de primera instancia.

Arias, tras vivir estos episodios, asegura a La Tercera que retornará a sus funciones y cumplirá con el plazo de tres años que le quedan al interior del Ministerio Público. “Yo volvería a trabajar mañana, pero los plazos judiciales se cumplen cuando las sentencias están firmes y ejecutoriadas”, sostuvo.

¿Y por qué quiere volver?

Me gustaría, por el desafío que contempla el que la ciudadanía vuelva a confiar en nosotros, los fiscales. Acá, para mí, y también para mi familia, lo más cómodo habría sido renunciar al Ministerio Público y dar la pelea desde afuera, considerando el contundente fallo de la Corte Suprema.

¿Con qué Ministerio Público cree que se encontrará, luego de dos años?

Hay que distinguir. En lo que dice relación con la región donde me correspondía ejercer mis labores, con el fiscal Javier Von Bischoffshausen, compartimos en gran parte la idea de persecución penal, en consecuencia ha seguido con los proyectos que se habían implementado. Ahora, a la fiscalía en general, encontramos un Ministerio Público, en mi concepto, de su cúpula hacia abajo, mucho más cerrado, que no participa en las grandes discusiones que hemos tenido durante todo este periodo, tanto en lo ocurrido en la pandemia, como durante el estallido social. Desde mi visión, me habría gustado una fiscalía mucho más presente en las discusiones, con opinión y tomando decisiones adecuadas.

¿Como qué, por ejemplo?

Hay que hacer un mea culpa; si uno se equivoca debe corregir. Yo he podido observar que nos ha ido mal en la línea de persecución penal de delitos contra la salud pública, con fallos adversos tanto desde la Corte Suprema y el Tribunal Constitucional. Tampoco se proponen medidas eficaces, salvo, como constatar ciertos hechos, como el narcotráfico, pero nosotros estamos llamados a tomar medidas, y no solo constatar realidades.

¿Y eso es responsabilidad de quién?

Sin duda que las decisiones que pueda tomar el fiscal nacional, Jorge Abbott, son relevantes y permea hacia abajo. No es necesario que un fiscal nacional pueda tener facultades o no para dar instrucciones particulares para que el resto de las personas actúen conforme a sus lineamientos, sino para qué está. Esto lo vimos claramente con los delitos contra la salud pública: me consta que el fiscal nacional dio instrucciones bastante precisas, bastante particulares, como a quién habría que pasar a control de detención y a quién no.

¿Cuál fue la instrucción?

Las instrucciones del fiscal nacional era perseguir los delitos contra la salud pública, con independencia o no de que la persona estuviera enferma. Esto se refleja bastante en el caso del secretario del Senado, Raúl Guzmán, que tuvo estas reuniones en plena pandemia con un fiscal y un abogado asesor, el que llevó el caso al TC, donde nos fue mal y hubo un sobreseimiento definitivo. Y eso, si bien está a cargo de una fiscal regional, que es el caso de Marcela Cartagena, evidentemente ella obedecía las instrucciones generales que daba el fiscal nacional. Recuerda que hubo un fallo desfavorable de la Corte Suprema, respecto de la categoría de delitos, que hizo precisamente que tuviéramos que entender -porque la Suprema hay que escucharla, sobre todo cuando son fallos de fondo- donde la política de persecución era errada, donde quizás lo importante era centrarse en otro tipo de imputados y no en aquellos que no afectaban el bien jurídico de salud pública.

Tras su absolución, usted dijo que ha recibido apoyo de muchos funcionarios. ¿Quiénes son ellos y qué le han manifestado?

Sí, ha aparecido en el camino apoyo de personas que hacen que a uno le den ganas de pelear para que se superen varios abusos que se dan en la institución, respecto a fiscales adjuntos que también han sido objeto de este tipo de persecuciones y no tienen ninguna visibilidad, optando por renunciar y dar un paso al lado. Por eso tengo ganas de volver, para ver a los fiscales y trabajar en lo que hacía que la gente confiara en nosotros.

¿Fiscales regionales le han manifestado algo?

Exfiscales, sí, como Marcos Emilfork (expersecutor regional de Los Lagos, quien investigó los abusos en el Sename), con quien he mantenido una buena relación. Ahora, de quienes integran el Consejo General de Fiscales, no he recibido apoyo.

¿No se lleva bien con ellos?

Fíjate que me llevo bastante bien con ellos, con muchos trabajé incluso. Conozco a varios, pero no he tenido apoyo. Ahí pasa que es mal mirado decirle al jefe que está haciendo las cosas mal, y eso no es bueno. La relación que yo he tenido con mis jefes, hasta antes del señor Abbott, fue bastante buena, porque, por ejemplo, cuando Sabas Chahuán se equivocaba le decía, y con el carácter que tiene....

¿Y hoy eso no se puede?

Es que es mal mirado... no sé, los fiscales regionales sienten la jerarquía de Abbott como algo militar. Esto se ve reflejado en la última carta que emitieron tras la entrevista de Daniel Matamala al fiscal nacional (donde reveló haber mantenido una reunión con el senador Jorge Pizarro). Si la crítica hubiera sido que se haya reunido con un imputado, durante el desarrollo de la investigación cuando estaba pronto a ser fiscal nacional con una persona que podría votar por él, aparece una carta que no es “ni chicha ni limoná”, porque no se refieren a eso, sino que a que nunca les dio instrucciones. Entonces, de verdad, el Consejo General debería asumir un rol más relevante. Hago la precisión: el único que no firmó esa carta fue el fiscal regional de Los Ríos, Juan Agustín Meléndez. La observación la hago al resto.

¿Cuánto le queda en el cargo?

Tres años.

¿Y cómo será llevar esos tres años con su jefe, porque la relación, sin duda, está dañada, y no solo desde ahora?

La gracia que tienen los cargos de fiscal regional y fiscal nacional es que uno es capaz de entender que la institución la forman los funcionarios, los fiscales adjuntos. Además, yo pude ejercer mis labores durante todo el tiempo hasta que aparecieron estas denuncias falsas, por lo tanto, podría seguir haciéndolo con posterioridad, sobre todo si al fiscal nacional le queda bastante poco tiempo. En consecuencia, puedo contribuir al fortalecimiento de la institución.

¿A qué atribuye las imputaciones del fiscal Campos, considerando que es un persecutor serio, que llevó el caso del fraude en Carabineros, entre otros?

Mira, hay una frase que él usó en sus alegatos finales en el juicio y me preocupó bastante: cuando se le echa la culpa al superior, es deslealtad, y cuando se le echa la culpa al inferior, es cobardía. Eso refleja un pensamiento bastante militar, lo que no tiene nada de malo si estás al interior de una institución castrense, por su puesto que tienes que pensar así, pero pensar así en una institución como el Ministerio Público, da cuenta de que lo está haciendo es cumplir los deseos de su jefe. Ahora, lo preocupante es que en el juicio oral se demostraron los peores defectos que hemos tenido durante los años y que hay que mejorar, como la citación de personas como testigos cuando en realidad son imputados; o denuncias de personas que declararon apremios ilegítimos en contextos de interrogatorio; violencia de género a funcionarias interrogadas. Entonces, ¿qué pasó ahí? Una asociación de fiscales se querelló y se acogió a trámite para investigar a Campos. Con esos antecedentes, mi opinión sobre el fiscal Campos no puede ser buena.

¿Y del fiscal Moya?

Nada que decir. No es relevante. Aquí el problema no es quién hace la denuncia falsa, sino que quién escucha.