“Esto es un conflicto artificial”, asegura el senador Carlos Montes (PS) al referirse al fuego cruzado de esta semana que ha tenido como protagonistas a un grupo de convencionales electos y al gobierno respecto de varios temas relativos a la instalación del órgano. Uno de ellos, los montos destinados para contratar asesores y participación.

El año pasado, el Congreso aprobó un total de $ 6.708,25 millones para el funcionamiento de la Convención Constitucional (CC) a utilizarse entre junio y diciembre de 2021, es decir, por siete meses.

Por un lado, un grupo de constituyentes autoconvocados expresaron su disconformidad con el monto destinado para contratar asesores de $ 1.500.000 por cada uno de los 155 convencionales, lo que contrastaría con los casi $ 6.000.000 con que cuentan los diputados para cumplir su función. Estos se utilizan tanto para personal que trabaja en el Congreso como en sus respectivos distritos.

“Existe mucha confusión respecto del presupuesto asignado. En la reunión de constituyentes autoconvocados se planteó que el presupuesto para ‘asesores’ era muy bajo; cabe mencionar que representa solo el 10% del presupuesto que tiene la Cámara de Diputados, lo que demuestra la poca importancia y el nulo interés del gobierno por facilitar un proceso tan importante como es la construcción de una nueva Constitución”, manifestó a través de un comunicado Giovanna Grandón, conocida como Tía Pikachu, constituyente de la Lista del Pueblo por el distrito 12.

Mientras que desde la Secretaría General de la Presidencia -donde radica la organización de la instalación de la CC para el próximo 4 de julio- respondieron que lo conveniente es esperar a que el órgano se instale. “Creo que estamos anteponiéndonos a esta discusión. Yo creo que todavía no hemos conversado, todavía no ha sucedido la primera sesión y ya estamos hablando de asesores”, apuntaba el ministro Juan José Ossa.

Pero los parlamentarios que analizaron y aprobaron el Presupuesto 2021 advierten que hay recursos extras para la CC en la ley del erario fiscal.

“Yo presidí la subcomisión que analizó el tema de los recursos para la constituyente, hicimos presión para subirlo gracias a que logramos influir en Monckeberg, y siempre se dijo que ese monto asignado era la base”, aclara Montes, aludiendo al entonces ministro de la Segpres Cristián Monckeberg, quien formará parte de los convencionales tras ser electo por el distrito 10 de Santiago-Ñuñoa.

“En el debate presupuestario señalamos que los $ 6.708 millones para la convención podían ser insuficientes y solicitamos agregar una glosa que permitiera suplementar ese presupuesto una vez instalada la convención. Esperamos que estén los recursos básicos para que hagan una buena labor”, indica, por su parte, el vicepresidente del Senado, Jorge Pizarro (DC), que en ese momento encabezaba la comisión mixta en que se debatió intensamente este tema.

En todo caso, se precisa que el monto de $ 1.500.000 es la media que perciben los asesores de los parlamentarios, y si bien hay algunos profesionales externos que obtienen un salario más alto es porque son financiados por las bancadas como bloque de trabajo.

Los caminos a seguir por la convención

El fondo del asunto es que deben ser los propios convencionales, una vez investidos como tales, quienes organicen sus necesidades de financiamiento, y la duda es si deben tener listo el reglamento primero, o pueden surgir vías alternativas a mitad de camino.

“No podíamos asignar más recursos hasta que no se tuviera en consideración el reglamento, las formas de participación ciudadana, etc. Si lo pensamos fríamente, la CC tiene un presupuesto equivalente a un quinto de lo que se destina en la Cámara, para una función que será clave para los próximos 30 años”, manifiesta el diputado Giorgio Jackson (RD).

El subsecretario de la Segpres, Máximo Pavez, cree que el ítem de las asignaciones de los convencionales y su posible aumento debiera definirse en su reglamentación interna: “Cómo se van a distribuir los recursos no depende del Ejecutivo, depende de la convención, depende del reglamento y del comité de asignaciones que la convención requiera”.

Pero los senadores José García (RN) y Montes consideran que no es necesario contar con todos los detalles del reglamento, sino que podrían conformarse alternativas para que la CC fuera solicitando recursos entremedio durante los seis meses de funcionamiento que restan de este año en conversación con la Dirección de Presupuestos (Dipres).

“Una vez constituida la mesa, podrían nombrar una comisión que se aboque a estos temas presupuestarios, vayan sacando sus resoluciones, las propongan a la convención y de ahí a la Dipres y a la Segpres. No será de la noche a la mañana, pero tampoco debe ser tan demoroso”, remarca García, quien señala que antes el Congreso funcionaba así y la Comisión de Régimen Interno iba solicitando los recursos para solventar los gastos al gobierno.

Asimismo, Montes sostiene que hay gente preparada que sabe construir este tipo de presupuestos para orgánicas grandes, y que la CC podría dejarse ayudar, pues recuerda que más allá de la contratación de asesores hay otros temas claves: “Deben incorporarse los viajes, las comunicaciones, si se va a recurrir a un canal de TV o van a pedir espacio en los canales del Congreso, que es gratuito. Con propiedad puedo decir que este tema está abierto, y les sugiero que para evitar complicaciones se abra luego la conversación presupuestaria a través de la mesa, y que soliciten ayuda a quienes saben de esto”.

Luego, el gobierno deberá definir si reasigna los montos solicitados a través de las distintas partidas ministeriales o presenta un proyecto de ley para complementar los recursos. “Hay que considerar que estamos en tiempos económicos difíciles, tiempos de austeridad, pero también queremos que la convención tenga el mejor funcionamiento posible. Hay una ley de presupuesto que tomó determinadas decisiones con el acuerdo del Congreso Nacional, que se refiere a las asignaciones, pero también existe un espacio, como lo dice la propia Constitución, relacionado a ciertos grados de libertad que tiene la convención para fijar las asignaciones”, observa el ministro Ossa.

Los votos para suplementar los ingresos de la convención estarían, acotan los parlamentarios de Hacienda. “Es algo razonable que se puede discutir, sobre todo si lo que se está pidiendo es más plata para material y personal de apoyo. Al final, con expertos en distintos temas la Constitución va a quedar mejor, y eso nos beneficia a todos, lo que está en juego es demasiado importante como para detenerse en mezquindades”, puntualiza el diputado Guillermo Ramírez (UDI).

De igual forma opina el diputado Alejandro Santana (RN), aunque no cree que deban igualarse los montos a los que dispone un legislador: “El rol de los convencionales no es comparable al de los parlamentarios, cuya función es más amplia, pues deben legislar, representar y fiscalizar, y requieren de estructuras y equipos distintos. Estoy de acuerdo en que se les den los medios necesarios para la función específica que deben cumplir”.